El Derecho siempre ha sido considerado como  el regulador de las relaciones sociales, como el árbitro en la disputa de los intereses de los ciudadanos libres, como la garantía de la armonía en las sociedades, y en la sociedad en su conjunto como defensor de los individuos ambiciosos, y sobre todo con una proyección progresista, se supone también que el derecho es el arma fundamental de los débiles y desvalidos en contra de los poderosos, por lo que el derecho se ha convertido en la panacea de los intereses de la mayoría y por ello el estado ha erigido al derecho como el actor fundamental en la marcha del progreso de las sociedades.

Grandes cantidades de recursos se invierten en crear leyes, normas, reglas etc., el aparato burocrático legal es cada día más amplio y oneroso, el Poder Legislativo tiene un enorme peso en la autoridad, e incluso las cámaras y congresos donde se discuten y se originan las leyes que van a regir  las naciones enteras, son cada día más ostentosas. 

Sin embargo todo mundo sabe que las layes, en la mayoría de los países y sobre todo el nuestro, no cumplen el papel que se dice, que en muchos casos son en realidad letra muerta, incluso en las leyes constitucionales que son las básicas de nuestro País no tienen efecto, por ejemplo, el Artículo Tercero habla de la obligación y gratuidad de la educación, y hay muchos niños y jóvenes que no tienen escuelas, sobre todo del nivel medio superior, se habla en el Artículo Cuarto de que todo mexicano tiene derecho a una alimentación integral y  debe tener una casa digna y hay millones de mexicanos que no tiene la alimentación necesaria para vivir y que carecen de vivienda; las mismas leyes establecen que los monopolios están prohibidos y en la actualidad se imponen en la casi todas las economías, y si hablamos de la aplicación de la ley en delitos y controversias sociales, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2013 del INEGI, el 65% de los encuestados no tienen ninguna confianza en el ministerio público o juez, la Suprema Corte de Justicia logra apenas un 13 % de confianza para hacer cumplir de manera efectiva la constitución y a la pregunta si los juicios son justos para todos, 32% que solo en parte y 19% dijo que no, además que nuestro País tiene muy bajas calificaciones en justicia civil así como en materia de corrupción y justicia penal (El Sol de Tlaxcala 22 de Octubre).

Más bien se percibe que la ley se utiliza como garrote de los poderosos para golpear a los sectores débiles económicamente, esto es en realidad un reflejo fiel de las relaciones económicas que existen, por ello para la actual Legislación Civil la propiedad privada de los inmuebles productivos, de la maquinaria, de las materias primas o todo lo que se produce por la sociedad en su conjunto, es sagrada y en beneficio de unos cuantos, la Ley se compra y se vende al mejor postor, reza el dicho popular y  la inmensa mayoría de los ciudadanos no pueden comprarla.

Por eso resulta que un Juez de Distrito decreta la demolición de las instalaciones  denominadas Polideportivo “Carlos Castillo Peraza” construidas por la actual administración municipal con recursos del erario, es decir con los impuestos del pueblo, con esta sentencia no se perjudica al que hizo mal la compra de buena o mala fe, se castiga al pueblo, a los ciudadanos tlaxcaltecas, a los contribuyentes, es decir a la sociedad entera que es la que va usufructuar dichas instalaciones, para beneficiar a un individuo tenga razón o no, se tendría así que destruir y echar a la basura millones de pesos dela sociedad.

Otro caso es la sentencia del Tribunal Agrario para quitar los postes de la electricidad de la colonia Héroes de Antorcha ubicada en Huamantla, hecho que absolutamente a nadie beneficia y si perjudica a los familias humildes que viven en la colonia, pues se quedarían sin electricidad y sólo por la ambición de los abogados de los prepotentes directivos del ejido San Luis Huamantla, que saben bien que la compra de dicho terreno es de buena Fe, que ya es una zona urbana y que no hay ninguna justicia con esa sentencia.

Por lo anterior queda claro la urgente necesidad de poder realmente lograr que la ley sea lo que se dice, haga el papel que le toca, sea respetada por todos sobre todo por el Poder Judicial y los demás poderes del gobierno, si no se hace así la sociedad mexicana entrara en una situación de anarquía, que ya se ve por todos lados que a nadie conviene sobre todo a los poderosos.