Oaxaca.- Al participar este 12 de diciembre en la inauguración del foro “El compromiso de las instituciones nacionales de derechos humanos con las poblaciones afrodescendientes, frente a la agenda 2030”, el Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca Arturo Peimbert Calvo propuso a los ombudsperson de todo el país sumarse al reclamo para que se garanticen los derechos fundamentales de los pueblos afrodescendientes en México. 

En la ceremonia efectuada en la Casa de la Cultura Jurídica de la capital oaxaqueña, Peimbert Calvo también se refirió a la propuesta de Ley de Seguridad Interior, para señalar que “los contenidos de tal ordenamiento deben circunscribirse a una nueva forma de entender la seguridad pública en nuestro país, respetuosa de la dignidad humana, del marco jurídico vigente en el país y encuadrarse dentro de una política integral que tenga en cuenta las condiciones por las cuales surge y se propaga la inseguridad”. 

El ombudsman oaxaqueño señaló –como ejemplos de las condiciones que propician la crisis de seguridad que traviesa el país– la desigualdad social, la corrupción de las autoridades y la impunidad que estas condiciones fomentan. 

En su intervención, Peimbert Calvo expuso que es necesario reconocer la deuda histórica que tenemos con nuestras hermanas y nuestros hermanos afrodescendientes, pues como lo señala la Declaración de Durban, “los afrodescendientes han sido durante siglos víctimas del racismo, la discriminación racial y la esclavización, y de la denegación histórica de muchos de sus derechos”. 

Citando la Declaración de Durban, Peimbert puntualizó que se deben reconocer los derechos de los pueblos afrodescendientes “a la cultura y a la propia identidad; a participar libremente y en igualdad de condiciones en la vida política, social, económica y cultural; al desarrollo en el marco de sus propias aspiraciones y costumbres; a tener, mantener y fomentar sus propias formas de organización”.

La Declaración internacional que se refiere a los pueblos afrodescendientes –recordó el ombudsman– también exige a respetar el derecho de estos pueblos a mantener su modo de vida, cultura, tradiciones y manifestaciones religiosas; a mantener y usar sus propios idiomas; a la protección de sus conocimientos tradicionales y su patrimonio cultural y artístico; al uso, disfrute y conservación de los recursos naturales renovables de su hábitat y a participar activamente en el diseño, la aplicación y el desarrollo de sistemas y programas de educación, incluidos los de carácter específico y propio; y, cuando proceda, a las tierras que han habitado desde tiempos ancestrales. 

Los defensores de derechos humanos, subrayó Peimbert Calvo, “tenemos que denunciar la violencia sistemática que los pueblos afrodescendientes –y particularmente sus mujeres– han sufrido de generación en generación”.  Y recalcó que en la Costa oaxaqueña estas poblaciones padecen abandono y situaciones de pobreza extrema, por lo cual la violencia institucional fácilmente se convierte en violencia homicida y feminicida. 

El Defensor insistió en que es imperativo exigir al Estado que reconozca a este grupo poblacional como sujeto pleno de derechos, que debe ser tratado con equidad y respeto a su dignidad, y que no deben sufrir discriminación de ningún tipo. “Uno de los compromisos impostergables con los pueblos afrodescendientes es la aprobación de la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca en materia de derechos de los pueblos indígenas y negro afromexicano, la cual forma parte de la Agenda 2030”, enfatizó.

Finalmente, manifestó Peimbert Calvo, desde esta tribuna demandamos que la anunciada Ley de Seguridad Interior pueda discutirse en forma amplia con la ciudadanía, y  me adhiero a lo que ha señalado la CNDH: “Sólo con un plan que comprenda y afronte las raíces de la crisis que vivimos en materia de seguridad, podremos restablecer la paz y la promesa de un horizonte verdaderamente democrático y de derechos humanos para las y los mexicanos. Limitar nuestras opciones al despliegue reactivo de las Fuerzas Armadas, bajo la denominación que se le pretenda dar, sólo podrá atender los síntomas, mas no dará una solución de fondo a los problemas”.

El Defensor del Pueblo de Oaxaca compartió el presidium en esta ceremonia con la presidenta de la Federación Internacional de Ombudsperson (FIO), Iris Miriam Ruiz Class, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, la Directora del Proyecto Pro FIO, Julia Unger, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián y el Representante de la Oficina en México del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, Byron Cárdenas. 

En la ceremonia también participaron la Coordinadora de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, María Elisa Velázquez, el Presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, Adolfo López Badillo, la Representante de México Negro A. C., Yolanda Camacho, y los ombudsperson de la República Mexicana.