Huajuapan de León, Oaxaca.-  Un dictamen de prisión preventiva en contra de un elemento de la policía municipal, así como la presentación de dos de sus compañeros que se vieron involucrados en el atropellamiento que le quitó la vida al activista social Salvador Olmos García; caso que hasta el momento no ha sido resuelto con claridad.

Hace unos días el Ayuntamiento de Huajuapan, informó que José Martínez Sosa juez en turno que tomó parte del atropellamiento de Salvador Olmos, fue cambiado al área jurídica del Ayuntamiento, esto derivado a un movimiento de rutina, así como evitar que este funcionario se pudiera corromper o desvirtuar la información de los hechos.

El síndico procurador Celestino Rivera Galicia, excusó el hecho como una simple rotación de personal, aunque dejó en claro que esto también se relaciona para evitar que cada uno de los funcionarios públicos cometa algún tipo de abusos en torno a los acontecimientos que se les esté dando seguimiento.

Por su parte la CNTE, tras el homicidio de Salvador Olmos el pasado 26 de junio, no ha cesado en la exigencia del esclarecimiento de los hechos ocurridos tras la detención que realizara la policía municipal, así como el presunto abuso de autoridad tanto del policía que ya se encuentra en prisión preventiva así como de los dos en calidad de presentados.

Colectivos allegados a Salvador Olmos  mediante redes sociales y medios de comunicación, como medida de protesta han lanzado un llamado a la sociedad para no permitir más abusos por parte de la policía municipal, así como del Ayuntamiento, y en respuesta la sociedad les ha apoyado con la puesta de carteles y publicaciones en torno al caso.

Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos y el Pueblo de Oaxaca, ha emitido recomendaciones en favor del afectado, así como de los familiares con el objetivo de que se inicien los procedimientos correspondientes, así de que se esclarezcan los acontecimientos registrados el 26 de junio del presenta año.

Las secuelas que ha dejado el caso en Huajuapan y Oaxaca, es un encono de las organizaciones en contra de los tres niveles de gobierno, por la falta de atención a las demandas de las organizaciones sociales, así como el respeto de las garantías individuales.