El Gobierno del Estado de Oaxaca no encuentra una ruta adecuada de coordinación con el Federal, que encauce una solución definitiva y duradera o que, por lo menos, provoque la distensión del problema sistémico magisterial, con vista a disminuir el impacto dañino que todos los niveles de poder, ponen a cargo de una sociedad que ve, con enojo y frustración, la impunidad que propician con la omisión ostensible, derivada de la impotencia o complacencia con que visualizan los actos de agresión colectiva, como lo fue el cierre del aeropuerto de Oaxaca,  la invasión y daño a las pistas, suspensión de vuelos, los demás bloqueos y, consecuentemente, la afectación de los derechos de educación, trabajo, progreso, libertad, seguridad y libre tránsito que asiste a todas las personas.

Hablo de impotencia, porque la omisión autoritaria de no impedir los actos de agresión social, si bien jurídicamente no se justifica, materialmente es una inactividad impuesta por dos tipos de factores; uno, relacionado con la falta de fuerzas especializadas que puedan hacer frente, de manera eficaz y legal a las hordas desbordadas de vándalos, como lo demostró en el dos mil siete, la investigación llevada a cabo por los Magistrados enviados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; otro,  de orden político, los compromisos del gobierno con la dirigencia de la sección XXII, que le permite gozar de un fuero de facto, para agredir y no ser juzgado; la complacencia o conveniencia de un gobierno federal que asume los controles de los recursos para el pago de nóminas de los maestros, pero solo para administrar la controversia y encapsularla en el Estado de Oaxaca; en todos los casos, el cobijo es el supuesto diálogo y la no violencia legal en contra de los maestros.

Cualquiera que sea el pretexto o la excusa, es notorio que en todo este complejo esquema socio político subyace, no el temor a utilizar los medios legales de la violencia legal que la ley establece a favor de la autoridad y las instituciones,  en el caso de que se agreda la paz pública, sino la desatención estratégica de mantener los efectos distractores que provocan estos movimientos,  respecto de la corrupción y descomposición de la clase política en el poder representada en un pacto, tanto de grandes, como medianos o los pequeños; estos tiempos prueban objetivamente que todos están fallando, en lo que parece una complicidad pactada.

En este contexto, se avecinan los tiempos de elección y renovación de poderes federales, estatales y municipales, situación que ha puesto de cabeza a los partidos y corrientes políticas que, unidos en un pacto político inicial, ante el agotamiento  de sus compromisos  comunes, está provocando un riesgo en las canonjías, que han venido gozando a virtud de ese convenio, como son la obtención de cargos, dinero y poder, equivalente a una  trinchera de justicia política y económica adecuadamente compartida, en favor de tales entes y sus líderes;  esos beneficios requieren de medidas conjuntas para que sigan conservándolas.  

El panorama nacional no es el idóneo para que el Partido Revolucionario Institucional opere con tranquilidad, como  titular del gobierno nacional, la selección de sus candidatos y mantener la ruta del plan de gobierno, pues el desgaste que sufrió con motivo de los hechos de Ayotzinapa, la Casa Blanca, la controvertida licitación de la vía a Querétaro, el desajuste de la economía nacional, la baja del petróleo, entre otros factores, ha debilitado la posición que, de origen, le permitió acoplar en un pacto controvertido, a las dos fuerzas partidistas principales, que  vinculó a todos los actores en el compromiso que favoreció que el Presidente Peña Nieto coronara su proyecto reformista.

La corrupción y la descomposición político social imperante y el consecuente debilitamiento institucional, ha trascendido a los integrantes del pacto, pues tales males han tocado por igual a los liderazgos de los Partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, involucrados en escándalos de diversa naturaleza, fiestas privadas, ligas con la delincuencia, servidores públicos de elección cooptados por ésta, utilización de recursos públicos para fines ajenos a su finalidad, división interna notoria; la lista es larga.

 El potencial del descontento social, así como  la desconfianza en los partidos y sus representantes, se ha incrementado de manera que a las tres fuerzas principales, las ha colocado, frente al proceso de elección, en una difícil e inobjetable posición de ilegitimidad.

Nadie duda que estas consecuencias están dañando, no solo la vida institucional del país, sino a la población de entidades, como Guerrero, Michoacán, y Oaxaca, que se duelen cotidianamente de la ausencia y vacío de poder, que propician la falta de acceso a instrumentos que le permitan transitar con seguridad, trabajar en paz, acceder al progreso comunitario,  trasladarse libremente, certeza económica en la inversión, acceso a bienes y servicios adecuados a las necesidades sociales, como son la salud y, sobre todo,  la educación de calidad.

En este sombrío panorama, los partidos miembros del pacto seguramente se plantean la disyuntiva derivada de las encuestas reales, que seguramente tienen una fuente oficial, que el voto ciudadano, en el ambiente que prevalece, no les otorga certeza para sus propuestas de diputados o gobernadores en las próximas elecciones, planteándoles la necesidad de conservar lo que tienen, o de que todos pierdan posiciones relevantes o, incluso que alguna gubernatura, por ejemplo en Guerrero y Michoacán, o la posición que tiene como fuerza política en la Cámara de Diputados.

Oaxaca es una parte vulnerable de este debilitamiento que estimula que otras corrientes, que por cierto tiempo han mantenido una estructura electoral sólida, evidenciada en los resultados electorales en pasados procesos, se hagan presentes y provoquen un severo traspié para el Revolucionario Institucional. Este fenómeno se puede presentar si los candidatos que proponga están destinados a perder, por así estar consensuado en la distribución pactada del poder, es decir que hayan sido calificados para ese fin, en aquellos distritos que así convenga; estrategia que de resultar positiva, podría ser utilizada nuevamente en la renovación local de ayuntamientos y diputados.

De cualquier manera, los Oaxaqueños seguimos siendo rehenes de la violencia y el atropello de los derechos fundamentales que, día a  día se ha ido recrudeciendo, tanto en extensión, como en el grado de agresión que parece interminable y que auspicia pensar en la necesidad de utilizar una legítima defensa social, como la que llevaron a cabo, miembros de los sectores sociales y económicos afectados en Huatulco.

El desequilibrio en el ejercicio del poder en Oaxaca es relevante, porque implica un acto diferenciado ante la Ley, que afecta los derechos de libertad e igualdad. Las fuerzas de seguridad, enfrentan, reprimen y procesan a los que no  cuentan con un soporte logístico de lucha sistemática violenta, política y mediática; la operación del sistema de seguridad local no cuenta con la fuerza y capacidad necesaria,  para impedir que los movimientos que tienen toda esa estructura, actúen fuera de las vías institucionales y jurídicas. Una omisión detectada y determinada como una violación grave de derechos humanos desde el 2007 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aún persiste.

Todo esto nos ha demostrado de manera objetiva que la democracia en nuestro estado, ha funcionado como esperanza del mejoramiento de las condiciones de desarrollo integral, sin embargo, los representantes electos, emanados de ese sistema, han resultado ineficaces para convertir esa esperanza en una realidad. El problema del sistema no es la democracia, sino de aquellos a los que les conferimos el mandato de hacer realidad el bien social comunitario.

 Por eso es importante que la ciudadanía en los próximos procesos de elección manifieste, de alguna manera, su inconformidad con la ineficacia de sus representantes populares, en las urnas, otorgando su confianza nuevamente a nuevas y mejores opciones de gobierno; es necesario dejar atrás las desgastadas candidaturas de los mismos reciclados, reutilizados, reducidos  o de los improvisados “elegidos”; esos deben ser ya eliminados del sistema, es indispensable y necesaria la propuesta de caras nuevas, comprometidas con su estado, no con la política del compromiso anticipado de negocios y repartición del poder; es factible que esta propuesta sea utópica, pero por lo menos hay que poner los cimientos que permitan buscar mejores hombres para gobernar está castigada entidad.

El problema no está en el proceso de la elección en sí misma como instrumento de acceso a la democracia, sino en la falta de calidad humana de los hombres que contienden en ella y su ineficacia en el ejercicio de su servicio público.

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