La Constitución es un documento que históricamente ha marcado la evolución y conformación actual del pueblo mexicano a partir del movimiento de independencia como Estado democrático de derecho y su forma de gobierno sustentando en la división de poderes y la vigencia de los Derechos Humanos, cuyos postulados se consideran como decisiones fundamentales plasmadas por diversos congresos constituyentes que culminaron con la promulgada el 5 de febrero de 1917.

La Constitución fue y ha sido magnificada como paradigma de  reivindicación de los derechos sociales relacionados con la educación, los campesinos y la tenencia de sus tierras de que habían sido despojados por los terratenientes y los de los trabajadores que eran explotados al carecer de un orden jurídico que los protegiera frente a los abusos a que estaban sujetos; se formalizó así un gobierno de equilibrio frente a los derechos individuales y los sociales que la caracterizó como una de las más avanzadas.

Se hizo publico que fue la primera Constitución producto de una revolución popular triunfante que supo plasmar en su texto las principales aspiraciones del pueblo mexicano. En su artículo 3º, garantizó una educación laica y gratuita en la que no tuviera participación el clero; en el 27 la soberanía nacional sobre sus recursos naturales incluidos los del subsuelo y garantizo una profunda reforma agraria; en el 123 las principales demandas de la clase obrera por las que habían venido luchando desde siglo XIX, como el derecho de huelga, sindicalización, jornada de trabajo entre otras.

Durante 103 años de vigencia, hoy podemos afirmar que el documento básico de la vida nacional, fruto de los inspiradores del movimiento de independencia, ha sido profundamente trastocado por los gobiernos emanados de la revolución mexicana hasta la fecha, si se toma en cuenta que los estados constitucionales de derecho, son aquellos que se organizan bajo los lineamientos plasmados en un documento, para limitar el ejercicio de la autoridad-gobierno sujetando su quehacer a un marco regulado en la propia Constitución  y la ley para evitar el abuso del poder autoritario y proteger, garantizar y tutelar, los derechos individuales y sociales de sus pueblos.

Un antecedente que me parece relevante para apreciar que, desde la independencia, los personajes que históricamente establecieron los cimientos de la república fijaron los principios que hoy siguen vigentes pero deformados por los que han gobernado y gobiernan en este país. Así en la obra Fuentes de la Constitución de 1917- 1215 1819 coeditada por la Dirección de Estudios e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, se  cita que en el documento que contiene los Sentimientos de la Nación redactado por Morelos, se mencionan entre otros aspectos, el origen de la soberanía dimanada del pueblo y depositada en sus representantes electos democráticamente en las provincias, la división del poder publico en legislativo ejecutivo y judicial; el gobierno de leyes no de hombres; moderar la opulencia y la indigencia, la inviolabilidad del domicilio, la no discriminación y la igualdad.

Los diversos instrumentos que formalmente han reproducido la evolución de la estructura de gobierno de México, actualmente ya no son producto de una revolución violenta como de la que emano la de 1917, sino de las transformaciones que impone la dinámica social que, en momentos, ocurre más rápido que las adecuaciones constitucionales, ya que están se dan como lo vemos, una vez que se detectan los cambios que es necesario incrustar en la Constitución, para darles firmeza y certidumbre en favor del gobernado, como ha sucedido en materia de derechos humanos, la equidad de género, el interés superior del niño, la materia educativa, la agraria, el asunto laboral.

Los estados constitucionales democráticos de derecho nacen a partir de los movimientos liberales que suprimen los gobiernos despóticos o para independizarse de la dominación extranjera, como Francia, su revolución y la carta de los derechos del hombre, Inglaterra ejemplo de una monarquía constitucional transformada, los Estados Unidos y México, cuyos documentos contemplan la división del ejercicio del poder, los derechos humanos y sociales como básicos de un estado democrático de derecho, en que los gobiernos hacen lo que el orden jurídico les faculta y obliga y, los particulares pueden actuar en un campo de libertad que solo limita lo que les está prohibido o restringido por el derecho de otro.

Estos principios plasmados en una Constitución como la mexicana garantizaban su estabilidad por el proceso rígido de las reformas o adiciones a la misma y que sin embargo se han multiplicado a través del tiempo en el cual permanecían intocados algunos temas como el laboral, los partidos políticos, las garantías individuales que fueron incorporadas con los derechos humanos por exigencias internacionales, los tratados de libre comercio, la justicia penal, la mercantil, civil y familiar; sin embargo pronto de convirtió la Constitución en un instrumento del poder restrictivo de los derechos humanos y sus garantías.

La causa es que la Constitución representa para el presidente en turno, la forma de imponer su programa de gobierno y suprimir los obstáculos constitucionales o legales que se le presentan; para ello lo que el ejecutivo quiere hacer, lo turna a sus operadores en las cámaras del congreso federal y locales e impone su voluntad a sus representados, el pueblo; controla las decisiones de la Suprema Corte para que las inconformidades no prosperen, proponiendo e imponiendo a los integrantes afines a su orientación y así funciona el estado democrático de derecho. Ejemplo el tema de las impugnaciones respecto a los aeropuertos fueron declaradas improcedentes.

Con la estrategia así diseñada bajo el manto de la Carta Magna, hoy se restringe abiertamente el campo del ejercicio de los derechos humanos en la ley o mediante criterios de la Suprema Corte y se incrementa el campo de las facultades de la autoridad, legalizando los excesos y el abuso sin que el gobernado cuenta con las herramientas que encausen con celeridad una posible solución a sus derechos; la tramitología ante la Corte de los Derechos Humanos es complicado y la CNDH cooptada por el poder; todo ello implica disfrazar el Estado Democrático de Derecho e impone que la sociedad civil se organice y defienda en cada uno de sus niveles la vigencia de sus derechos humanos y la recuperación de una cultura de respeto a la legalidad.

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