En días recientes los medios de comunicación locales dieron a conocer que el gobierno, de la mano con los empresarios, decidió entregar las instalaciones de la empresa Sandak que durante casi cuatro años estuvo cerrada por el estallido de una huelga de los obreros de esta compañía, ubicada en la cabecera municipal de Calpulalpan. La huelga, que nunca fue reconocida por las autoridades laborales, a pesar de que cumplieron los requisitos legales exigidos por la ley, tenía el objetivo de defender la  reinstalación de los obreros en otros establecimientos de la misma firma o en su defecto la liquidación de los trabajadores de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, sin embargo sin hacer caso a los trabajadores que habían demostrado que la empresa no estaba en quiebra y que por tanto no podían ser despedidos y liquidados sino reinstalados, el Gobierno estatal decidió entregar las instalaciones, y aunque las condiciones de pobreza habían hecho que la mayoría de los trabajadores abandonaran la lucha, algunos de ellos seguían porque la razón les asiste.

     Esta arbitrariedad en contra de los obreros tlaxcaltecas, que se agrega a una cadena de actos de autoridad, como en el reciente intento de democratizar el sindicato por parte de las obreras de la empresa Arcomex  ubicada en las inmediaciones del municipio de Ixtacuixtla, que fueron reprimidas por la misma policía, esta política que  es en realidad una muestra clara e inobjetable que la autoridades estatal siempre le han dado prioridad a la clase patronal, y para ello no importa si se pisotean los derechos legales de los obreros, que por su condición de trabajadores de familias humildes no pueden defenderse con éxito de la aplanadora que representan el capital, las autoridades laborales y las autoridades políticas.

    También la prensa afirma que hubo declaraciones en el sentido de que la acción fue ejecutada con el argumento de dar una prueba de que existen “condiciones para invertir en Tlaxcala”, es decir el gobierno le manda un mensaje a los empresarios que en Tlaxcala, tienen todas  las garantías para cometer todos los abusos en contra de la mano de obra, y que esta carece de cualquier garantía que les permita defenderse de sus explotadores.

    Quizá los legisladores constituyentes que le dieron forma al famoso artículo 123 en el año de 1917, en el que se instauraban como garantías  el derecho de huelga, el no despido de los trabajadores, el contrato colectivo, el respeto a los sindicatos etc., pensaron que la ley seria respetada por los gobiernos democráticos “electos por el pueblo” y que de esa manera se equilibraban los “factores de la producción”, pero posteriormente el crecimiento y desarrollo del modelo económico, fortaleció a la clase empresarial, hasta el grado de tener el control político y el mando total de las instituciones sobre todo de las que imparten la ley, por eso el papel actual de las Juntas Locales de Conciliación y arbitraje es la defensa de los intereses de los patrones, y los  poderes políticos, son una extensión de los poderes económicos, y esta es la situación que ejemplifica lo que pasa en Tlaxcala y en todo el mundo donde existe el modelo económico capitalista.

      Pero esta situación de reprimir a los obreros que defienden sus intereses,  con leyes o a base de golpes, no tiene como consecuencia la llegada de más empresas como lo dice los personeros del gobierno, ellas buscan la ganancia inmediata y fácil, sea donde sea, y no solo en las condiciones de docilidad de los obreros, pero si trae como consecuencia problemas más graves,  como el aumento del desempleo y de la pobreza y por ende el de la violencia, además del desprestigio de los gobernantes y el daño a los que hoy se conoce como el tejido social, que tanto le urge detener a la actual administración.

   La historia demuestra  claramente que cuando se deja de respetar los elementales derechos de la clase que crea la riqueza, de los trabajadores, entra en una crisis cada vez más acentuada que terminan con el estallido tarde o temprano de una rebelión violenta que nadie quiere, esto deberían de tener en cuenta los que defienden por encima de todo a los empresarios.