Oaxaca.- El defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales para que garanticen de manera plena el ejercicio de la libertad de expresión en todo el estado, como un factor fundamental para la democracia, del que depende la posibilidad de la ciudadanía para ejercer muchos otros derechos humanos.
 
El ombudsman de Oaxaca manifestó su preocupación por los frecuentes agravios a periodistas, dado que la Defensoría registró 53 entre enero y mayo de este año, que habrían sido cometidos en perjuicio de nueve mujeres y 21 hombres (40 agravios contra hombres y 13 contra mujeres).
 
Advirtió como un asunto muy grave las intenciones de autoridades o particulares en el sentido de acallar las voces de las y los trabajadores de los medios de comunicación, y señaló que de los agravios de los que ha tenido conocimiento la Defensoría, 58% habrían sido cometidos por personas desconocidas y 40% por servidores públicos de distintos niveles, entre ellos agentes policiacos (19%).
 
Peimbert Calvo señaló que lamentablemente las autoridades no siempre actúan con la celeridad necesaria cuando se sabe de periodistas que están en riesgo por su trabajo, y llamó a establecer mecanismos que permitan la protección urgente desde el gobierno del estado y de las administraciones municipales frente a situaciones que pongan en riesgo el ejercicio de la comunicación pública.
 
Mencionó como la forma más extrema de censura el asesinato, y expuso que este año un periodista sufrió un intento de homicidio, y una comunicadora de Valles Centrales fue asesinada; en ambos casos, aclaró, todavía se investiga si los hechos tuvieron relación con el trabajo periodístico.
 
Peimbert Calvo expuso que el agravio más recurrente del que son objeto las y los periodistas en Oaxaca es el hostigamiento con intimidación, seguimiento o vigilancia (34%); después siguen las amenazas (19%). Poco más de 14% del total de agravios registrados fueron amenazas de muerte, y poco más de 13% fueron agresiones físicas o verbales.
 
Llamó la atención a la necesidad de que la Fiscalía General y el Tribunal Superior de Justicia del estado redoblen esfuerzos y atención a la persecución y castigo a los agravios contra las y los comunicadores, dado que la impunidad en que permanecen dichos agravios es un aliciente para los agresores.
 
Destacó como posible censura indirecta un caso reciente en el que un periodista fue amenazado con ser objeto de persecución civil o penal por parte de un ex funcionario, lo que podría restringir de manera grave el ejercicio libre del periodismo, pues tanto la amenaza en sí misma como la materialización de algún proceso podría tener el efecto pernicioso de disuadir, atemorizar e inhibir a las y los demás periodistas, lo que, a su vez, impediría el debate público sobre temas de interés de la sociedad.
 
Expuso que la relevancia de garantizar la libertad de expresión deviene de las dos dimensiones que posee en el derecho internacional de los derechos humanos, la individual y la colectiva, pues incluye tanto el derecho individual de difundir información e ideas, como el derecho social de todas las personas a conocer las opiniones, relatos y noticias que se difunden.
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, agregó, ha resuelto que al limitarse de manera directa o indirecta la libertad de una persona para hablar, escribir y difundir, no sólo se transgrede su derecho individual, sino que se vulnera el derecho colectivo de quienes, en ese mismo acto, quedaron imposibilitados para recibir esas informaciones u opiniones.
 
En ese sentido, Peimbert Calvo destacó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “el ejercicio pleno del derecho de expresar las propias ideas y opiniones y a circular la información disponible y la posibilidad de deliberar de manera abierta y desinhibida sobre los asuntos que nos conciernen a todos, es condición indispensable para la consolidación, el funcionamiento y la preservación de los regímenes democráticos”.
 
Finalmente, señaló que las autoridades federales, estatales y municipales están obligadas a conjuntar acciones para generar las condiciones de seguridad necesarias para que quienes ejercen el periodismo lo hagan sin ningún tipo de amenaza ni peligro para su integridad.