Un juez federal dictó auto de formal prisión contra María de los Ángeles Pineda Villa –esposa del ex presidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca–, acusada de proteger y proporcionar apoyo económico al grupo delincuencial conocido como Guerreros Unidos.

De acuerdo con una nota del periódico La Jornada, la decisión emitida por el juzgado tercero de distrito en procesos penales federales en el estado de México, con residencia en Toluca, consideró que existen elementos suficientes para procesar a la acusada por delincuencia organizada, en su modalidad de ilícitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Pineda Villa, quien fue detenida junto con su esposo el 4 de noviembre pasado, por estar presuntamente vinculada con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa –ocurrida el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero– seguirá su proceso penal en la cárcel, debido a que los delitos que se le imputan son graves.

Según el Consejo de la Judicatura Federal, la sentencia establece que Pineda Villa “se adhirió al grupo delincuencial conocido como Guerreros Unidos por lo menos desde 2005, a la fecha de su detención” y que su participación era “dar protección y apoyo económico para lograr los fines de ese grupo, a través de la compra de bienes inmuebles o muebles, o bien, trasladando e invirtiendo numerario producto de la venta y distribución de droga, principalmente en el estado de Guerrero y otras entidades federativas en las que dicho cártel tiene presencia”.

Agregó que sus declaraciones de ingresos ante el Servicio de Administración Tributaria, de 2009 a 2012, presentan una diferencia de entradas no comprobables de 3 millones 286 mil 641 pesos.

Asimismo, en el periodo de 2009 a 2014 recibió depósitos por 13 millones 722 mil 849 que “con probabilidad procedían ilícitamente del grupo Guerreros Unidos”. Pineda se encuentra recluida en el Centro Federal Femenil Noroeste, ubicado en Tepic, Nayarit.

Irrumpen padres de normalistas desaparecidos en sedes militares

El tlaxcalteca Mario González, padre de César Manuel, uno de los 43 normalistas de Aytozinapa, víctimas de desaparición forzada, estaba enfurecido. “Ellos se los llevaron, malditos”, gritó el hombre frente al 27 Batallón de Infantería ubicada en Iguala, Guerrero.

Minutos después su rostro se volvió a encender como la lava. Pateó un petardo hacia un grupo de militares que usaba equipo antimotines. “¡Cuidado!” grita Mario —quien desde hace 107 días busca a su hijo—, y retiró a otras madres de normalistas que protestaban frente al cuartel, para protegerlas.

Ésta fue una de las escenas ayer, como parte de las acciones de los padres de los desaparecidos, alumnos de Ayotzinapa e integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), que escalaron y devinieron en violencia contra los cuarteles de las fuerzas armadas de Iguala y Chilpancingo.

Según otra nota del diario El Universal, en total hubo manifestaciones frente a cuarteles militares en cuatro estados y el Distrito Federal, para exigir que éstos abran sus puertas y permitan la búsqueda de los normalistas en sus instalaciones.

Además de Guerrero, en Chiapas, alrededor de 500 maestros protestaron afuera de la Guarnición castrense; en Veracruz, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) lanzaron consignas afuera del 63 Batallón de Infantería.

Los integrantes de la Sección 22 del magisterio en Oaxaca replicaron las acciones; así como en la 21 Zona Militar en Morelia, Michoacán y en el cuartel de Guardias Presidenciales en calzada de Tlalpan, en la ciudad de México.

Iguala, donde el pasado 26 de septiembre desaparecieron los normalistas, fue el punto donde los padres y alumnos de Ayotzinapa protagonizaron las protestantes más violentas.

Con elementos del Ejército intercambiaron una “guerra de proyectiles” con un saldo preliminar de cuatro personas lesionadas (padres de familia y estudiantes), así como una madre de familia y un reportero retenidos por media hora por los militares.

La incursión a los cuarteles se da en el contexto de la octava acción global por Ayotzinapa, explica el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales. Exigen que se abran los campos militares de Guerrero y el Campo Militar número uno, pues según los familiares ahí podrían estar los jóvenes.

La acción comenzó a las 13:00 horas en las instalaciones del 27 Batallón de Iguala donde los padres primero exigieron la apertura del mismo y quitaron una valla perimetral de alambre de púas para ingresar al mismo.

Los normalistas detuvieron un camión de una refresquera que utilizaron como ariete para abrir la puerta. Ante ello, los militares salieron para contenerlos con equipo antimotines. Sin embargo las agresiones se intensificaron, armados con resorteras y ondas, los padres comenzaron a lanzar piedras a las fuerzas castrenses.

Alumnos de Ayotzinapa detuvieron otro tráiler de una empresa cervecera que también enfilaron hacia la puerta, abrieron los compartimientos y comenzaron una lluvia de botellas contra los militares, así como petardos y gas de extintores.

Un grupo de “anarquistas” de la ciudad de México intentó armar bombas molotov, pero sus esfuerzos fueron en vano pues no pudieron encender las botellas que apenas tenían gasolina.

“Esa respuesta es la muestra que tienen a nuestros compañeros de Ayotzinapa”, señaló Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia, en medio de la refriega, al tiempo que llamaba a los estudiantes a organizarse y cuidar su integridad durante el enfrentamiento.

“No podemos quedarnos callados ante este hecho, esa es la respuesta del gobierno ante el reclamo de los padres”, decía De la Cruz, mientras las botellas se estrellaban en los escudos de los militares.

Ahí fueron retenidos la señora María y un reportero de Tele Sur, aunque ambos fueron liberados, aunque a decir de la mujer, le condicionaron su salida a cambio de que “declarara” que hacían los manifestantes frente al 27 batallón.

Tras 45 minutos de enfrentamiento las hostilidades cesaron y un helicóptero del Ejército hizo un sobrevuelo rasante y siguió a los camiones de los manifestantes que en Iguala quemaron tres camionetas de las empresas Sabritas, Jugos del Valle y Oxxo.

En la capital del estado, los maestros disidentes, padres y normalistas quemaron una camioneta frente a la 35 zona militar, a un costado de la Autopista del Sol, con dirección a la ciudad de México; sólo algunos manifestantes arrojaron piedras a los elementos antimotines de la Policía Estatal que resguardaban la zona.

En Acapulco, maestros de la costa tomaron el 48 Batallón de infantería del Ejército con sede en Cruz Grande, y exigieron también a la Marina abrir sus cuarteles para buscar a los 42 normalistas aún desaparecidos.

En la zona militar de Chilpancingo, en reiteradas ocasiones, por medio de un altavoz, las fuerzas armadas llamaron a los manifestantes a la calma, a que respetaran las instituciones y que formaran una comisión para atender sus demandas, llamado que no fue escuchado por este volcán en erupción.