Huajuapan de León, Oax.- Andrés Álvarez Ibarrondo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco Servytur) en esta ciudad, informó que de las 8 mil unidades de negocios registradas en el padrón oficial en la Mixteca, cerca de 2 mil han sufrido severas afectaciones por el conflicto social que actualmente azota a la entidad y a gran parte del país.

Abundó que desde el inicio de la problemática en Oaxaca, estos establecimientos no han logrado su recuperación económica, por lo que cada vez más registran pérdidas que golpean las oportunidades empleo, aunado a la violación de derechos fundamentales por los grupos conflictivos.

“Las ventas han caído hasta un 20 y 30 por ciento; en el Estado se han perdido dos mil millones de pesos y más de 900 empresas instaladas en el centro de la capital se encuentran sufriendo una crisis, que en algunos casos, obligan al cierre de sus servicios ante la nula afluencia de visitantes y turistas”, comentó.

Tras el paro general de servicios que la Iniciativa Privada convocó para el próximo lunes a empresarios, pequeños comercios, locatarios y mercados públicos en todo el país, informó que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) ha decidido realizar un proyecto a través del área jurídica para definir qué acciones emprenderán en cuanto a la declaración de impuestos.

Agregó que promoverán un amparo para evitar que las empresas que siguen pagando impuestos sin registrar ganancias, sean respetadas en el marco de la ley. Dijo que antes del 17 de agosto, fecha para la declaración, publicarán una lista sobre todas la unidades comerciales afectadas hasta el momento.

“Mediante el área fiscal, obtendremos una propuesta sobre el manejo de los impuestos; se presentará una denuncia y promoveremos amparos ante el gobierno federal y la misma Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pues se están violando los derechos al libre tránsito, salud, trabajo, comercialización, pero sobre todo, a la vida” apuntó.

Álvarez Ibarrondo, puntualizó que la postura del sector comercial será en el marco de la ley, definitiva, seria y formal, por lo que no descartan pedir la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).