Oaxaca.- Al rendir el tercer informe de actividades de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, el titular del organismo, Arturo Peimbert Calvo, advirtió que no es posible asumir que hemos avanzado en derechos humanos por contar con una ley de vanguardia mundial que pone en la letra el mayor beneficio a favor de la persona, cuando en los hechos el interés humano es relegado al final de la lista o, simplemente, excluido.

 Subrayó que “en un tiempo de alevosías y de fracasos, no podemos asumirnos en el autoengaño de un supuesto progreso mexicano que no alcanzamos a percibir, a diferencia de la acendrada pobreza que contrasta con todo el discurso público”.

Dijo que, en el contexto en el que presenta este tercer informe anual de actividades y el actuar de la institución a su cargo en la tarea de defender los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, el aumento de acciones de la Defensoría “es en sí una denuncia de las fallas en la actuación de las autoridades”.

Peimbert Calvo cuestionó que sea posible asumir esta sociedad como vanguardista en la defensa del pueblo y de sus derechos, cuando todos los días del año mueren en Oaxaca mujeres, hombres, niñas y niños por problemas de salud totalmente prevenibles, y los indicadores de desarrollo humano “son utilizados perversamente para demostrar técnicamente la disminución del hambre y la pobreza”.

Puntualizó que “sólo en tiempo de alevosías se puede plantear que con leyes, decretos y nuevas instituciones se solucionarán los graves problemas estructurales, cuando a los agentes estatales encargados de impartir justicia les genera prurito el pobre, el indígena, el campesino, el distinto, a quienes aún juzgan y condenan lejos de las reformas e instrumentos novedosos que son enaltecidos con orgullo en cada  brindis oficial”.

Denunció la desmantelación del campo en México, y particularmente en Oaxaca, al señalar que no sólo se decidió dejar de invertir en la tierra y la generación del alimento, sino que desde la función pública, personas que han enarbolado la lucha social y han tenido la oportunidad de impulsar el campo oaxaqueño, “optaron por el subejercicio presupuestal, atentando contra el derecho de toda una población a la alimentación y al desarrollo”.

El ombudsman insistió en señalar que este tiempo está marcado por el drama del hambre, por la crisis del campo, por el colapso estrepitoso de la política económica mexicana “que obliga entre otras cosas a que se autoexilien nuestros paisanos mixtecos y triquis, quienes deciden convertirse en esclavos en lugares como San Quintín, porque aquí en Oaxaca su única posibilidad es la inanición”.

Peimbert Calvo reflexionó en que en estos tiempos la sociedad nacional discute sobre la educación y tiende a olvidar que el hambre está en las aulas, y que “el fracaso en la política económica, social y agropecuaria en México y en Oaxaca está concatenado a la crisis educativa”.

Subrayó que en México y en Oaxaca, la realidad confronta a la política gubernamental de derechos humanos cuando ésta es rebasada por la imposición de la Policía Federal y el ejército en las calles, “síntoma inequívoco de que la política misma fue rebasada”.

El ombudsman consideró que la fuerza jamás podrá ser un recurso legítimo de la autoridad para frenar el adelanto de la ciudadanía, por lo cual los gobernantes deben acelerar el paso para alcanzar a la vanguardia social, en vez de detener el avance democrático.

Peimbert Calvo destacó que la defensa de los derechos humanos ha sido hasta ahora una válvula de escape para la presión social ante el abuso de poder, y advirtió que, de persistir la insistencia de las autoridades para cancelar a la ciudadanía esta opción, quedaría un escenario de confrontación y violencia que nadie desea.

“Hoy las autoridades están obligadas a comprender la historia y percatarse de que cuando se agotan todas las vías, lo que sigue es la insurrección”, recalcó.

Expuso que mientras no se atienda integralmente el capítulo de la educación en México, “fracasará cualquier reforma, cualquier decreto, cualquier institución nueva o vieja. Y en lo que esta discusión se resuelve tenemos enfrente una población en estado de indefensión por falta de educación y preparación frente a esta gravísima crisis”, por lo cual demandó que la ciudadanía tiene el derecho de saber cómo planea el gobierno resolver la cuestión.

El titular de la Defensoría apuntó que la situación de las personas migrantes en Oaxaca es una muestra de que México ha fallado en su obligación humanitaria, pues “en territorio nuestro se ataca al hombre, a la mujer, niña o niño que migra; se les humilla, roba, viola o asesina, mientras se empoderan cada vez más las mafias del crimen organizado que encuentran protección en algún nivel de gobierno”.

Peimbert Calvo consideró que, por estas condiciones, en México y en Oaxaca han fracasado las políticas de derechos humanos, lo cual alimenta las listas del feminicidio, de ejecuciones extrajudiciales, de personas detenidas ilegalmente, torturadas, desparecidas, de poblaciones empobrecidas, desplazadas, de personas enfermas sin la mínima atención”.

 Cito como muestra de esta falla los casos de Yakiri Rubio Aupar, de quien reveló está en riesgo de muerte junto con su abogada por defenderse de una violación, y recordó al fotoperiodista Rubén Espinosa, a la defensora Nadia Vera y otras tres mujeres “asesinados con el tiro de gracia, ante la inoperancia de un sistema federal de protección a periodistas y defensores”.

El ombudsman no dejó de recordar a los 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada en Iguala, a los miles de migrantes que mueren en su camino por México, la impunidad “en asesinatos arteros como los de la defensora como Bety Cariño y el activista Jiry Jakkola y que permite que un niño sea asesinado en Amoltepec por disputas político-presupuestales..

Peimbert Calvo también expresó que el fracaso de las políticas humanitarias ocasiona que en Oaxaca sigan muriendo mujeres por cáncer cervicouterino como primera causa, habiendo una vacuna presupuestada y etiquetada en el sector salud.

Evocó asimismo a los cuatro periodistas asesinados en Oaxaca durante este año, a los golpeados y a los amenazados por policías o por otras autoridades; a las y los defensores de derechos humanos hostigados y atacados por levantar la voz frente a la alevosía, “por pretender usar el derecho como instrumento para detener la afrenta contra el pueblo”.

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PIE DE FOTO: El titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, rindió este lunes 17 de agosto el tercer informe de actividades de la institución pública autónoma. Advirtió que no es posible asumir que hemos avanzado en derechos humanos si éstos quedan relegados al final de la lista o, simplemente, excluidos.

 

 

TEXTO ÍNTEGRO DEL MENSAJE

 

INTERVENCIÓN DEL LICENCIADO ARTURO DE JESUS PEIMBERT CALVO; 3er INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DDHPO

 

Agradezco la presencia de todas y todos ustedes, a pesar de las dificultades que nos implica la calle cerrada por la presencia policiaca. En clara y grave alegoría, hoy la Calle de los Derechos Humanos está copada por agentes armados, y sus letrinas instaladas justo frente a nuestras puertas. Clara y grave alegoría que nos dice a gritos que en el país y en el estado están fracasando las políticas de derechos humanos.

 

Durante su exilio, el poeta alemán Bertolt Brecht escribió este mensaje a las generaciones futuras:

 

Verdaderamente, vivo en tiempos sombríos.

Es insensata la palabra ingenua.

Una frente lisa revela insensibilidad.

Quien ríe es que no ha oído aún la noticia terrible

 

¡Qué tiempos éstos en que hablar sobre árboles es casi un crimen

porque supone callar sobre tantas alevosías!

 

Hoy no hablaremos de árboles. Me dirijo a ustedes en tiempos sombríos, donde el sofisma demagógico plantea con matices reformistas, supuestamente trasformadores, el fortalecimiento de una fórmula económica y política que supedita el agua, el aire, la tierra y todos sus recursos a intereses particulares por encima de los intereses humanos, y que convierte a las personas en mera mano de obra, en fuerza de trabajo, en fuente de energía, reduciéndola al mismo nivel que una turbina.

 

En estos tiempos la codicia institucionalizada atropella la cosmovisión originaria que plantea sentirse parte de la tierra o del bosque, y no los dueños; en tiempos del modelo patrimonialista que deshumaniza a las personas, convirtiéndolas en objetos de utilidad y rendimiento o, en su defecto, en obstáculos a superar por cualquier vía.

 

Es éste un tiempo de alevosías y de fracasos. No podemos asumirnos en el autoengaño de un supuesto progreso mexicano que no alcanzamos a percibir, a diferencia con la acendrada pobreza que contrasta con todo el discurso público. No podemos asumir que hemos avanzado, por ejemplo, en derechos humanos por contar con una ley de vanguardia mundial que pone en la letra la preponderancia del mayor beneficio en favor de la persona, el principio pro hómine o pro persona, cuando en los hechos el interés humano es relegado al final de la lista, o simplemente es excluido.

 

¿De qué manera podríamos asumirnos como una sociedad vanguardista en la defensa del pueblo y de sus derechos, cuando todos los días del año mueren en Oaxaca mujeres, hombres, niñas y niños por problemas de salud totalmente previsibles, cuando los indicadores de desarrollo humano son utilizados perversamente para demostrar técnicamente la disminución del hambre y la pobreza? Solamente en tiempo de alevosías.

 

Sólo en tiempo de alevosías se puede plantear que con leyes y decretos y nuevas instituciones se solucionarán los graves problemas estructurales, cuando a los agentes estatales encargados de impartir justicia les genera prurito el pobre, el indígena, el campesino, el distinto, a quienes aún juzgan y condenan lejos de las reformas e instrumentos novedosos que son enaltecidos con orgullo en cada  brindis oficial.

 

En estos tiempos sombríos también se ha desmantelado el campo en México, y particularmente en Oaxaca. No sólo se decidió dejar de invertir en la tierra y la generación del alimento; más grave aún, de manera inconcebible observamos cómo desde la función pública, personas que han enarbolado la lucha social y que han tenido la oportunidad de impulsar el campo oaxaqueño, optaron por el subejercicio presupuestal, atentando contra el derecho de toda una población a la alimentación y al desarrollo.

 

Es tiempo sombrío en el campo también para el disfrute del derecho al agua. Es ofensivo constatar la alevosía burocrática que impone normas severas y restringe el agua al campesino indígena, a pesar de ser quien con sus prácticas permite la recarga de los acuíferos, mientras las grandes compañías refresqueras, cerveceras, hidroeléctricas, hoteleras, etcétera, gozan del agua que quieran y con la simplificación administrativa que les permiten las prebendas con que pagan la eficiencia institucional.

 

Estos tiempos están marcados también por el drama del hambre, por la crisis del campo, por el colapso estrepitoso de la política económica mexicana que obliga entre otras cosas a que se autoexilien nuestros paisanos mixtecos y triquis, quienes deciden convertirse en esclavos en lugares como San Quintín, porque aquí en Oaxaca su única posibilidad es la inanición. Tiempo de alevosías en que los encargados de la justicia imponen penas o fianzas multimillonarias a estos migrantes campesinos oaxaqueños, mientras los secuestradores pagan nimiedades o los narcotraficantes escapan de las cárceles.

 

En estos tiempos también la sociedad nacional discute sobre la educación y tiende a olvidar que el hambre está en las aulas, que el fracaso en la política económica, social y agropecuaria en México y en Oaxaca está concatenada a la crisis educativa. No ver el problema bajo esta lupa equivale a no querer verlo. Mientras no se atienda integralmente el capítulo de la educación en México, fracasará cualquier reforma, cualquier decreto, cualquier institución nueva o vieja. Y en lo que esta discusión se resuelve tenemos enfrente una población en estado de indefensión por falta de educación y preparación frente a esta gravísima crisis.

 

Oaxaca es muestra clara de que por décadas el gobierno no quiso educar a los oaxaqueños y eso ha traído como consecuencia que las y los habitantes del estado hayan y sean víctimas de las más graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Hoy el reto no está únicamente en cambiar las leyes, y la ciudadanía tiene el derecho de saber cómo el gobierno piensa resolver este capítulo.

 

La situación de las personas migrantes en Oaxaca es una muestra de que México ha fallado en su obligación humanitaria. En territorio nuestro, todos los días se ataca al hombre, a la mujer, niña o niño que migra; se les humilla, roba, viola o asesina y no pasa absolutamente nada, mientras se empoderan cada vez más las mafias del crimen organizado que encuentran protección en algún nivel de gobierno.

 

Por todo lo anterior podemos concluir que en México y en Oaxaca han fracasado las políticas de derechos humanos, fracaso que alimenta las listas del feminicidio, de ejecuciones extrajudiciales, de personas detenidas ilegalmente, torturadas, desparecidas, de poblaciones empobrecidas, desplazadas, de personas enfermas sin la mínima atención; que permite que hoy Yakiri esté en riesgo de muerte por defenderse de una violación, y su abogada por defenderla, y que un fotoperiodista, una defensora y otras tres mujeres hayan sido asesinadas con el tiro de gracia, ante la inoperancia de un ya cuestionadísimo sistema federal de protección a periodistas y defensores.

 

El fracaso se manifiesta en los 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada; en que mueran miles de migrantes en su camino, haciéndose polvo en el desierto.

 

El fracaso se lee en que en Oaxaca sigan muriendo mujeres como primer causa por cáncer cervicouterino, teniendo una vacuna presupuestada y etiquetada en el sector salud; que permanezcan en la impunidad asesinatos arteros como los de la defensora como Bety Cariño y el activista Jiry Jakkola; que un niño sea asesinado en Amoltepec por disputas político-presupuestales.

 

En el mismo sentido es imposible dejar de mencionar a los cuatro periodistas asesinados en Oaxaca durante el periodo del que informamos; a los golpeados y a los amenazados por policías o por otras autoridades; imposible dejar de mencionar a las y los defensores de derechos humanos hostigados, amenazados, atacados por levantar la voz frente a la alevosía, por pretender usar el derecho como instrumento para detener la afrenta contra el pueblo. Imposible dejar de ver la sangre de las y los líderes sociales asesinados por buscar mejores condiciones de vida para sus comunidades.

 

Mientras esto siga pasando en México, mientras esto siga pasando en Oaxaca, podemos estar seguros de que hemos fracasado en la protección y defensa de los derechos humanos.

 

Ese es el contexto en el que presentamos este tercer informe anual de actividades. El aumento de nuestras acciones es en sí una denuncia de las fallas en la actuación de las autoridades, y venimos a declarar cuál ha sido nuestro actuar en la tarea de defender los derechos humanos del pueblo de Oaxaca.

 

 

Las tareas de mediación y conciliación fueron capitales en el periodo que estamos reseñando.

 

En su mayor parte fueron atendidas de manera directa por el titular, facultado para habida cuenta que el Articulo 13, fracción VII de la ley de la materia, lo faculta para intervenir a petición de parte o de oficio como mediador neutral e imparcial en los procesos de negociación, con miras a encontrar las mejores vías de solución de los conflictos en los cuales se han violado o se ponen en riego los derechos humanos de la población oaxaqueña. Al respecto, se atendió un total de 39 problemas, de los cuales, por su elevada explosividad social, se destacan los siguientes:

 

El conflicto de San Juan Cotzocón, a principios de febrero de 2013, derivó de un desacuerdo tras la elección de autoridades municipales, e implicó agresiones que incluyeron ocho homicidios, la privación ilegal de la libertad de varias personas, abusos sexuales, la expulsión de personas de la comunidad, y la imposición de multas.

 

Durante febrero de 2015, la Defensoría intervino en la mediación del conflicto por el paro de labores de los cuerpos policiales dependientes de la Secretaria de Seguridad Pública del estado de Oaxaca, quienes demandaban mejoras salariales y de sus prestaciones sociales. El titular de este organismo intervino ante la situación de tensión provocada por el intento de desalojo realizado por la Policía Federal, y sostuvo reuniones con la dirigencia de este movimiento, ya que el conflicto tenía varias semanas de existir, dejando sin el servicio de seguridad pública a la población y que se corriera el riesgo de que adquiriese dimensiones de mayor gravedad, afectando la paz social del estado.

 

Esta Defensoría participó en el proceso conciliatorio del problema laboral surgido en la Facultad de Enfermería de la UABJO, donde un grupo de docentes se inconformó con el Rector de esa casa de estudios por sentirse afectadas en sus derechos. Por la intervención de la Defensoría se alcanzó una conciliación entre las partes y la reanudación de las clases en dicha institución educativa.

 

De manera directa, el titular de este organismo público ha asumido distintas acciones de mediación en algunos casos de litigios agrarios que persisten en diversos puntos de la geografía estatal, entre los cuales hay varios de cierta antigüedad y que han tenido lamentables saldos en cuanto a pérdidas de vidas humanas, personas desaparecidas o lesionadas durante enfrentamientos de carácter armado.

 

Al respecto, y a petición de parte, se han continuado las acciones de conciliación, emisión de alertas tempranas y de medidas cautelares en el problema de San Juan Mixtepec, Juxtlahuaca y Santo Domingo Yosoñama, Tlaxiaco, cuya acción agraria es la Restitución de Bienes Comunales, y en donde existe una invasión por parte de Santo Domingo Yosoñama a terrenos que San Juan Mixtepec tiene reconocidos como propios, por sentencia a su favor.

 

Otro problema social agrario grave es el de San Sebastián Nopalera, municipio de Santa Lucía Monteverde, contra Zimatlán de Lázaro Cárdenas, municipio de Putla de Guerrero, por una superficie con la que se quedó este último núcleo después de la firma de un convenio entre Yosotato y Nopalera, cuya solución definitiva sería la división del ejido.

 

Adicionalmente se ha tenido participación en la búsqueda de alternativas de conciliación entre Chalcatongo de Hidalgo y Santo Domingo Ixcatlán, ambos del distrito de Tlaxiaco, donde Chalcatongo posee desde tiempo inmemorial tierras de Santo Domingo Ixcatlán, las cuales son propiedad de este último pueblo, según documentos antiguos que posee la población de Ixcatlán.

 

Se intervino también en los problemas de Santa Catarina Yosonotú, distrito de Tlaxiaco, y Santa Lucía Monteverde, distrito de Putla; así como el suscitado en Tlaxiaco con los pequeños propietarios de ese mismo núcleo poblacional. El conflicto entre Santiago Amoltepec y San Mateo Yucutindoó, en la Sierra Sur, por límites, el cual exige atención prioritaria debido a que el problema es de invasión, inconformidad de ejecución y falta de acciones agrarias por parte de las instituciones del sector; al respecto la Defensoría ha intervenido retomando el proceso de pacificación en la zona, llevándolo al consenso de las asambleas de ambos poblados.

 

Se realizaron actividades de mediación ante la invasión de terrenos de Santa María Zaniza, causada por Santiago Amoltepec, en la que se suscitaron violaciones a derechos humanos; asimismo, en la región del Istmo de Tehuantepec se atendió el problema social derivado de la restitución de tierras que amparan los títulos primordiales de San Francisco del Mar, y en los que quedan incluidos los poblados de San Francisco Ixhuatán y Reforma de Pineda, donde hay 450 personas afectadas que se consideran pequeños propietarios.

 

Esta Defensoría intervino asimismo en el caso suscitado en el Centro de Reinserción Social para Mujeres de Tanivet, Tlacolula, en el que diez internas fueron trasladadas de manera arbitraria a este centro de reinserción social, ocasionando dilación en sus procesos, además de que se pone en riesgo su integridad personal en los traslados debido a las malas condiciones de los vehículos, a lo que se suma el trato vejatorio de que han sido objeto por parte de las autoridades.

 

Entre los logros relevantes de esta Defensoría enumero los siguientes:

 

Este organismo defensor realizó una revisión exhaustiva y meticulosa al proceso para la emisión de medidas cautelares. Dicha actividad permitió, desde una mirada integral, analizar los distintos supuestos que se presentan para lograr la plena protección de los derechos humanos en el estado, cuando están en riesgo de ser vulnerados. El proceso se efectuó de manera participativa, de modo que el personal de esta institución e integrantes de diversas organizaciones civiles defensoras de derechos humanos aportaron su experiencia y conocimientos para elaborar este instrumento.

 

La elaboración de la iniciativa de la nueva Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad constituye uno de los aciertos más notables del presente periodo, al permitir que este organismo pudiera generar un proceso estratégico de articulación con las organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas interesadas, para crear una nueva Ley acorde con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

 

México es el país americano más peligroso para ejercer el periodismo. La situación de defensoras y defensores de derechos humanos es similar. Para hacer frente a esa realidad e intentar revertir la tendencia que ubica a Oaxaca entre los primeros lugares nacionales en número de agravios contra esos actores sociales, este organismo instaló en marzo la Defensoría especializada en protección a periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos, espacio único de su tipo en el país, y que ya ha atraído la atención de instancias incluso internacionales.

 

En cuanto al trabajo con ayuntamientos, este organismo ha iniciado la tarea de asesorar a municipios anuentes para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la planeación del desarrollo municipal. Igualmente se estableció diálogo directo y constante con once municipios del estado, mediante un programa que promueve el respeto y la garantía en el cumplimiento de los derechos humanos.

 

Quiero destacar que esta Defensoría es el primer organismo en su tipo que incide para que el documento rector de la política municipal fuese elaborado desde el enfoque de derechos. Este fue el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Cuilapan de Guerrero, el primero en su tipo a nivel nacional, elaborado bajo el enfoque de derechos humanos, de género e interculturalidad. Esta acción se sienta un importante precedente, ya que representa un proceso de aprendizaje para la totalidad del cabildo municipal, además de ser un modelo que puede replicarse en otras latitudes del estado y del país.

 

La oficina del Defensor lleva un registro pormenorizado de las audiencias privadas y públicas que en mi calidad de titular ofrezco a quienes las solicitan. En el presente periodo estas audiencias ascendieron a un total de mil 950. En cuanto a las respuestas otorgadas a cada uno de los planteamientos recibidos en forma escrita o por medios electrónicos, se alcanzaron cinco mil 143 trámites.

 

La Oficina del Defensor participó en 808 reuniones de trabajo al interior del organismo, en las regiones del estado y en otras entidades del país. Además, registra 340 visitas a Centros de Reinserción Social y otras 322 visitas a instituciones de atención pública, como hospitales, albergues, internados y centros educativos, entre otros.

 

Con el objeto de sumar esfuerzos en la realización de las diversas actividades tendentes a mejorar de manera sensible las tareas de defensa y protección, así como las relativas al fortalecimiento de una cultura de los derechos humanos a lo largo y ancho del territorio oaxaqueño, suscribí como titular de la Defensoría seis convenios de colaboración con instituciones oficiales de los tres órdenes de gobierno y con organizaciones de la sociedad civil.

 

Suscribí dichos convenios con el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, con el Poder Judicial del Estado de Oaxaca, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la Delegación Estatal de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con el Ayuntamiento de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, y con la Asociación Civil Española Scouts de Extremadura.

 

Coadyuvar en la construcción de la cultura de los derechos humanos es una acción relevante en la Defensoría. En este periodo, el organismo realizó acciones educativas y de investigación estratégica, con el propósito de lograr eficazmente la prevención, promoción, protección, respeto y garantía de los derechos humanos en el estado de Oaxaca. Mediante las acciones específicas desarrolladas se logró atender en este rubro a 30 mil 742 personas, en quienes se fortalecieron los principios de igualdad y no discriminación, los derechos de las personas con discapacidad, de los pueblos indígenas, de niñas, niños, adolescentes y jóvenes; de personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI); de periodistas, comunicadoras y defensoras de derechos humanos; mujeres, migrantes, y personas afromexicanas. Esta cifra de atención superó en 51 por ciento a las 20 mil 347 personas beneficiarias del ejercicio previo.

 

En el periodo, la Defensoría diseñó y operó acciones colegiadas de educación y promoción de los derechos humanos, así como de investigación para la elaboración de políticas públicas. El propósito es construir, bajo un enfoque de género e interculturalidad, mejores estrategias para un diálogo cercano y permanente entre las autoridades municipales y la población en general. Este análisis permitió la elaboración y operación de un programa de fortalecimiento de los derechos humanos a nivel municipal, compartiendo esfuerzos con 71 ayuntamientos ubicados en distintas regiones del estado.

 

La participación de la sociedad civil organizada para la defensa y promoción de los derechos humanos es de gran relevancia. En este periodo la Defensoría realizó 74 acciones de vinculación con 23 organizaciones defensoras de derechos humanos.

 

Con el propósito de ampliar los conocimientos y la capacidad de gestión de los sectores sociales del Estado sobre el ejercicio de los derechos humanos, la Defensoría puso en marcha seis estrategias, de las cuales se derivaron 453 acciones de difusión sobre los diversos temas en esta materia.

 

Las alertas tempranas constituyen un mecanismo legal con el que cuenta esta Defensoría, con el propósito de visibilizar situaciones de emergencia que pueden desembocar en posibles violaciones colectivas de derechos humanos en el estado. En este periodo la Defensoría emitió a las autoridades siete alertas tempranas por distintas situaciones de riesgo, motivadas por causas sociales o ambientales.

 

La recepción de quejas y peticiones se realizó en las 12 Defensorías Regionales del interior del Estado, así como en la oficina central ubicada en la ciudad de Oaxaca de Juárez, permitiendo atender a 16 mil 598 personas ante diversos sucesos en que consideraron que sus derechos humanos fueron violentados.

 

El Cuaderno de Antecedentes es un instrumento para registrar en casos en que el tema planteado no implique el inicio de un expediente de queja, pero sí se considere que dicho suceso podría implicar violaciones a derechos humanos. En el periodo que se informa, se iniciaron dos mil 460 Cuadernos de Antecedentes que, comparados con los mil 951 del ejercicio anterior, representan un incremento de 4 por ciento. Con respecto a los cuadernos de antecedentes concluidos por esta Defensoría, alcanzaron la cifra de mil 872, los que comparados con los mil 367 del periodo anterior, indican un incremento del 37 por ciento.

 

La Defensoría inicia un expediente de queja al tener conocimiento, de manera directa o por cualquier medio de comunicación, de violaciones a derechos humanos graves o reiteradas. En este periodo el organismo defensor inició dos mil 810 expedientes de queja, de los cuales mil 787 fueron registrados en la oficina central y mil 23 fueron integrados en las defensorías regionales. A éstos, se les sumaron mil 325 quejas pendientes del periodo anterior, y ocho asuntos reabiertos, para un total de cuatro mil 143 expedientes, que representan un cinco  por ciento de incremento con respecto a los tres mil 948 expedientes atendidos en el ejercicio anterior.

 

En el periodo que me permito informar, dos mil 127 expedientes de queja correspondieron a asuntos de competencia de la Defensoría. De estos, en 867 casos se determinó la conclusión porque la parte agraviada se dio por satisfecha durante el trámite. Las siguientes causas más frecuentes para la conclusión de las quejas fueron: por no existir elementos, 376 casos; 233, por falta de interés de personas denunciantes. Y a ello se suman los 135 casos en los cuales hubo desistimiento de la queja; 227 fueron por propuestas de conciliación; y 96, por no existir violación a derechos humanos.

 

Además, la Defensoría concilió en el presente periodo 227 asuntos, de cuyos convenios 32 están en términos de aceptación, 57 se han cumplido en su totalidad y 138 se encuentran en proceso de cumplimiento.

 

Cuando el proceso de investigación de la queja o petición compruebe y documente que existió una violación a derechos humanos, la Defensoría está facultada para emitir recomendaciones. La Recomendación es un documento público, actualizado a los lineamientos que dictan los estándares internacionales que señalan las medidas que proceden para la efectiva restitución a las y los afectados de sus derechos fundamentales, y en su caso, para la reparación de los daños y perjuicios que les hubiesen ocasionado. Se emitieron en el año 15 recomendaciones dirigidas a autoridades estatales y municipales, en cuyo contenido se visibilizaron las violaciones a derechos específicos y a los responsables directos de su ejecución, además de exigir la reparación del daño, la restitución de derechos y la no repetición del acto cometido.

 

Las recomendaciones emitidas en el periodo son las siguientes:

 

Recomendación 10/2014. Fue emitida el 11 de junio de 2014, y dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública por violaciones al derecho a la integridad personal, a la legalidad y seguridad jurídica, así como violaciones al derecho a los menores a que se proteja su integridad, en contra de habitantes de Santa Catarina Mechoacán, Jamiltepec, Oaxaca.

 

Recomendación 11/2014. Emitida el 11 de junio de 2014 al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, por violaciones a los derechos humanos a la vida, a la niñez, a la legalidad y seguridad jurídica en agravio de una persona del sexo femenino, habitante de Santa María Jicaltepec, Pinotepa Nacional, Oaxaca.

 

Recomendación 12/2014. Fue emitida el 4 de julio de 2014, y dirigida al Ayuntamiento de San Juan Cotzocón, Mixe, Oaxaca; a la Secretaría General de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por acciones y omisiones contrarias a la administración pública, violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal, por tratos crueles, inhumanos y degradantes; a la legalidad y a la seguridad jurídica, a la resistencia y a la educación, así como el derecho a las mujeres.

 

Recomendación 13/2014. Fue emitida el 25 de septiembre de 2014, dirigida a la Secretaría de Vialidad y Trasporte del Estado por violaciones a la seguridad jurídica por prestar indebidamente el servicio público al omitir la expedición de licencias y permisos, en contra de un grupo de personas habitantes del municipio de Reyes, Etla.

 

Recomendación 14/2014. Dirigida a la Secretaría de Salud del Estado el 3 de noviembre de 2014, por agravio al derecho de petición y al trabajo en contra de un grupo de personas del Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales en Salud (SITYPS) número 626, dependiente de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

 

Recomendación 15/2014. Con fecha 26 de diciembre de 2014, fue emitida al Ayuntamiento de Loma Bonita, Tuxtepec, Oaxaca, y a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, por violaciones a los derechos humanos al efectivo acceso a la justicia, a la seguridad jurídica y al trabajo, en agravio de un grupo de personas ex servidoras públicas del municipio referido, por la inejecución del laudo emitido mediante el cual se condenó al ayuntamiento el pago de sus prestaciones laborales.

 

Recomendación 1/2015. Emitida el 6 de marzo de 2015 a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por violaciones a la seguridad jurídica (acciones u omisiones contrarias a los derechos de las personas privadas de su libertad); trasladar injustificadamente a reclusos o internos; al derecho a una defensa adecuada, que garantizan la vinculación social de las internas e internos; al derecho a la integridad y seguridad personal; y a la salud, en agravio de un grupo de mujeres internas en el Reclusorio Femenil de San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, las cuales fueron trasladadas de Centros de Reinserción Social de Tehuantepec y de Matías Romero sin notificación alguna, y en contra de lo establecido por el artículo 18 de la Carta Magna, alejándolas del lugar de su proceso penal y, particularmente, de su familia. En virtud de lo anterior, algunas de ellas no pueden coordinarse con sus defensores particulares o públicos, su familia no acude a visitarlas por lo lejano del lugar y la falta de recursos económicos, además de la falta de atención médica especializada para dos internas del mismo penal.

 

Recomendación 2/2015. Fue emitida el 2 de abril de 2015, dirigida a la Secretaría de Salud, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Ayuntamiento de Eloxochitlán de Flores Magón, Teotitlán, Oaxaca, por violaciones a la seguridad ciudadana, la vida, la salud, la educación y el acceso a la información y transparencia de la gestión pública, en agravio de habitantes de Eloxochitlán de Flores Magón.

 

Recomendación 3/2015. Se emitió con fecha 23 de abril de 2015, y fue dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica (emplear arbitrariamente la fuerza pública); a una defensa adecuada (trasladar injustificadamente a reclusos o internos); a la integridad y seguridad personal (actos u omisiones contrarios al derecho a la integridad y seguridad personal), en contra de una persona del sexo masculino, interno del reclusorio de Etla, quien al ser sometido por el personal de custodia con uso excesivo de la fuerza, sufrió una luxación del brazo derecho. Al recibir atención médica en el Hospital General, y sin autorización del juez, fue trasladado al Centro de Internamiento de Santa Catarina Juquila, Oaxaca, a pesar del tratamiento y consultas que el afectado tenía en el hospital, lo que generó que el afectado pagara su propia intervención quirúrgica en una clínica particular con el fin de acomodarle el brazo.

 

Recomendación 4/2015. Fue dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca y el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el día 6 de mayo de 2015, por Violaciones a los derechos humanos a la libertad y seguridad personal (Detención ilegal y arbitraria); a la integridad personal (Derecho al respeto a la integridad física, psíquica y moral, uso excesivo de la fuerza pública) y a defender los derechos, en agravio de una persona de sexo masculino que participó de la marcha realizada el primero de mayo de 2013, en conmemoración del Día del Trabajo.

 

Recomendación 5/2015. Fue emitida el 7 de mayo de 2015, y dirigida al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, por violaciones a los derechos humanos a los derechos de la niñez (Derecho a la protección especial atendiendo siempre al interés superior de la niña y el niño), integridad personal y a la educación, en agravio de una persona menor de edad golpeado con un cinturón por un profesor encargado del grupo, el 2 de mayo de 2014 en la escuela primaria “Sor Juana Inés de la Cruz”, ubicada en Santa Catarina Juquila, Oaxaca.

 

Recomendación 6/2015. Dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado el 7 de mayo de 2015, por violaciones a los derechos humanos a la libertad y seguridad personal, a la integridad personal y a la seguridad jurídica, cometidas en agravio de personas integrantes de una organización social, quienes el día 2 de octubre de 2013 habían instalado una mesa de información sobre el tema de la privatización del petróleo en el parque Juárez “El Llano”, y al ver que pasaba de forma desordenada una marcha de estudiantes y anarquistas, optaron por recoger sus cosas y retirarse; cuando se disponían a salir los detuvo la policía estatal preguntando qué hacían en el lugar, y sin atender argumentos, los uniformados empezaron a golpearlos y los detuvieron por faltas administrativas y escandalizar en vía pública. Los pasearon en la patrulla y los amenazaron para que no denunciaran y los dejaron libres; además, les sustrajeron una computadora portátil, una cámara fotográfica profesional y un accesorio de sonido; dichos objetos no fueron incluidos en el parte informativo de la policía.

 

Recomendación 7/2015. Emitida el 9 de mayo de 2015, y dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Estado, por violaciones a los derechos humanos al debido proceso; a una investigación diligente y exhaustiva, y a los derechos de la víctima o de la persona ofendida, en agravio de una persona menor de edad que trabajaba en la construcción, ya que en la obra se suscitó una explosión que derivó que el menor perdiera la vista en su totalidad. El dueño de la obra y el contratista no le bridaron apoyo médico, por lo que el padre presentó una denuncia en contra de quien o quienes resulten responsables en la comisión del delito de lesiones y los que se configuren en perjuicio del menor. En el proceso de integración hubo irregularidades al tener faltantes de firmas y el extravío del expediente, lo cual, a la fecha sigue sin ser investigado, y por ende sin procurarse una justicia pronta y expedita a favor de la persona agraviada.

 

Recomendación 8/2015. Derivada de la Sesión del Consejo Ciudadano celebrada en el Istmo, una persona asistente emitió una denuncia ante el agravio de las personas que en todo el estado, específicamente en el Istmo de Tehuantepec, padecen una enfermedad renal crónica, y ninguna unidad de salud dependiente de los Servicios de Salud de Oaxaca cuenta con el equipamiento para realizar hemodiálisis; estas unidades médicas únicamente efectúan diálisis peritoneal, servicio ofrecido en los hospitales generales de Juchitán, Huajuapan de León, Salina Cruz, San Pablo Huixtepec, Puerto Escondido y el Hospital General “Doctor Aurelio Valdivieso” de Oaxaca.

 

Recomendación 9/2015. Emitida con fecha 9 de mayo de 2015, y fue dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por violaciones al derecho a la seguridad jurídica (derecho a que todo acto de autoridad esté fundado y motivado en leyes formales de carácter general –Principio de legalidad–), en agravio de una persona del sexo femenino, cuando en el mes de enero del año 2013, elementos de Tránsito del Estado cometieron actos ilegales consistentes en el despojo y retención de vehículos de motor. Esta Defensoría emitió una Propuesta de Conciliación en el sentido de que se instruyera a los elementos de tránsito para que se condujeran con apego a derecho, pero que no fue acatada toda vez que continuaron implementándose operativos para detener y despojar a los conductores de sus bienes. A lo anterior se le suma el desabasto de placas para motocicletas en el Estado y que con motivo de la entrega-recepción de la Dirección de Tránsito del Estado a la Secretaría de Vialidad y Transporte, se suspendieron las expediciones de licencias.

 

En la aplicación del Protocolo de emisión de Medidas Cautelares de este organismo, se consideró la gravedad y urgencia de la situación, su contexto e inminencia del daño en cuestión, emitiéndose en el periodo 719 de estas medidas, que comparadas con las 575 del periodo anterior, representan un incremento de 25 por ciento. Es de trascendencia para la Defensoría mencionar que en el periodo que se informa, y en el ejercicio del protocolo de medidas cautelares para defensoras y defensores de derechos humanos, el cual tiene como fin la protección y salvaguarda de la integridad física del beneficiario o beneficiaria, se emitieron 19 medidas cautelares, de las cuales diez fueron para personas defensoras de derechos humanos, seis para periodistas y tres medidas cautelares grupales para defensoras y defensores de derechos humanos.

 

La operación del programa de Atención a Víctimas benefició en este periodo a dos mil 660 personas, que representa un incremento del 173 por ciento con respecto al ejercicio previo. La población atendida fue de mil 846 mujeres y 528 hombres, así como 145 niñas y 183 niños. Este número de personas integran el universo de atención en donde víctimas, familiares y testigos reciben atención preventiva, médica o psicológica para superar cualquier situación que pueda afectarles física o emocionalmente.

 

Como se mencionó en el informe anterior, el Congreso del Estado aprobó a este organismo, para el ejercicio 2014, un presupuesto de 36 millones 977 mil pesos, autorizando posteriormente dentro del mismo ejercicio, una ampliación por la cantidad de cuatro millones de pesos, que sumada a lo anterior, ascendió a un monto de 40 millones 976 mil pesos, los cuales fueron ejercidos en su totalidad.

 

En el ejercicio mencionado, en el rubro de servicios personales fue autorizada una plantilla de 162 plazas, entre personal con nombramiento de confianza y el que correspondió a contrato por honorarios asimilables a salarios. En cuanto a bienes muebles, se realizaron adquisiciones como sillones ejecutivos, sillas apilables, anaqueles y credenzas, con cargo a la partida de mobiliario y equipo de oficina, y una pantalla para proyecciones multimedia que forma parte del equipo audiovisual, además de un automóvil que se suma a la todavía insuficiente planta vehicular de este organismo. En cuanto a inversión pública, se continuó la rehabilitación y acondicionamiento del edificio de Arteaga número 414, donde se ubica el Centro Integral para la Prevención, Protección y Promoción de los Derechos Humanos, dependiente de esta Defensoría.

 

En un proceso inédito, a partir del mes de septiembre se dio inicio a un ejercicio de planeación participativa para la construcción del Programa Operativo Anual 2015, involucrando a las diversas áreas de la Defensoría para reorientar la misión, la visión, el objetivo estratégico, la estructura programática y la matriz de indicadores y presupuesto. En esta tarea, el Consejo Ciudadano participó activamente en la revisión y aprobación de la propuesta, misma que ascendió a un monto total de 64 millones 376 mil pesos.

 

Estos son tiempos en que no hay suficiente comida, no hay salud, cuando la educación es un bien que no posee la gente, cuando no hay qué sembrar y el campo tiene sed. Cuando la gente ya no cree en nada: ni en las instituciones, ni en los derechos; cuando la realidad está por encima del discurso oficial y la desestabilidad social está en puerta como producto del desinterés gubernamental por garantizar los derechos humanos. Hoy, la confrontación y la violencia son previsibles productos de esta gran simulación.

 

En México y en Oaxaca, la realidad confronta a la política gubernamental de derechos humanos. Cuando ésta es rebasada por la política del fuego y la sangre, por la política de la Policía Federal y el ejército en las calles, es síntoma inequívoco de que la política misma fue rebasada.

 

Jamás podrá la fuerza ser un recurso legítimo de la autoridad para frenar el adelanto de la ciudadanía. Su obligación es acelerar el paso para alcanzar a la vanguardia social, en lugar de detener por la vía de la fuerza el avance democrático. Sacar a las calles a la fuerza pública es una señal del fracaso de la política.

 

La defensa de los derechos humanos ha sido hasta ahora una válvula de escape para la presión social ante el abuso de poder. De agotarse esta vía, de persistir la insistencia de las autoridades para cancelar a la ciudadanía esta opción, rebasadas las instituciones, divorciadas de la sociedad, lo que quedaría es un escenario de confrontación y violencia que nadie desea. Hoy las autoridades están obligadas a comprender la historia y percatarse de que cuando se agotan todas las vías, lo que sigue es la insurrección.

 

Muchas gracias por su atención.