“Aquellos bienes que se decomisen a exfuncionarios corruptos o personas que se han enriquecido de manera ilícita con dinero del erario estatal, deben ser de utilidad pública pero sobre todo orientados a un fin social, por ello presenté ante el Congreso una reforma al Código Penal para establecerlo como una obligatoriedad”, apuntó el diputado de Morena, Jesús Romero.

Explicó que en Oaxaca existe un problema de distribución de recursos y corrupción, esto ante los documentos presentados por El Financiero, donde exponen a un personaje de la pasada administración con cerca de 7 mil millones de pesos en cuentas bancarias, mismos que presuntamente fueron obtenidos de las arcas estatales, cantidad que bien podría servir para la reconstrucción de los municipios afectados por los sismos o el pago de la deuda pública.

“Se están dando a conocer muchos caso de corrupción, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, por eso estoy proponiendo que todo lo decomisado de actos de peculado y corrupción sea utilizado por el Estado para acciones de carácter social”, manifestó.

Jesús Romero manifestó que es necesario actualizar las leyes para que fortalezcan la tarea de prevenir y sancionar actos de corrupción, por lo que ésta reforma, sumada a una iniciativa a la Constitución del Estado de Oaxaca que fue avalada por todas la fracciones, incluyendo Morena, se podría brindar a las instituciones las herramientas legales necesarias para su actuar.

Finalmente, el legislador explicó que actualmente los recursos y bienes decomisados, quedan en poder del estado, sin embargo no se especifica su uso y destino, por lo que, al reformar el Código Penal, se podría asegurar que estos regresarán al pueblo.