Transitamos en Oaxaca en un contexto de violación de los derechos humanos, inseguridad, enfrentamientos gremiales e indiferencia de la autoridad que muestra temor e incapacidad derivada de la falta de instrumentos jurídicos que respalden una respuesta adecuada del uso de la fuerza legal para inhibir los actos que día a día ponen en riesgo a la integridad física y el patrimonio de los Oaxaqueños, como sucedió en Nochixtlan, en donde nadie sabe quién disparo, ni como repentinamente elementos armados provocan la pérdida de vidas, o el reciente conflicto entre transportistas en Viguera y Pueblo Nuevo.

Estos sucesos, locales y regionales, parecen ser consecuencia de una política que  no previo el esquema integral de implementación a las reformas constitucionales y legales que sustentaron el arranque del  periodo de gobierno del Presidente Peña Nieto y del Gobernador Gabino Cue en Oaxaca que, cimentadas en pactos con fuerzas políticas no identificadas en el objetivo común del bienestar del pueblo, sino en sus intereses facciosos, han tenido como efecto ser el pretexto para justificar protestas y auspiciar el fracaso o retroceso de algunas de ellas, sin un beneficio comunitario palpable. El esquema de un pacto en lo federal y de un gobierno de coalición en Oaxaca, son ahora el escenario de lucha frontal para alcanzar la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y gubernaturas en juego.

El asunto es que se ha generalizado, en la opinión pública la impresión de que el gobierno de la República y el de Oaxaca, han perdido la brújula y el control de la seguridad y paz comunitaria e incluso en lo institucional. En los diversos sectores afectados por estas disfuncionalidades se aprecia que la disputa por el poder en el periodo en que se perfilan las candidaturas a la Presidencia de la República, es el tema prioritario, mismo que hace a un lado el cumplimiento de las atribuciones que la Constitución encomienda a los servidores públicos.

De ahí que la respuesta a todas las inconformidades legales e ilegales no sean atendidas en la intensidad y medida que requieren, por el contrario, los grupos de presión y poder, sabedores de los beneficios que para ellos representan estos movimientos desestabilizadores, crecen y se multiplican para mostrar la relevancia que representan para partidos y candidatos forzando la negociación para vender favores y apoyos que implican, en reciprocidad, que se comprometan cargos, recursos y obras, como ha estado siendo denunciado.

Oaxaca transita en ese espectro, en el que el Gobierno del Presidente Peña Nieto está pagando el costo de las reformas estructurales que incluyen la educación, de matrimonios de personas del mismo sexo, corrupción, gasolinazos, alza del costo de la energía eléctrica, agravados ahora, por la severa crítica de que ha sido objeto, consecuencia de la entrevista y posterior conferencia de prensa que tuvo con Donald Trump, candidato a Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Estas acciones son vistas como inoportunas e inentendibles.

Las voces de los comentaristas, actores políticos y pueblo en general, en su mayoría, al menos en lo mediático y redes sociales son negativas e incluso insultantes en contra del, Presidente Peña Nieto; algunos otros atemperan su juicio aduciendo que toda medida oficial que implica se toquen aspectos que impactan en lo social, económico y político, son causas que motivan el desgaste político de quien las impulsa, en este caso el Presidente y el Partido Revolucionario Institucional, sobre todo cuando se trata de rubros que por largo tiempo han permanecido intocados.

Una de las recientes medidas anunciadas por el Secretario de Hacienda Luis Videgaray, relacionadas con los incrementos decretados, el recorte del gasto público que repercute en las obras y servicios previos al año en que se inicia la carrera por los diversos cargos públicos de elección, induce a pensar que los recursos estarán destinados esencialmente a cubrir el enorme costo que tendrán las elecciones en México; el recorte contrasta con lo que aseguró un comentarista en materia económica, en el sentido de que en estos momentos el Gobierno de la república cuenta con más recursos que en épocas pasadas y de ahí las preguntas que surgen ¿es imperativo y oportuno el recorte del gasto público? ¿O son dineros destinados para las campañas electorales?

Como quiera que sea el Presidente Enrique Peña ha estado enfrentando directamente la andanada de una campaña que, similar a lo que le sucedió al Gobernador Gabino Cue con sus aliados, pues los que integraron el pacto político por México y coadyuvaron de esa manera a lo que está ocurriendo en lo económico, social y político actualmente, ahora son críticos severos en la Cámara de Diputados, de Senadores y en partidos de oposición, como lo percibimos el día jueves en que hizo entrega del informe presidencial.  

Los signos de un cambio radical para el proceso de un Oaxaca en paz, mejores condiciones de vida y respeto a los derechos de una población inerme e indefensa, no ofrece un futuro promisorio si se toma en cuenta que el Gobernador electo Alejandro Ismael Murat, toma posesión en la  espacio de una elección de presidente, de senadores y diputados, en circunstancias que hacen previsible que  en el nivel federal los resultados sean inciertos para el Partido Revolucionario Institucional, lo que puede ser motivo de que el Estado de Oaxaca siga siendo considerado como muestra del subdesarrollo del país.

Me parece ilustrativo el artículo denominado: “Ingobernabilidad: disfunción y quebranto estructural” de Omar Guerrero Orozco del cual reproduzco la parte en que señala: “Gobernabilidad significa, sencillamente, el conjunto de los mecanismos que aseguran un desempeño superior de la dirección y la autodirección de la sociedad; es decir, un Gobierno que no sólo ofrece orden y estabilidad, sino también calidad de servicio y bienestar social general. Ingobernabilidad, en contraste, es la incapacidad de producir bienestar debido a una mengua sensible de orden y estabilidad; dicho de otro modo, la ingobernabilidad no es el resultado indeseado de pérdida de calidad superior de Gobierno, sino de los fundamentos del Gobierno en sí. Cuanto más desarreglos sociales emergen en el seno de la sociedad, y más violencia se introduce como ingrediente de estos desarreglos, la ingobernabilidad opera como mecanismo de destrucción de las condiciones de vida de aquella sociedad. La esencia de la ingobernabilidad es la imposibilidad del régimen para dirigir, y por lo tanto, para garantizar el factor político primordial de orden y de estabilidad como condiciones necesarias para la provisión de bienestar. Así, la ingobernabilidad no se ciñe a la incapacidad de ofrecer bienestar, se extiende a la imposibilidad de crear condiciones para el orden y la estabilidad, sin los cuales, la convivencia social es imposible.”

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