Se ha iniciado la etapa de preparación de la entrega recepción del poder Ejecutivo del Estado, así como de la innovación de la estructura constitucional y legal ajustándolos a la visión del Gobernador Electo Alejandro Ismael Murat Hinojosa que, de entrada  ha replanteado el esquema de la designación y remoción de los titulares de las diversas dependencias y entidades que lo conforman que cada seis años es motivo de ajustes impulsados por las inquietudes prevalecientes tanto de los gobernantes, como de la realidad imperante en los momentos en que ocurre el cambio de estafeta  de titular del Poder Ejecutivo.

Hace seis años Oaxaca enfrentaba la renovación del Gobierno en condiciones político sociales críticas derivadas del conflicto de la misma naturaleza ocurrido en el dos mis seis, con secuelas que se prolongaron en estos cinco últimos años del Gobernador Gabino Cue, en el entorno de una población irritada ante la los actos de corrupción de los servidores públicos, sujeta al desorden, la impunidad y la violación de sus derechos humanos; la crítica hacia los servidores públicos del periodo de Gobierno de Ulises Ruiz fue severa reflejada en el resultado de una investigación a cargo de la Suprema Corte que puso en evidencia el déficit de las políticas públicas en el Estado.

El Gobernador entrante  Gabino Cue, en su discurso de toma de posesión anunció la serie de iniciativas constitucionales  y legales para frenar en Oaxaca los abusos del ejercicio del poder, sustentado en los principios de un Estado democrático de Derecho que brindara seguridad a la población, anunciada como remedio la garantía del respeto pleno a los derechos humanos que encarga a una Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca, el plebiscito, el referéndum; un sistema de procuración y administración de justicia fortalecido y autónomo, el Tribunal de Cuentas y la Sala Constitucional; la transparencia y el control de la designación de sus colaboradores, mediante la ratificación por parte del Poder Legislativo, así como la exigencia del título profesional.

Ese esquema formalmente presentado y aprobado, fue un muestrario de acciones negativas para que, en la práctica, fuera evadido. En lo que toca a los secretarios, algunos asumieron el cargo sin cumplir con el requisito del título o que alguno de los nombrados presentó documentos de dudosa procedencia, cuestiones que pusieron en evidencia la inutilidad de la reforma en ese rubro, pues no respondía a una exigencia que tuviere el sentido práctico de resultados en beneficio para el gobernado exteriorizado en un mejor y eficaz desempeño en el servicio público.

Otro aspecto cuestionado fue la aparente democratización del nombramiento de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado y de los tribunales especializados que siguió sujeto a la imposición desde el poder, de manera proporcional, entre los grupos interesados, de manera tal que algunos que pretendieron acceder a ese cargo fueron relegados bajo el mismo supuesto de la canonjía política para los favorecidos.

La lista es larga, pero es claro que las propuestas de reformas de avanzada que se presentaron en diciembre del dos mil diez se quedaron en el papel, sin que hasta la fecha hayan traído, con su aplicación, una mejora en el sistema político social para el pueblo, permanecemos en el rezago objetivo de las condiciones de desarrollo incluyendo el sistema educativo, los derechos humanos, el ejercicio democrático aparente, la opacidad en el manejo de los recursos, la corrupción, todos absorbidos por la publicidad mediática de la foto y el boletín, pagados con favores políticos. La apariencia se contradice indiscutiblemente con la realidad.

Cierran el telón de este gobierno el otorgamiento de patentes de notarios y de concesiones para el servicio público en valles centrales. En lo que toca al importante rubro de las certificaciones notariales, me informa un interesado, postergado de ese beneficio que, sin que se haya hecho pública la convocatoria respectiva, ni observado el procedimiento relativo, ya se hizo la distribución entre los afortunados bajo el manto de la obscuridad y el arreglo al margen del orden jurídico que rige esta actividad pública que propalado como abierto a la demostración de las aptitudes e igualdad de oportunidades, encubre el esquema monopolizado del ejercicio de esta actividad pública. Pronto se apreciaran los resultados.

Seguirá en la misma ruta la piñata de las concesiones que también me indican ya están repartidas entre los sitios de acuerdo a su potencial económico, espacios en donde ya se solicita a los listados en cada organización la cantidad de cuatro mil pesos para gastos de convivio y trato de este tema, sin incluir el pago final y los de los derechos ni los costos adicionales de estos títulos. No se ha publicado la convocatoria pero la lista ya está preparada para entregar las concesiones en el mes de noviembre.

En esta trama de reformas se acaba de aprobar lo contrario a los supuestos que impulsaron la colaboración de poderes en el nombramiento de titulares de dependencias y entidades en el Gobierno que termina y es posible que también se impulsen reformas que tiendan a restaurar el procedimiento de nombramiento de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado que permita reasumir su control. En ambos casos estas propuestas responderán a la necesidad de que ejecutivo tenga preponderancia y margen discrecional en esos temas.

Por lo pronto en lo que toca al Poder Ejecutivo se argumentó en el dictamen de los diputados que tengo a la vista, entre otros motivos que: “La Constitución Política del Estado de Oaxaca, es el ordenamiento supremo a nivel estatal en todo lo que esté acorde al Pacto federal, por lo que con base en este ordenamiento jurídico constitucional y en un Sistema de División de Poderes se hace la distribución de competencias en lo que respecta a los poderes Legislativo Ejecutivo y Judicial.”

Asume una serie de argumentos en el orden constitucional para justificar que es la voluntad del titular del poder ejecutivo la que debe prevalecer, como respeto a la división de poderes, en la designación de los colaboradores del Gobernador, de esta manera a partir del primero de diciembre de este año, serán designados por el entrante, sin necesidad de ratificación del poder legislativo ni de otros requisitos que fueron motivo de conflicto. Esta reforma nos vuelva a la realidad y suprime la ficción de la colaboración de poderes en este asunto que no tuvo ninguna secuela positiva.  Mientras tanto seguiremos transitando en la opacidad y apariencia de un estado de derecho que espero no se propague en el próximo gobierno.

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