Los resultados de la esta amplia y contundente elección de titulares de los diversos poderes de legislativos y ejecutivos de la federación, las entidades y ayuntamientos municipales en la República, ha despertado una serie de especulaciones de lo que nos espera como país en el orden político, económico, social. tanto en lo que lo corresponde a la nación en los en los entornos interno como en el internacional, consecuencia de las políticas públicas que han propalado el presidente virtual y algunos de los posibles secretarios de estado y legisladores que propician vaticinar que se ejercerá el poder con límites formales, pero no materiales. 

La esperanza de erradicación de las prácticas que han secuestrado de facto a las instituciones públicas para mantener a la población en una situación de sometimiento a través del aparato del poder que impiden acceder a mejores condiciones de vida, como son la corrupción, el saqueo amplio y sin control de los fondos y negocios públicos; la inseguridad galopante; la regla de las complicidades compartidas desde los espacios más elevados de la burocracia gobernante con los personeros de la riqueza, los instrumentos de seguridad, la educación con su brazo de lucha ideológica, de presión y violencia, son elementos que si bien el próximo gobierno federal se compromete combatir, puede ser un disfraz modificado del cinismo e impunidad  actuales.

La República Mexicana ha transitado durante largo tiempo en la esperanza del desarrollo con autoridades que ajusten sus actos a un orden democrático de derecho y justicia igualitarios comprometidos cada periodo de elecciones de presidente, como experiencia fallida desde los gobiernos de la hegemonía, bajo promesas de “no nos volverán a saquear” y nos siguen saqueando; pasando por la renovación moral de Miguel de la Madrid, la modernidad del modelo neoliberal de Salinas y Zedillo. la transición o alternancia, la pluralidad o dispersión política con Vicente Fox y Felipe Calderón, todos con promesas de cambio, honestidad castigo a los corruptos y democracia.

Las consecuencias han sido en alto grado negativas y concentradoras del poder ampliado del presidente en turno combinado con  actores políticos que, individual o grupalmente, crearon o emigraron a partidos o corrientes políticas diferentes a la que pertenecían, como los casos de Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo, Dante Delgado e incluso Andrés  Manuel López Obrador, formalizando la complicidad compartida para mantenerse en el poder, tanto federal como en los estatales y municipales, mediante el reparto pactado del mismo, como lo edificó el Presidente Peña que logró ese propósito, mismo que ha pulverizado a los partidos tradicionales como el PRI, PRD, PAN y a los pequeños, así como el resurgimiento de la figura  presidente-gobierno-partido con Andrés Manuel López Obrador y Morena. 

La corrupción en los gobiernos de los tres niveles no ha disminuido, continua en la cancha de la incertidumbre y desconfianza ciudadana que empieza a impactar a los futuros gobernantes antes de que tomen posesión. Es pertinente recordar, ante las promesas de austeridad republicana, que hacen los futuros gobernantes, para erradicar los males que aquejan a las administraciones que le preceden que, con distintas palabras, pero con el mismo sentido se produjeron en la época de la renovación moral de Miguel de la Madrid Hurtado que describió como “Una sociedad que tolera, que permite la generalización de conductas inmorales o corruptas, es una sociedad que se debilita, es una sociedad que decae, Y, desde luego acepto: la corrupción en el sector gubernamental es la forma más intolerable de inmoralidad social Lo hemos expuesto ante la nación en esta forma: la renovación moral debe ser un compromiso de todos y cada uno de los mexicanos, de todos y cada uno de los sectores y de los gremios; pero hemos de saber tomar, en el gobierno de la República, nuestros propios compromisos y nuestras propias obligaciones”

La reducción de emolumentos, prestaciones en especie a los futuros funcionarios públicos, como automóviles, teléfonos, guardias, auxiliares de servicios personal o doméstico, gastos de representación o viáticos, vacaciones pagadas, seguro de gastos médicos, pensiones a expresidentes, y en general las medidas de austeridad que aplicará en su periodo de gobierno López Obrador, son remedios implementados en las palabras y no cumplidos en las acciones de gobierno. Me parece que, aunque con palabras disímiles el propósito sigue siendo el mismo y los efectos de esas políticas no corresponden a la realidad prevaleciente.

En este contexto, el resultado electoral abrumador en favor de Morena repercute en todo el sistema federal mexicano y sus componentes, las entidades, municipios y sociedad civil que, en gran medida dependen financiera y políticamente del gobierno federal. La innovación que se propone de las coordinaciones que tendrá el ejecutivo federal en cada estado en sustitución de los actuales delegados federales, constituye una medida que, con independencia de que se puede justificar por el manejo indebido que han hecho los gobernados de los fondos federales, desnaturaliza la denominada soberanía de los estados a los que se ubica en la categoría de dependencias del gobierno federal.

El ejecutivo federal con las cámaras de diputados y senadores controladas por Morena al igual que un buen número de congresos locales, garantiza e irradia lo que se denominaba en el pasado como esquema de partido-gobierno-presidencialismo que fomenta el autoritarismo y las reformas legislativas así decretadas en el orden constitucional y legal, sin una distribución equilibrada del poder favorece el corporativismo y el control político y financiero de las instituciones públicas de los estados y municipios que estimulará se obstaculice el quehacer político, social económico y de desarrollo de los Estados, lo cual desnaturaliza el régimen previsto en los artículos 40 y 41 de la Constitución de la Republica.

Es el momento en que los estados y municipios recobren el sentido de la defensa de su régimen interior y de sus instituciones por medio de sus gobiernos y de los propios ciudadanos o, en su caso, que se revise, mediante consulta, la necesidad de reformar el pacto federal. Entramos pues a una etapa de incertidumbre entre lo aparente y formal confrontado con una realidad que no parece dispuesta a desaparecer y que asumirá el monopolio de las instituciones públicas. 

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