Tiempos difíciles para el pueblo mexicano que resiente, de manera cruda, las debilidades no de las instituciones de país, sino de los hombres que las encabezan que no han logrado convencer a la población; sobresalen los hechos en que los principales actores políticos son expuestos ante la opinión pública, por la adquisición de propiedades de alto costo, por medio de la inmobiliaria Higa que realizó la operación vinculada a la Casa Blanca de las Lomas,  a pesar de los esfuerzos que hacen los voceros oficiales para disminuir el impacto de lo difundido.

El Secretario de Hacienda Luis Videgaray, adquirió por compraventa una propiedad con la misma inmobiliaria Higa, con valor de seis o siete millones de pesos, que no solo se la vendió, sino que financió la operación con un crédito hipotecario, el cual liquidó anticipadamente con sus ahorros, aseguró el Secretario, al comentarista Loret de Mola, escenario que alimentó la desconfianza e incredulidad que prevalece, sobre el tema de la corrupción de los servidores públicos.

El ambiente se ha ido calentando para el gobierno de Presidente Peña Nieto y el Partido Revolucionario Institucional que, a pesar de la fortaleza del voto que les otorgó la ciudadanía para recuperar el gobierno de la República y una mayoría en la Cámara de Senadores y de los Diputados, ésta se ha ido desgastando con la problemática en seguridad y en lo financiero, rodeada de  la imagen de la corrupción.

 Lo difundido en cuanto al Secretario de Hacienda, se conjuga con el incremento del tipo de cambio del peso frente al dólar, la baja en el precio del petróleo, que surgen en el momento en que se analiza en el Congreso la iniciativa de reforma Constitucional como medida que, se invoca en la exposición de motivos, pretende alcanzar como objetivos, la transparencia en la contratación de obras y servicios, atacar la corrupción y mejorar, el sistema de seguridad pública, la procuración y administración de justicia, entre otros.

Este contexto es complejo porque implica el reconocimiento de fallas atribuibles al ejercicio de facultades que se concentran en lo que comprenden los ámbitos de la política interior, fiscales, financiera, y en general económicas, que corresponden a las Secretarías de Gobernación y de Hacienda, cuyos titulares son integrantes del equipo cercano al Presidente Peña, y  representantes de los grupos prominentes de los Estados de Hidalgo y Atlacomulco, Estado de México, posibles aspirantes a suceder al actual Presidente, por lo que estos hechos y las filtraciones pueden interpretarse, al inicio del tercer año de gobierno, como una señal anticipada de la lucha por la futura candidatura a la presidencia, dado que los conocedores del proceso, han señalado que el perfil del delfín se empieza a forjar a partir de este lapso.

Los acontecimientos de Iguala, la difusión de la adquisición de una propiedad, y los desequilibrios financieros, se asemejan a una jugada de dos bandas porque afectan al Partido en el poder, al Ejecutivo y a dos de sus principales colaboradores; abre el espacio a las expectativas para una  elección de presidente de la República, en circunstancias diferentes, como lo señaló en su conferencia, en esta ciudad de Oaxaca, Jorge Castañeda Gotman, en la que pronosticó que, de persistir la misma situación en el país, un candidato joven e independiente a ese cargo, con recursos, estaría en la posibilidad de provocar un cambio radical en el sentido del voto ciudadano. Este vaticinio deriva de que la corrupción en los tres niveles de gobierno, ha pulverizado la legitimidad de los partidos políticos, como instrumento idóneo de intermediación entre sociedad  y poder.

Oaxaca transita en una ruta similar, dado que los partidos políticos mayoritarios y los cuentan con uno, en la Cámara de Diputados del Estado, han sido cooptados por  compromisos ajenos a su función que ha imposibilitado lograr una mayoría suficiente para aprobar leyes prioritarias como la de educación, y derecho Indígena, al tener que dedicarse cuestiones sin efectividad social, como lo es poner signos de reconocimiento en el edificio del congreso que, si bien pueden estimarse justificadas, no tienen primacía sobre la actividad legislativa propia de ese poder.

Por su parte, El Gobernador Gabino Cué ha propuesto como elemento de transparencia para su quinto año de ejercicio, la austeridad del gasto público. la restricción consecuente de la algunas prácticas de contratación, como son los relacionados con el régimen de honorarios y arrendamientos; medida que se torna tardía, porque el manejo financiero por parte de sus colaboradores de facto y oficiales, ha sido permanentemente cuestionado, situación que ha permeado en la opinión general y se mantiene vigente; la austeridad del gasto público se aplica en años en que tienen lugar elecciones, y cuando finalizan un gobierno, lo que le permite poder canalizar recursos, en lo obscuro a las campañas de los favoritos que impulsa,  y en lo diáfano a los partidos por conducto del aparato administrativo electoral,  en la parte final dejar un monto al próximo gobernante y repartir los excedentes (ahorro), motivos que son los que subyacen en esas aparentes medidas de transparencia y anticorrupción.

La propuesta de reformas constitucionales locales que propone el Ejecutivo del Estado, como reflejo de las del Presidente Peña en el orden federal, han sido fuertemente criticadas por el ex Gobernador y ex Secretario General de este gobierno, Contador Jesús Martínez Álvarez, cuya experiencia en la operatividad de lo político, social y financiero del Gobierno del Estado, no puede ser puesta en duda, dado que conoce las entrañas de su manejo formal y el real; aduce que solo se busca con ello cubrir y limpiar las acciones oficiales llevadas a cabo, con motivo de que el actual gobierno, transita en la última etapa y por eso, busca posibilitar la impunidad de los funcionarios, y de otros que sin serlo, toman decisiones para otorgar contratos y servicios.

El Contador Jesús Martínez, al analizar el mensaje del gobernador Gabino Cué en el que anunció medidas para sancionar prácticas indebidas de sus colaboradores, pregunta "borrón y cuenta nueva?", estimando que “se busca desaparecer y darle otra faceta a lo que ha sucedido en cuatro años de gobierno, porque no se habla nada de las evidentes irregularidades en materia de substracción de fondos públicos, que exigen sean motivo de una auditoría selectiva externa y confiable; que las fiscalías general y anticorrupción, son instrumentos a modo, como lo demuestran experiencias de otros estados, con duración extra sexenal para que, una vez que hayan terminado su mandato, gocen de impunidad y evitar que  la siguiente Administración cuente con una espada de Damocles, "a partir del 1° de diciembre de 2016".

Respecto a la creación de un Consejo Ciudadano Anticorrupción, opina que: "Nuevamente se pretende crear ese órgano para que, de acuerdo a los grandes intereses económicos hoy establecidos prácticamente con todos los partidos, y por supuesto con un periodo mínimo de seis años, estos “honestos” ciudadanos vuelvan a ser producto de una negociación, como han sido casi todas, para que ser nombrados “a modo” y como consecuencia, no teman absolutamente nada ni durante el tiempo que queda de gobierno ni al terminar su ejercicio el 30 de noviembre de 2016. Concluye que todo ello, induce a que " parecieran pensar que los oaxaqueños son ingenuos y que no es conocido por todos que los bienes o fondos que se llevan ilícitamente los guardan en bóvedas en efectivo o en instituciones bancarias a nombre de fideicomisos o sociedades anónimas. Seguramente pensarán, por la gran impunidad y corrupción que se ha dado, que los oaxaqueños son tontos y no advierten que se les acusa de rateros, pero no mensos."

Como se puede apreciar objetivamente las críticas que se hacen al gobierno Federal y al del Estado, son la expresión del sentir de una opinión pública que está dejando de ser rehén de la repetitiva y profusa difusión de los comunicados oficiales que nos saturan; sin embargo en el caso de Oaxaca, es de una voz autorizada y confiable que ha vivido la experiencia de gobernar y participar en una parte inicial de la actual administración que enfrentaba momentos difíciles, de los que no le ha sido posible salir, si se toma en consideración la adelantada protección de los actos de corrupción que se asegura se pretenden implementar con la reforma propuesta.

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