Oaxaca, Oax.- En Sesión en el Congreso del Estado, el Coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRD, Carol Antonio Altamirano, presentó una iniciativa con proyecto de decreto con la finalidad de garantizar el derecho de los ciudadanos a un buen gobierno y mejorar su calidad de vida.

Al hacer uso de la tribuna, Carol expresó que su propuesta reconoce el derecho fundamental de toda persona a una buena administración pública, la que será de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Indicó que en reconocimiento a un legítimo reclamo ciudadano que propugna por una eficiente y responsable administración pública, esta iniciativa plantea la obligación a nivel constitucional para que en leyes secundarias se garantice el pago de la reparación de los daños causados por los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, conforme los mandatos y procedimientos establecidos en ley, lo que en sí mismo constituye una garantía ciudadanía hacia un mejor gobierno.

Carol sostuvo que un aspecto fundamental para lograr una buena administración pública es la obligación constitucional que se propone, para que se establezca un sistema de índices de calidad de los servicios públicos, basado en criterios técnicos y acorde a los principios referidos y que deberán estar disponibles como información pública de oficio.

El líder parlamentario del Sol Azteca en el Congreso del Estado, subrayó que esta iniciativa es un aliciente para lograr buenos cambios en la forma de ejercer el gobierno y la administración del interés colectivo.

“Necesitamos que los ciudadanos participen para lograr una buena administración pública; necesitamos que la vigilen, la evalúen y la nutran, y para ello deben contar con los instrumentos normativos que hagan realmente efectiva su participación”, dijo.

Por último, Carol puntualizó que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y fundamentales consignados en favor del individuo, y exigimos que en su aplicación se rijan por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.