Una semana difícil para la población de la ciudad de Oaxaca, para el Estado y el Gobierno, producto de los actos de agresión social llevados a cabo por quienes se ostentan como normalistas, exigiendo el reconocimiento de su acceso directo a ser contratados como docentes de manera automática al concluir sus estudios, integrada a la protesta contra la reforma Constitucional y Legal que encabeza la sección XXII de la CNTE, respecto de la cual acaba de firmar un pacto, criticado por la opinión pública nacional, con los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo, dado a conocer públicamente como un acto relevante de avance democrático, cubierto por el compromiso de celebrar foros para propiciar una legislación local específica en materia de educación; desde luego, útil para el magisterio inconforme como expresión de que en Oaxaca, no se aplicarán las disposiciones del orden federal.

Este acuerdo, como todos los anteriores con esta organización, será un encargo político, más que una solución, pues el arreglo, no inhibió los sucesos de afectación a los derechos humanos de la ciudadanía,  de su patrimonio,  de el libre tránsito y seguridad de bienes e integridad de las personas, del derecho a la educación, haciéndose presente, en este entorno, la actitud de omisión y  pasividad  de las autoridades, con el argumento de la tolerancia, “el respeto a los derechos humanos” y el diálogo.

Los reportajes en Televisa, los diarios nacionales y las redes sociales, señalan que Oaxaca es un caso de excepción, con una estructura educacional monopolizada y un estado de derecho inexistente que se considera irremediable.

 Los hechos del orden penal, como los ocurridos en el IEEPO, en la plaza comercial y en la terminal de transporte público, no requieren denuncia o querella previas, son calificados como flagrantes, es decir, que se perciben en el momento en que están ocurriendo, con la circunstancia notoria de que se llevan a  cabo, ante la presencia de las fuerzas de seguridad que parecen estar a su servicio, para que no los molesten cuando los están llevando a cabo, como se aprecia en las fotografías y videos difundidos; estos escenarios exigían la presencia inmediata del Ministerio Público, para  hacerlos constar y dictar  las medidas necesarias para evitar su continuación, e incluso detener a los causantes en flagrancia, para iniciar la averiguación previa respectiva y no argumentar que no se puede actuar, porque no hay queja de parte interesada. Esa actitud además de evasiva y lesiva, es un reconocimiento expreso y público de una grave omisión que constituye una violación grave y generalizada de los derechos humanos que, curiosamente, no ha provocado reacción ni ningún acuerdo oficial, para denunciarlo ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Se escucha en forma negativa que Oaxaca es un estado de excepción y que, estas formas violentas de manifestación, se han convertido en realidades cotidianas, que no pueden ser negadas, ni encubiertas por los discursos y reconocimientos oficiales que los medios difunden en contrario.

Como muestra de las contradicciones en el ejercicio de las políticas públicas, vemos que mientras las fuerzas de seguridad deben actuar para prevenir e impedir la continuación de hechos delictuosos colectivos, la instrucción política de la burocracia, determina que no se lleven a cabo esas providencias, porque es necesario aplicar la tolerancia y el diálogo;  estos mandatos, desde luego, emanan desde la comodidad de sus oficinas, soslayando la violación a los derechos humanos de la ciudadanía que está siendo agredida.

 ¿Estas objetivas contradicciones son propias de un Estado de Derecho? ¿Debe prevalecer la comisión flagrante de delitos frente a la tolerancia y prudencia de un Gobierno inerme?  Estas son interrogantes que quizás alguna autoridad pueda explicar racionalmente al gobernado que las sufre.

Como todos estos sucesos son motivo de variados y abundantes comentarios, es conveniente reflexionar, si frente a esta situación especial en Oaxaca, resulta benéfico  constitucionalizarlas y legalizarlas, de manera similar a los motivos que se invocan para disminuir el tráfico ilegal de la venta y uso de la marihuana reglamentándola, para que nuestra entidad cuente con una Constitución y orden jurídico adecuado que refleje la realidad de los inconformes y sus prácticas de manifestación violenta sean legitimadas en la ley, les quite la bandera de sus reclamaciones a los radicales y a los noticieros la información negativa; que mantenga a los gobernados en el status de la resignación, la conformidad y el sacrificio acostumbrados, para que quede comprobado que nuestro Estado, no es de derecho, pero si es derecho, porque se apega con objetividad a la manera de actuar de los diversos sectores de presión y poder que componen la comunidad.

Desde luego, la reforma constitucional y legal locales, serían muy generales, de manera que no contemplen candados que impidan su correcta aplicación en esta nueva conformación del régimen interior del Estado.

Así las cosas, para que sí se refleje la realidad social de Oaxaca en su legislación, lo primero que se incluiría en la iniciativa, serían los principios en que se sustente siendo tres: 1.- Al entrar en vigor la reforma se derogan todas aquellas disposiciones que se le opongan, por quedar elevada a la categoría de suprema, aún por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales y las leyes federales; 2.- El no respeto al derecho ajeno es la paz; 3.- La autoridad puede hacer todo lo que quiera y los particulares únicamente lo que esta discrecionalmente le permita. Congruente con estos dogmas, se mantendrán formalmente los tres poderes, pero tendrían carácter antidemocrático, autónomo e intolerante.  

La soberanía se depositaría en el IEEPO y el magisterio, cuyo Director y Gobernador del Estado, sería el Secretario General de la sección XXII de la CNTE; el legislativo residiría en el Comité Directivo dicha sección, quien a su vez, previa consulta de sus bases, designará al Presidente y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, al Defensor de sus Derechos Humanos y al Procurador; las secretarías serían abolidas y, en su lugar, serían sustituidas por las direcciones y jefaturas del Instituto de Educación.

El pacto recientemente firmado por los poderes y la sección XXII queda sin efecto, así como la celebración de los foros convocados para elaborar la Ley Estatal de Educación, la que será producto de una consulta amplia entre los miembros del magisterio, conjuntamente con la implementación de una nueva constitución del Estado, en la que se reconozca el derecho de los integrantes de este sector a manifestarse sin límites, a cerrar vías de comunicación, suspender clases,  gobernar, agredir a la población, su patrimonio y  negocios en forma ilimitada, a gozar de fuero e impunidad por sus actos y a la protección por parte de la policía en todas sus actividades.

 La población, tendrá el derecho a que en la nueva Constitución se le haga un reconocimiento, por su prudencia, madurez, tolerancia y sacrificio durante tantos años y en el futuro; a que se instale una placa cada quinquenio, por mantener esa actitud, quedando prohibido que se oponga a los actos que realicen los nuevos gobernantes, los critique o rechace. Los casos dudosos serán discutidos en una mesa de negociación plural del magisterio.

El Estado formal de Derecho que prevalece en la Constitución actual será suplido, por la realidad de su práctica, es decir, será reconocido, como un Estado formal y materialmente contrario a derecho en el que dejan de tener vigencia los Derechos Humanos de cualquier generación. Esta reforma, resultado de una consulta al magisterio, sería aprobada con el número de votos que se hagan a su favor, por los diputados presentes en la sesión aunque sean minoría, sin mayores requisitos y tratada como iniciativa preferente y de obvia resolución, sin dictamen, incluiría una declaratoria de amnistía general para las autoridades omisas, anteriores a la reforma y a los integrantes del magisterio y sus corrientes sociales que operará de inmediato, sin necesidad de declaratoria alguna.

Estas medidas radicales, pondrían fin a la alteración diaria de la paz, seguridad social y política a favor de la población. Toda aportación que enriquezca esta iniciativa será recibida en la oficialía de partes del IEEPO. (Cualquier semejanza con la realidad no es mera coincidencia).
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