Oaxaca.- El presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso local, Horacio Antonio Mendoza, presentó la Ley para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el Estado que busca establecer un marco jurídico que permita identificar las condiciones objetivas de las personas desplazadas; dicha iniciativa consta de 55 artículos y está dividida en dos títulos.

 En ese sentido, Antonio Mendoza  expuso que la ley tiene como objetivo específico establecer las bases para la prevención, protección, ayuda y asistencia de las personas que se vean obligadas a dejar su lugar de residencia por situaciones de violencia o por violaciones a derechos humanos, e incorporar al derecho positivo los instrumentos que permitan enriquecer la promoción de políticas públicas para atender el desplazamiento forzado en la entidad. 

El también Vicecoordinador Parlamentario del PRD, explicó que el proyecto presentado reconoce las categorías de situaciones de desplazamiento interno y los derechos de los involucrados, además de prever la creación de un Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, como un órgano desconcentrado de la Administración Pública Estatal. 

Añadió que el Consejo antes mencionado, será el encargado de ejecutar el Programa Estatal para la Prevención y Atención en Casos de Desplazamiento Interno Forzado, involucrando a las Secretarías del Estado, para que en el ámbito de su competencia realicen las acciones necesarias.

“De acuerdo a investigaciones de la sociedad civil, Oaxaca es una de las entidades con más casos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos da cuenta de que a causa de la construcción de la presa Cerro de Oro, los trabajos causaron el desplazamiento de miles de campesinos, en su mayoría indígenas chinantecos que se opusieron al proyecto, además, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca informó la existencia de dos quejas en trámite en las que se señaló el desplazamiento forzado de personas expulsadas de su comunidad por conflictos religiosos, y la otra, relacionada con 73 familias desplazadas de San Miguel Copala”, detalló.

 Por lo anterior y con el ánimo de pugnar por el respeto a los Derechos Humanos; Antonio Mendoza, aseguró que el desplazamiento interno forzado en el Estado, debe ser analizado y atendido desde un enfoque de desarrollo integral, teniendo objetivos sostenibles a largo plazo y reconociendo la interconexión fundamental entre vivienda y medios de subsistencia, contemplando la importancia de éstos para la salud, la seguridad alimentaria y la educación”.