Oaxaca.- La diputada del grupo parlamentario del PRI en la LXII Legislatura estatal, Rosalía Palma López, pidió fortalecer los diversos programas enfocados a garantizar la educación de los niñas, niñas y jóvenes migrantes, tomando en cuenta que Oaxaca es una importante expulsora de menores de edad hacia la Unión Americana.

Por ello, envio un punto de acuerdo para que el Congreso del Estado exhorte al titular del Poder Ejecutivo estatal y al titular del IEEPO a instrumentar los mecanismos necesarios y adecuados para la oportuna aplicación de los programas enfocados a garantizar el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes migrantes de Oaxaca.

En la exposicón de motivos, la legisladora oaxaqueña señala que los hijos de las familias jornaleras migrantes por lo general nacen y crecen entre la explotación laboral, la miseria y muy alejados de contar con los servicios básicos, por o que la desnutrición, la insalubridad y la baja escolaridad son rasgos característicos de este grupo infantil.

Detalló que en Oaxaca,el IEEPO impulsa los programas de Atención Básica para niños y niños de familias jornaleras migrantes “PRONIM”, y el Programa Binacional de Educación Migrante “PROBEM”, mismos que tienen como proósito prevenir el rezago educativo, fortalecer los derechos humanos en atención a la diversidad cultural y garantizar la atención educativa y continuidad escolar en sus comunidades de origen y destino.

Sin embargo, consideró que ambos programas aún tienen carencias que no les han permitido ofrecer una educación inicial y básicas de calidad, con pertinencias a la diversidad social, técnica y lingüística, a través de propuestas pedagógicas y curriculares diversificadas, diferenciadas y especializadas para atender la interculturalidad en el aula.

“Ambos programas deben de ser fortalecidos para que nuestros paisanos migrantes  con hijos menores de edad sean incorporados a la educación de calidad que se merecen y con ello lograr la protección de los derechos humanos de la población escolar migrante mediante la coordinación entre los niveles de gobierno”, explica.

Aseguró que el gobierno estatal tiene la obligación de dotar de recursos financieros y humanos para la máxima cobertura de una educación educativa migrante en el estado, proveer de recursos financieros para el equipamiento, material didáctico y escolar en escuelas que atiende directamente a esta población migrante.