Huajuapan de León,  Con el fin de prevenir una desestabilidad social que pudiera generarse por la comisión de delitos electorales durante el proceso electoral concurrente que se avecina  en el que habrá elecciones federales y locales, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Oaxaca (CCSP), llevó a cabo un foro  de diálogo con diversos sectores de la sociedad   y con las autoridades y organismos  electorales.

El presidente del Consejo Ciudadano  Oscar Osorio Rosal, expresó la importancia  de que la ciudadanía conozca cuáles son los delitos electorales para que no sean sancionados  con la pena privativa de la libertad por caer en la comisión de delitos, y que durante el proceso electoral se genere un ambiente de confianza.

Dijo que  la ciudadanía se apasiona durante los procesos electorales sin conocer la dimensión legal que podrían afectarles: “Es prevenir para que no se genere una desestabilización social, que no se genere una situación directa a la sociedad que puede ser objeto de una sanción penal o privados de su libertad por desconocimiento”, señaló.

Por su parte el vocal ejecutivo de la junta distrital 03 con sede en Huajuapan, Román Santiago Mendoza, destacó que las autoridades municipales deben conocer que la Constitución como carta magna en el país, prohíbe resaltar mediante qué autoridad o gobernante realizó la obra porque son recursos públicos y no personales.

También refirió que una vez arrancadas la campaña electoral queda suspendida totalmente la comunicación social de un municipio para anunciar obras o acciones de los presidentes municipales, a menos que se trate de una contingencia de salud o de educación.

La fiscal especializada en delitos electorales de la fiscalía General del Estado de Oaxaca, Esther Aracely Pinelo Pérez Fiscal  dio a conocer que los diferentes delitos electorales pueden denunciarse ante cualquier agente del ministerio público. En en el caso de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, cuando se trata de una elección local y ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), que es un organismo de la Procuraduría General de la República.

Señaló que los delitos los pueden cometer cualquier ciudadano, funcionarios electorales, servidores públicos o ministros de culto entre otros y van desde el acarreo o transporte de votantes en la jornada electoral, para coaccionar el voto, retención de credenciales, condicionar a los subordinados para realizar actos proselitistas, pagar cuotas para la campaña.

Invitó a la ciudadanía a que aporten los elementos de prueba que sirvan para sancionar  y no se violente el  derecho al voto por coacción, violencia, amenaza o pago, delitos que son del ámbito penal que se sanciona con cárcel que van desde tres meses a tres años de prisión y multas de  100 a 300 días de salario y en caso de servidores públicos desde 3 años a 9 años de prisión.