Oaxaca.- El Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, urgió al gobierno estatal a tomar medidas que impidan en nuestra entidad hechos similares a los de Iguala, Guerrero, ante la coyuntura nacional marcada por la emergencia de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones ilegales y tortura, que pone a prueba el sistema de derechos humanos.

En la presentación del Programa Estatal de Derechos Humanos este 11 de diciembre en la Casa de la Ciudad en la capital oaxaqueña, Peimbert Calvo enfatizó que el actual escenario nacional nunca debió existir, y hoy queda demostrado que los derechos humanos no están aislados de otros elementos sociales, pues cuando son violentados estos principios también se afectan aspectos como la gobernabilidad y la economía.

Ante autoridades federales y estatales, representantes de la Organización de las Naciones Unidas, integrantes de organizaciones ciudadanas y personajes de la academia, el ombudsman informo que la Defensoría del Pueblo de Oaxaca considera necesario impulsar la construcción de leyes locales sobre desaparición forzada y ejecución extrajudicial, así como revisar la existente relativa a tortura, con el fin de adecuar el marco normativo estatal a los más altos estándares en derechos humanos.

Enfatizó  que hay que abrir una discusión sobre la necesidad de eliminar el uso de recursos privados en los procesos electorales, así como regular de manera estricta el acceso de los partidos políticos a medios de comunicación masiva, y el cumplimiento riguroso de la vigilancia del organismo público electoral local.

Indicó que uno de los problemas de fondo en el caso de Iguala fue la perversión de los principios democráticos por la intervención directa de poderes fácticos y criminales en procesos político-electorales, por lo cual es necesario proteger dichos procesos y garantizar el derecho de la ciudadanía a elegir el rumbo de su sociedad.

Peimbert Calvo llamó a establecer entre las obligaciones de los ayuntamientos el contar con planes municipales de derechos humanos, que ayuden a orientar su política pública con una perspectiva basada en esos principios, pues los gobiernos municipales, al ser la primera autoridad en contacto con la población, son también los  primeros en menoscabar sus derechos humanos.

Agregó que el uso legítimo de la fuerza pública debe ser regulado desde una perspectiva de derechos humanos, lo que puede implicar la reformulación de las leyes, reglamentos y protocolos estatales relacionados con este tema para mayor seguridad de la población, y para aportar a las y los agentes policiacos mayor certeza sobre las posibilidades y los límites de su acción.

El Defensor dijo que ante la protesta social, que se ha constituido en herramienta de petición a la autoridad y en canal de denuncia pública de abusos gubernamentales y violaciones a los derechos humanos, el gobierno estatal y los municipales deben vigilar que las acciones de sus corporaciones policiacas se apeguen de manera estricta a los principios y normas de los derechos humanos.

Peimbert Calvo comentó que la corrupción vulnera una serie de derechos humanos, como la certeza jurídica, y en casos extremos incluso atenta contra la seguridad y la vida de las personas, por lo cual debe mejorar la vigilancia desde la perspectiva de los derechos humanos sobre las contralorías o instancias locales encargadas de combatir ese problema.

El Defensor del Pueblo de Oaxaca celebró  el nuevo Programa Estatal de Derechos Humanos, que reitera la preocupación del gobierno de Gabino Cué Monteagudo por los derechos humanos, y que pude convertir a Oaxaca en ejemplo de que el cumplimiento cabal de estos problemas puede ayudar a resolverlos los que hoy afronta el país.

Señaló la necesidad de establecer desde la perspectiva de los derechos humanos el plan gubernamental y los presupuestos destinados a la educación pública, con énfasis en las escuelas normales rurales, puesto que las condiciones precarias en que estas instituciones funcionan no sólo afectan a quienes ahí estudian, sino que vulneran el derecho de su alumnado futuro a una educación básica conforme a los más altos estándares.

Al concluir, expuso que las instancias de gobierno, especialmente las relacionadas con la educación y con la comunicación pública, deben trabajar para erradicar patrones culturales discriminatorios que validan cualquier tipo de exclusión y permiten a una parte de la sociedad considerar criminales a las y los jóvenes, a las y los pobres, a quienes se manifiestan para exigir el cumplimiento de sus derechos o a quienes abrazan ideologías y discursos alternativos.