El anuncio anticipado de la propuesta que el Presidente Peña Nieto haría al Pueblo de México sobre la implementación de una estrategia y reformas para dar respuesta a la inconformidad creciente de la sociedad, como un reconocimiento de la crisis en los  gobiernos federal, estatales y municipales,  que originada por los acontecimientos de Iguala, casa blanca y rescisión del contrato licitado y adjudicado a una empresa china, puso a la vista una realidad, México no opera como Estado de derecho.

EL mensaje del primer mandatario, no logró disipar la desconfianza ciudadana, ni imprimir legitimidad  a la iniciativa que hizo pública, en la dimensión esperada por la población; por el contrario, amplió el espacio a la detracción sobre las políticas públicas que se han implementado, los comentaristas ponen énfasis en que el diseño del Ejecutivo Federal, si bien es muestra de esfuerzo,  no contiene acciones concretas de inmediata aplicación, y se trata de reformas que ya habían sido presentadas con anterioridad.

La desilusión y desconfianza de la población en los gobernantes, aumentó a partir del Gobierno del Presidente Vicente Fox, cuyo triunfo se fincó, entre otros factores, en su presencia personal, su trayectoria, y en la esperanza de un cambio; el sucesor, Felipe Calderón todavía mantuvo esas expectativas, sin embargo, las condiciones de inseguridad y corrupción se agudizaron y ahora están mostrando las  secuelas derivadas de la desarticulación de la estructura en las instituciones, sin que en dos años del Gobierno que encabeza Peña Nieto, se haya logrado corregirla, han emergido los vicios que no han permitido alcanzar el Estado de Derecho esperado por el Pueblo Mexicano.

Se hace patente la contrariedad social en formas diversas, al constatar que las decisiones y acciones de este  de gobierno no han probado, objetivamente, el mejoramiento del entorno de vida de los mexicanos; se advierte que el déficit crece en seguridad, educación, eficacia en las instituciones de procuración y administración de justicia, transparencia, en la contratación para llevar a cabo la obra pública y servicios, en derechos humanos; no se aprecian signos que hagan efectiva la esperanza de los mexicanos en el gobierno del Presidente Peña Nieto y el Partido Revolucionario Institucional.

Oaxaca muestra signos similares a los que distinguen, en la actualidad, al gobierno federal, con el agravante de que ya estamos en el último tercio del periodo del Gobernador Gabino Cue que, sin bien ha logrado mantener encapsulado el problema magisterial, incluida la reforma a la ley Estatal de Educación y la de asuntos indígenas, las andanadas de inseguridad y afectación de los derechos humanos de los habitantes de la ciudad y su zona conurbada, la falta de recursos, a pesar de los históricos presupuestos logrados en la Cámara de Diputados, se reflejan en los plantones, cierres de plazas comerciales, del paso en las carreteras federales, homicidios, no pago oportuno a contratistas, corrupción e indiferencia. Se agotó sin resultados, el objetivo del cambio anunciado, solo se deja un cuadro de reformas que no alcanzaron su objetivo.

No obstante que el Presidente no haya dado una respuesta exhaustiva, de que las reformas anunciadas requieren de tiempo para alcanzar resultados, deben ser consideradas con una visión positiva, para coadyuvar a su consumación y no deteriorar, en mayor medida, el sistema institucional de la República, proponiendo mejoras en sus contenidos específicos e impulsando y exigiendo acciones a mediano plazo; esto implica que la sociedad en general, siga participando en ese sentido de inconformidad constructiva, y los gobiernos deben inducir a abrir el espacio a la aportación de todos los sectores, con el objeto de que no se monopolice en unos pocos personajes la construcción de la complementación de la táctica presidencial.

De las medidas propuestas, la Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las autoridades municipales y la reforma reforma constitucional  que faculte al gobierno federal para tomar el control de la seguridad en los municipios donde haya indicios de que la autoridad municipal está coludida con el crimen organizado, es adecuada, aun cuando las legislaciones internas de los estados, ya prevén, esa posibilidad, sin que se atente contra la autonomía municipal; el  vicio de la infiltración a las policías municipales, ha sido general, es decir proviene del orden federal, de ahí se compatibilizó a las de los Estados y de estos a las de los municipios. Por ello el esfuerzo de la ley en cuestión debe comprender a todas las autoridades federales, estatales y municipales, como una medida congruente con el sistema federal mexicano.

La segunda Iniciativa que consiste en redefinir la competencia de cada autoridad en el combate al delito, es razonable e implica el reconocimiento de una deficiencia advertida en los hechos de Iguala, la excusa para intervenir de inmediato, porque se trataba de asuntos locales y no federales, evasiva que se ha aplicado a nuestro Estado en lo que toca al problema del magisterio y la educación. Esta redefinición debe ser de aplicación general, con sentido federalista, que otorgue al gobernado la certeza de a quién debe exigir seguridad, justicia, protección inmediata a sus derechos humanos, frenar la corrupción, impunidad e indiferencia, para que los diferentes órganos de gobierno asuman su responsabilidad en ese ámbito. El Presidente reconoce que opera la práctica omisiva de que” Cuando la responsabilidad es de todos, no es de nadie”.

La creación obligatoria de policías únicas estatales, es una medida razonable y requerida desde hace tiempo, ya se bosqueja esa conformación en el artículo 21 de la Constitución así como la propuesta de creación de una policía nacional o de mando único que requiere de una visión acorde con la conformación étnica y pluricultural de la República, que se rige, constitucionalmente reconocida, por sus sistemas normativos internos. Es congruente aceptar la realidad que describe el Presidente Peña Nieto, que motiva crear policías estatales “más confiables, profesionales y eficaces” que sustituyan a “más de mil 800 policías municipales débiles”, dando  prioridad a Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas; y plantear sanciones para presidentes municipales y gobernadores que no cumplan con ello, lo que debe extenderse a los miembros del Sistema de Seguridad Nacional, de acuerdo al esquema Republicano Federal.

El número nacional para emergencias no es una novedad, es necesario que responda al objetivo que se busca, dar atención inmediata al afectado, porque carecerá de utilidad sí quien conteste, se concrete a dilatar y esquivar esa responsabilidad, lo que sucede a menudo en los servicios que ya están operando. En una experiencia personal que viví, me tocó sufrir ésta indolencia.

La clave única me parece un exceso, ante el conjunto de documentos que ya existen, esta medida restringirá más el espacio de libertad y privacidad de los mexicanos, justificada bajo la apariencia, así anunciada, de que permitirá acceder más fácilmente a trámites, servicios gubernamentales y al sistema bancario y financiero. La credencial del IFE, la Licencia de conducir, el pasaporte, cédulas profesionales, ya sirven para ese fin.

En los apartados substanciales de Justicia y derechos humanos, será necesario conocer los contenidos y rubros que se proponen para evitar la “justicia que suele ser lenta, compleja y costosa”, así como en lo que se refiere a las acciones en materia de derechos humanos, combate a la corrupción, rendición de cuentas, el tema de las contrataciones en obra pública y servicios, todo ello acompañado por la transparencia que precisa, ser realmente transparente. Creo que por primera vez, en el nivel Presidencial y en la voz de su titular se dijo una verdad: México no viene operando como el Estado de Derecho que se contempla en la Constitución Nacional.

Jfranco_jimé[email protected]