El gobierno y administración del Estado de Oaxaca, renovado a partir del primero de diciembre, se encuentra en  proceso de integración en sus diversas áreas. En esta complicada transición está presente, en forma generalizada,  la falta de recursos oficiales para cubrir prestaciones laborales de la burocracia, sin que se haya dado oficialmente, la explicación de esta ineficiente administración del presupuesto de cada rubro, esto es, la causa de la fuga inexplicable de recursos debidos, cuando se supone que el aparato público,  en sus diversos poderes,  funciona a base de partidas anuales en los que ya están garantizadas las diversas prestaciones como son aguinaldos, salarios y uniformes. 

Desde luego, estos hechos hacen presumir que existió un deficiente manejo del recurso público, de manera tal que no alcanzan su destino legal a sus destinatarios para cubrir esos conceptos, como se aprecia en salud con los uniformes y medicamentos; el asunto de los empleados del Poder Judicial del Estado que pararon labores el catorce de este mes con motivo de la falta de pagos de sus debidas prestaciones laborales y demás temas pendientes.. 

La experiencia derivada de las acciones que han deteriorado  la administración del Estado implica un manejo deficiente del erario, agravado por la corrupción que, sin embargo, está cubierto por el ocultamiento que impide evaluar de manera objetiva a dónde fueron a dar los dineros que hoy faltan,  o por qué se cambió el destino de otros para aplicarlos a gastos que no tenían que ver con el mismo; las causas permanecen en el secreto de las complicidades,  que nacen de los beneficios recibidos por los operadores de esta técnica para cuadrar los números. 

Se ha hablado mucho de desvíos en  materia de salud, educación, obra pública, Secretaria de Administración, entre otros,  como tema cotidiano de los noticieros locales,  pero no se han dado a conocer los hechos que permitan concretar en  qué consistieron las conductas de los ex funcionarios que ocasionaron el detrimento de caudal público. La Contraloría no ha dado un dictamen sobre el tema; estos males deben erradicarse de inmediato pues algún rumor del interior del área de obras y servicios  dice que hay que prepararse porque la era del “Don quince por ciento”  será ahora de veinte porque esa es la línea de algunos de los que ya llegaron. 

Ahora bien,  debe evaluarse el rubro del plazo que se asigna a determinados cargos, como la Fiscalía, Tribunal Superior de Justicia, pues como se aprecia es una mera ficción legal, desde el momento en que el gobernante, de manera amable e institucional, puede solicitar su separación voluntaria a pesar de que no haya concluido el periodo legal, o mediante signos que tácitamente demuestren que ya no es compatible con el gobierno entrante, lo que se justifica tratándose de órganos autónomos o poderes independientes, al estar de por medio cuestiones relacionadas con la confianza y  lealtad. 

 En este contexto, necesario apegarse a la realidad y establecer una regulación que, si bien garantice la estabilidad de los titulares en lo que toca a su desempeño técnico y funcional para el ejercicio de las competencias que la ley les otorga, posibilite la ratificación, tornando compatibles ambos aspectos, la separación del cargo por conclusión del gobierno en el que fueron electos o designados, combinándola contra la posibilidad de que sean ratificados para concluir su mandato; de esta manera se adecuarían la voluntad del nuevo gobernante con la eficiencia del servicio público que nos aleja de la ficción de estabilidad en que transitamos. 

Nadie pone en duda que un Gobernador requiere de aparatos compatibles con el ejercicio de un poder compartido bajo la figura de la colaboración institucional ligada a los encargados temporales de su ejercicio que, habiendo estado al servicio de un titular del Poder Ejecutivo que ha concluido el cargo, pueda considerarse que está comprometido con un régimen pasado y se dude de su pundonor respecto del nuevo, situación que es lógica y natural en un contexto que requiere, no de sumisión, pero sí de prudencia y honestidad respecto a quien tiene sobre sus hombros la responsabilidad del gobierno y administración del Estado. 

Hemos visto que la normatividad relacionada con los Secretarios de las dependencias del Gobierno, impulsada en el sexenio anterior, no tuvo un resultado práctico ni eficaz en beneficio de los gobernados, se trató de una reforma simulada que ya fue derogada  porque no produjo beneficio alguno en el mejoramiento de la prestación del servicio público e incluso puso de manifiesto la falsificación de cédulas y títulos profesionales. 

La pregunta que me hizo reflexionar en estos momentos acerca de los movimientos que se avecinan fue ¿responde a una necesidad social, jurídica y políticamente justificadas el fijar esos plazos para funcionarios aun cuando excedan del periodo de gobierno en que fueron designados o electos? En mi opinión no existe una justificación de esa exigencia, creo que más bien ha respondido a ficción de estabilidad democrática. 

De ahí que dentro de las facultades que le corresponden al Gobernador es conveniente plantear al Congreso una reforma que se ajuste a la realidad el orden jurídico actual para que se institucionalice de manera transparente la intervención del gobernador que funde y motive la causa de la separación anticipada de titulares de los poderes e instituciones gubernamentales, contemplando además, que los ejercicios de gobierno sean evaluados dentro del año siguiente a la conclusión del periodo del gobernante por un organismo técnico autónomo, cuyo dictamen contendría la aprobación, las observaciones e infracciones administrativas, penales o civiles resultantes de los servidores públicos que hubieren prestado servicios en cualquier periodo del gobierno que concluido. 

Lo anterior evitaría la la impunidad que ha prevalecido y se concentraría la responsabilidad en el Titular del Poder Ejecutivo que, como hemos visto en los últimos sexenios esta cobijado en un orden jurídico complicado por los candados implementados para ello diluyéndola en otros servidores públicos. 

Corroboran las tesis las palabras vertidas por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado que, aunque tardías, muestran la realidad de la pobreza estructural y económica en qué transita la administración de justicia en Oaxaca y que se verá más afectada con la implementación de la Justicia Cotidiana en proceso de aprobación de la reforma relativa. 

Los retos están a la vista y deben tener respuesta específica en el plan de gobierno y administración a fin de que este no sea solo un documento formal, sino de acciones y resultados que objetivamente visualicen y posibiliten la evaluación ciudadana en la que los abogados estaremos inmersos. 

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