Varios colectivos han comenzado a reunir firmas para solicitar una consulta pública que recoja la opinión de ciudadanos y ciudadanas para someter a investigación o llevar a juicio, a los expresidentes: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.  Protegida por la Constitución, la consulta es un ejercicio de participación ciudadana.

Nada más se conoció, por voz del presidente López Obrador, que las solicitudes deberán hacerse, conforme a la ley, entre los días uno y 15 de septiembre, e inmediatamente se apresuraron esfuerzos para poseer la constancia que acredita la presentación del aviso de intención que deberá ser recogida y entregada en el Senado de la República.

Por ejemplo, están muy activos familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, quienes tienen la voluntad de que el expresidente Peña Nieto sea llevado a tribunales para que rinda cuentas sobre el delito de desaparición forzada de que fueron objeto, hará seis años, los normalistas.

Otros hacen similar tarea, con el objeto de reunir cerca de dos millones de firmas (el dos por ciento del padrón) a fin de que sea el pueblo el que demande a los órganos de justicia que los llamen a cuentas. Por requisito legal puede ser también un tercio de alguna de las dos cámaras federales que lo solicite, cuestión esta última que ya lo están promoviendo legisladores de Morena y el PT.

El primer mandatario, que también tiene facultad, ha adelantado que lo hará en última instancia, antes de que se cierre el plazo, aunque él vaya a votar en contra, en la consulta, pero no se opondrá si así lo decide la mayoría. Dicho ejercicio quedará como antecedente para que en el futuro se tome la opinión del pueblo en actos de gobierno que pudieran poner en riesgo el patrimonio público o incluso la soberanía nacional.

La consulta se realizaría el primer domingo del mes de junio próximo, al mismo tiempo que las elecciones federales, o bien, en el mes de agosto, según lo decida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que debe convalidar este acto jurídico.

Por lo pronto el debate ya está encendido. El más activo es Calderón quien se defiende y ataca al Jefe del Poder Ejecutivo, asumiendo que, si se debilita la imagen presidencial y las instituciones de la 4T, la oposición podrá recuperar bríos. Desestima que la popularidad presidencial no ha caído, incluso en el contexto de la pandemia, y que muchos mexicanos quieren que los ex gobernantes sean juzgados por sus acciones. Por si fuera poco, este martes es la rendición del Segundo Informe de Gobierno, atractivo mediático a favor del Jefe del Estado.

No debemos olvidar que varios ex presidentes de América Latina carcomidos sus regímenes por el cáncer de la corrupción – casos Odebrecht y tantos otros- han cumplido procesos judiciales o están en la cárcel. El caso más dramático es el del peruano, Alan García, quien para no parar en prisión mejor se suicidó.

A raíz de los enjuiciamientos de Robles, García Luna, Duarte y Lozoya, mucha gente desea que los casos de enriquecimiento ilícito, abuso de poder, corrupción, crímenes y tráfico de influencias, cometidos al amparo del poder presidencial sean llevados ante la ley, y desaparezca la protección oficial que les ha permitido vivir con total impunidad.

Es sabido que, durante los mandatos de Carlos Salinas, aunque también con Luis Echeverría y José López Portillo, se cometieron atracos monumentales contra bienes de la nación y el dinero público. Incluso mediante la venta, barata, de empresas paraestatales o estatales a la iniciativa privada, logrando que se formaran grandes fortunas, beneficiándose de una oscura asociación entre la delincuencia de cuello blanco, el hampa organizada, la política y el servicio público.

Romper esta cadena en que está empeñado el presidente actual, por los intereses que se están lastimando, genera venganzas y reacciones virulentas de quienes veían estas conductas como algo normal entre políticos y funcionarios. Pero no hay vuelta atrás: deberá llegarse al fondo. No es sed de venganza, sino elemental justicia histórica.

Quien desee participar, en cualquier convocatoria de las que ya circulan, deberá registrar su nombre, clave de elector, así como el número identificador OCR -de 13 dígitos que está en la parte trasera   de la credencial del INE- y su rúbrica. Yo sí lo haré ¿y ustedes?

@ernestoreyes14