Oaxaca.- El Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, advirtió que hay servidores públicos y particulares que pretenden descarrilar el proceso de alternancia y transición democrática de Oaxaca, en un intento de recobrar antiguos fueros e imponer de nuevo a la sociedad el oscurantismo autoritario basado en la persecución, las desapariciones, el encarcelamiento y el asesinato por motivos políticos.

Peimbert Calvo recalcó que descarrilar la alternancia política y frenar la transición es impedir el avance de los derechos humanos, e implicaría un grave problema no sólo de gobernanza, sino también de seguridad, pues “se pone en riesgo la estabilidad del país”.

Así lo señaló en su mensaje al rendir su segundo informe anual de actividades correspondiente al periodo de mayo de 2013 a mayo de 2014, en presencia del gobernador Gabino Cué Monteagudo y los integrantes del Consejo Ciudadano, en que denunció que hay quienes “buscan desestabilizar a las instituciones y apuestan a generar encono de los gobernados hacia los gobernantes”.

Asimismo, ante los titulares del poder legislativo y del poder judicial, Alejandro Avilés Álvarez y Alfredo Lagunas Rivera, el ombudsman señaló que durante el segundo año de trabajo de la Defensoría, el estado estuvo inmerso en permanente conflictividad social que fue provocada en varios casos, los cuales derivaron en violencia, intentos por quebrantar la institucionalidad y violaciones a los derechos humanos, así como en el uso de la bandera de estos principios como recurso para minar el Estado de derecho.

Aquí hizo un llamado a las y los funcionarios progresistas, las organizaciones de la sociedad civil, los pueblos y comunidades indígenas a consolidar la alternancia y construir la transición. “Nuestro estandarte común es la defensa de la dignidad, y los derechos humanos son la divisa necesaria para arribar a la gobernanza y la transición”, señaló.

Convocó también a toda la ciudadanía para establecer un pacto comunitario por los derechos humanos y asumir a la Defensoría “como un espacio en el que de manera conjunta podemos frenar cualquier intento de regresión”, pues “no hay que olvidar que todos somos pasajeros en el mismo barco”.

El ombudsman dijo que es necesario actualizar al personal en materia de derechos humanos, hacer funcional la operación de las defensorías especializadas y mejorar la atención a las víctimas, pero esto “será insuperable”, dijo, si no hay un aumento significativo de los recursos asignados al funcionamiento de la institución.

Entre los logros de la institución en este segundo año, Arturo Peimbert destacó el hecho de que una instancia jurisdiccional reconsiderara su determinación con base en una perspectiva de derechos humanos sobre el caso de una menor que fue enviada temporalmente a un albergue para preservar su integridad. Reconoció en ese caso el papel de los medios de comunicación y la disposición del Poder Judicial del Estado.

Durante este periodo, dijo el Defensor, se fortalecieron acciones preventivas para el respeto de los derechos humanos mediante acciones de investigación, educación, promoción y difusión de los derechos de personas privadas de su libertad y con discapacidad.

Asimismo, informó que se creó el Centro Integral para la Prevención, Protección y Promoción de los Derechos Humanos, con lo que se incrementó en 70% el patrimonio edificado por la Defensoría.

Peimbert Calvo dio a conocer que son precisamente las autoridades municipales las principales violadoras de los derechos humanos, y en segundo lugar se encuentra la Procuraduría de Justicia del Estado, seguida por la Secretaría de Seguridad Pública, el IEEPO, el Tribunal Superior de Justicia del Estado y la Secretaría de Salud, que sumaron entre todas dos mil 571 expedientes de queja, que representan el 88% del total de reclamaciones recibidas en este año.

Durante este periodo, detalló, se iniciaron dos mil 928 expedientes de queja que, junto con los que ya estaban en trámite y anteriores, suman un total de 3 mil 948 presentadas por hombres, mujeres, personas menores de edad, organizaciones de la sociedad civil, colectivos y grupos sociales. De éstos se concluyeron 2 mil 637 y mil 311 continúan en trámite.

El titular de la Defensoría expuso que durante el ciclo el organismo realizó mil 184 actividades tendientes a promover el fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos, entre talleres, pláticas, conferencias, orientaciones y la presentación de la obra de teatro guiñol “Los derechos son nuestros”, con las que se promovió entre la sociedad oaxaqueña y entre autoridades la importancia de conocer y exigir, así como promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Peimbert Calvo indicó que en las mil 184 actividades formativas participaron 20 mil 347 personas con el apoyo y participación de cuatro mil 844 personas servidoras públicas del gobierno del estado y de los gobiernos municipales de las ocho regiones de Oaxaca, además de integrantes de organizaciones de la sociedad civil y la capacitación a 257 militares de la 28va Zona Militar, de distintos rangos jerárquicos.

El ombudsman comentó que se emitieron 8 alertas tempranas en aspectos relacionados con la salud por carencias en la red obstétrica, por daños a la educación debido al retraso del inicio del ciclo escolar 2013-2014, conflictos poselectorales, agresiones a periodistas, por el riesgo de lesionar el derecho de la sociedad a estar informada y por conflictos territoriales y agrarios.

Durante el ciclo reseñado, la institución dictó 575 medidas cautelares con la finalidad de proteger los derechos de personas o colectividades que estuvieron en situación de riesgo inminente de violaciones graves a los derechos humanos o de daños irremediables derivados de éstas, señaló el funcionario.

La mayoría de las solicitudes de medidas cautelares, señaló, fueron dirigidas, en orden descendente, a ayuntamientos, a la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública y al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.

Las principales solicitudes, dijo el Defensor, fueron en el sentido de poner en libertad a personas detenidas ilegalmente, evitar amenazas para la seguridad de las personas, evitar cometer acciones sin mandato judicial o de autoridad competente, salvaguardar derechos de personas en situación de reclusión y continuar con la prestación de servicios públicos, como el de agua potable.

Peimbert Calvo destacó que durante este periodo se formularon 182 propuestas de conciliación de 212 expedientes, de los cuales 165 fueron aceptadas por las instancias señaladas, se cumplieron totalmente 75 acuerdos y siguen pendientes 107 más.

Asimismo, refirió, durante este periodo se emitieron 15 Recomendaciones a autoridades municipales de la Ciudad de Oaxaca, San Juan Azolotepec, Santiago Amoltepec, Tlaxiaco y Reyes Etla, así como al IEEPO, Junta de Arbitraje para empleados al servicio de los Poderes del Estado, Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretario de Seguridad Pública, Secretario de Asuntos Indígenas y Secretario de Salud.

Peimbert Calvo subrayó que por primera vez la Defensoría participó como instancia mediadora en un conflicto por posesión de tierras, en el caso de los municipios de Zimatlán de Lázaro Cárdenas y San Sebastián Nopalera, en donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una medida cautelar a la comunidad de Zimatlán y se ha dado seguimiento al cumplimiento de la medida otorgada por éste organismo internacional a un grupo de pobladores de la región triqui, lo que ha evitado hasta ahora nuevas confrontaciones en las comunidades.

La Defensoría, rememoró su titular, realizó dos informes especiales a autoridades federales por las violaciones a derechos humanos de presos de San Agustín Loxicha trasladados a penales de otro estado, y sobre la violación a los derechos a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas de Valles Centrales, en relación con el decreto de veda del acuífero en el valle de Oaxaca.

El ombudsman declaró que, en este último caso, la intervención de la Defensoría sentó un precedente acerca de la importancia de respetar estos derechos por parte de las autoridades no sólo estatales, sino también federales.

Peimbert Calvo comentó que a raíz del impulso a proyectos de explotación minera, instalación de proyectos de generación de energía eólica y construcción de la presa Paso de la Reina, en diferentes regiones del estado, se ha registrado casos de inconformidad, enfrentamientos y denuncias sobre la falta de consulta o la realización de consultas amañadas, además de suscitarse agresiones y amenazas contra defensores y defensoras civiles y comunitarios de derechos humanos.

En su informe, el Defensor destacó también que el organismo a su cargo realizó dos diagnósticos: uno sobre la situación que guardan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y el segundo sobre el ejercicio de los derechos de comunicadores y comunicadoras en el estado, que será dado a conocer en breve.