El combate a la corrupción como uno de los ejes de la cuarta transformación es cotidianamente publicitada en las conferencias mañaneras del Presidente de la República, aduciendo que ésta se practicó y normalizó en  los gobiernos pasados, cuya actuación asume,  se sujetó a la corriente neoliberal, ocasionando el mal uso de los recursos públicos en detrimento de las clases más necesitadas; el crecimiento de la inseguridad con la guerra contra el crimen organizado; remuneraciones excesivas y prebendas de los servidores públicos y su  séquito de favorecidos, incluyendo a los ministros de la Suprema Corte;  burocracia excesiva, así como  la construcción de un aeropuerto en Texcoco con un costo deformado; negocios como los denunciados acerca de Pemex y, recientemente,  el caso de Rosario Robles, ex Secretaria de Estado. 

A esos factores, se agregan los que, atribuidos a los gobernadores de las entidades y los presidentes municipales, guardadas las proporcione, dentro del cada día más reducido ámbito de su régimen interior y autonomía, hacen suyo el esquema negativo del gobierno de la República reproduciendo los actos  mencionados, Las experiencias son abundantes, gobernadores y miembros de ayuntamientos, procesados o prófugos de la justicia, por sus nexos con las organizaciones criminales; apropiamiento y desvió del erario público, así como tráfico indebido de los presupuestos de la obra pública; en esta maraña, se menciona e investiga a miembros del sector privado, por su posible participación con servidores públicos para obtener beneficios indebidos. 

El primer informe es mediáticamente introducido en la conciencia colectiva y se espera con inquietud el balance que haga el Presidente, respecto de los resultados a corto plazo de las medidas que anuncia cotidianamente para transformar la República, entre las que ha destacado la austeridad del gasto institucional, entrega de recursos a estudiantes (becas) y adultos mayores(pensión universal), a los usuarios de las estancias infantiles, supresión de los subsidios a las mismas, las indicadas para inhibir las causas de la criminalidad, recomendando a los criminales que se porten bien; la guardia nacional estructurada militarmente, con mando civil formalmente simulado, control de la compra de medicamentos, venta de inmuebles y muebles decomisados, supresión del estado mayor presidencial, abandono del neoliberalismo, la política migratoria, ahorro de fondos públicos e inversión justificada de los mismos, entre otras medidas. Estas decisiones han sido cuestionadas como violatorias de los derechos humanos, por quienes disienten con el Presidente. 

El listado de medida anunciadas y algunas implementadas, es amplio y aún siguen siendo controvertidas por la realidad que justifica lo contrario, como lo es la falta de medicamentos de manera oportuna; la constante desautorización de los actos de sus empleados de alto rango como sucedió con el diálogo y apoyo de la secretaria de gobernación implementado en Michoacán, suspendido públicamente por mandato presidencial; el costo mayor que implica para la población mexicana la liquidación que se está realizando con las empresas contratistas de la obra del aeropuerto de Texcoco que asciende a millones de dólares; la falta de crecimiento económico, la concentración del manejo de la obra pública y sus recursos; la persistencia e incremento de la criminalidad que parece no responder al mensaje de “amor y paz” del Presidente; la oposición del pueblo de Tecamac a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, por no haberse llevado a cabo la consulta indígena a todos los pueblos afectados. 

Lo que llama la atención es  que la corrupción e impunidad, han operado de manera similar, en la estructura del sistema Federal de la República en los tres niveles de gobierno, y consecuentemente en los tres poderes de cada uno de ellos, controlados por los ejecutivos, cuyos actos han deformado a las instituciones y la democracia. Este principio, en la cuarta transformación, está siendo alterado en su cimiento con las medidas de centralización que ha implementado el ejecutivo, mismas que están quebrando la división de poderes, el régimen interior de las entidades y la autonomía municipal, cuya consecuencia se traduce en el crecimiento de las facultades del poder central, la reducción y restricción de las libertades fundamentales de los habitantes de la República. 

La corrupción no solo es el quebranto financiero de lo público y sus derivados, sino también La palabra corrupción dentro de un enfoque social y legal se encuentra definida como la acción humana que transgrede las normas legales y los principios éticos. En otro sentido, la corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso de poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole. Se entiende como corrupción política al mal uso del poder público para obtener una ventaja ilegítima. (Impacto de la corrupción en los derechos humanos

Prólogo de Luis Almagro. Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro. México, 2018)

 La obra señalada es contundente y a mi juicio refleja que estamos viviendo una situación de riesgo,  que se traduce en lo que describe el autor como “…la corrupción engendra corrupción y a una velocidad más rápida que a la que la democracia puede defenderse. Este abuso,  causa inestabilidad política y socava la institucionalidad formal mientras construye una paralela, caracterizada por malas prácticas contagiosas.”

De ahí que en la cuarta transformación no puede combatirse la corrupción con actos que explícitamente son de la misma naturaleza, como la centralización del ejercicio del poder, la desaparición de facto, del sistema de pesos y contrapesos que delinea la Constitución de la República, pues constituye una contradicción de principio exigir que se cumpla el orden jurídico nacional, cuando al mismo tiempo,  quien lo solicita,  lo viola objetivamente, al afirmar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no es confiable; cuando el ejecutivo cuestiona las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, controla a los poderes legislativos Federal y estatales y sujeta a los gobernadores y municipios; causando como consecuencia,  la afectación directa al orden constitucional de los derechos humanos. Se está suplantado la voluntad originaria y soberana del pueblo mexicano.

 Para cerrar, el control de las responsabilidades de los servidores públicos y particulares, queda sujeta  a la voluntad del ejecutivo federal y de los gobernadores, al designar a su criterio a los magistrados de los tribunales de justicia administrativa, encargados de esa importante función.

 Justicia de propia mano contraria al principio tutelado por el artículo 17 de la Constitución.

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