El crimen organizado prácticamente ha convertido al sistema de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en un queso gruyere, pues en promedio realiza una perforación cada 14 kilómetros para instalar una red de tomas clandestinas.

En 2013, la Dirección Corporativa de Administración y la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de Pemex detectó 2 mil 614 tomas clandestinas en 37,651 kilómetros que conforman dicho sistema, lo que representa el mayor número de actos ilícitos perpetrados en los últimos 13 años.

Estos significa, según información solicitada a Pemex a través del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) con oficio DCA-CPGCE-U-EPM-2242-2013 con fecha del 19 de diciembre de 2013, que en cada 14 kilómetros de la red de ductos en promedio, el crimen organizado realizó una toma clandestina con la finalidad de extraer gasolina, diésel, crudo, gas o petroquímicos.

De acuerdo con una nota de periódico El Universal, el año pasado, la delincuencia realizó 7 perforaciones diarias a ductos en promedio, con lo cual fijó un récord para la empresa petrolera.

En comparación con 2000, cuando el problema se tornó escandaloso al detectarse 155 tomas clandestinas, este ilícito se elevó 1,548%.

Ese año, la delincuencia había logrado perforar en promedio una toma clandestina cada 242.9 kilómetros de la red de Pemex.

En ese entonces, los actos ilícitos se habían concentrado fundamentalmente en los estados de Veracruz, con 25 tomas; Puebla, con 15; Guanajuato, con 13; con 11 figuraron Coahuila e Hidalgo; y 10 en el estado de México. En Tamaulipas, Pemex sólo registró 8 tomas ilegales.

Al 31 de diciembre de 2013, el Mayor de Caballería DEM Carlos Javier Álvarez Cárdenas, de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de Pemex, dio a conocer, a través del IFAI, que la actividad del crimen organizado se ha extendido en todos los lugares del país en donde la paraestatal tiene tubería (ductos) para transportar hidrocarburos.

A las entidades que en 2010 ya venía experimentando actividades ilícitas para perforar ductos, el año pasado se sumaron Baja California, con 63 tomas clandestinas; Chiapas, con 19; Distrito Federal, con una; Michoacán, 20; San Luis Potosí, 5; Sinaloa, con 220, y Tlaxcala con 21.

En los últimos 13 años, los casos más preocupantes por el alto crecimiento de las tomas clandestinas son: Tamaulipas, que pasó de 8 a 539, y se convirtió en la entidad en la que el crimen organizado se encuentra operando a toda capacidad; Veracruz, que pasó de 25 a 240; Jalisco, de 7 a 230; Estado de México, de 10 a 200; Guanajuato, de 13 a 165; y, Nuevo León de una a 140.

En la solicitud de acceso a la información (SISI 1857600079613), Pemex detalló que el volumen de litros asegurados durante 2013 por el delito de robo de hidrocarburos en su modalidad de tomas clandestinas a Pemex Refinación fue: Hidrocarburos, 135 mil 654 litros; combustibles, 2 mil 500; petróleo crudo, 179 mil 93; combustóleo, 20 mil; gas, 7 mil 720; gasolina, 202 mil 106; y, diésel, 224 mil 993 litros.

El problema radica en que estos volúmenes fueron incautados en los operativos realizados conjuntos con autoridades y fuerzas públicas como la Marina y la Armada de México, el Ejército y la Procuraduría General de la República, pero Pemex sostiene que adolece de la información sobre el robo realizado que no es detectado a tiempo.

En el oficio GSSF-SPE-SGNE-684 del 17 de diciembre de 2013, la Dirección Corporativa de Administración de Pemex respondió a una solicitud de un particular para conocer “las pérdidas ocasionadas por las tomas clandestinas y medidas tomadas:

“Hago de su conocimiento que esta subgerencia (subgerencia de Planeación y Evaluación) no cuenta con la información referente a pérdidas ocasionadas por las tomas clandestinas y medidas tomadas”.

La empresa, según la información proporcionada, ha interpuesto 6 mil 480 denuncias por el robo de combustible a Pemex Refinación entre 2009 y 2013.

En agosto de 2013, y para resolver este problema, la empresa buscó la aprobación del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades operativas de Pemex”, para combatir el mercado ilícito de combustibles y reducir las tomas clandestinas, con una inversión de 2 mil 659 mdp.

El objetivo que se planteó fue mejorar la protección de las instalaciones estratégicas de Pemex, así como del personal, con aumento de vigilancia en ductos, con tecnología de primera generación, pues reconocía que “existe un creciente número de actos ilícitos de robo, extracción, adulteración y comercialización ilícita de productos petrolíferos, que merma la situación financiera y de seguridad de la empresa”.

Pemex Exploración y Producción (PEP) fue más allá, pues desde octubre de 2012 trabaja en un proyecto integral de seguridad física de sus instalaciones, a través de la adquisición e instalación de sistema de radares Sentinel, y la adquisición de equipo electrónico de monitoreo, control y comunicación con el propósito de fortalecer los sistemas de vigilancia de las instalaciones.

La filial argumenta, en el documento cuya copia posee el periódico El Universal, que “la extensión territorial en donde se realiza la actividad petrolera de exploración y producción, es lo suficientemente amplia, compleja y con instalaciones vulnerables que requieren considerar dichos sistemas de la mejor y más actual tecnología que garantice el buen funcionamiento de la industria petrolera nacional.

PGR logra aumentar las sentencias condenatorias

La Procuraduría General de la República (PGR) inició en 2013 un total de 2 mil 71 averiguaciones previas por delincuencia organizada, de las cuales consignó ante un juez 782 expedientes y obtuvo 157 sentencias condenatorias.

Lo anterior significa que la dependencia superó en 2 por ciento su meta de sentencias condenatorias respecto a los expedientes consignados. La meta era obtener 17.89 por ciento y logró 20.08 por ciento.

Según otra nota del diario Milenio, la PGR subrayó que este logro se debe a la aplicación de mecanismos de supervisión e intervención directa en el control y seguimiento de los procesos.

De acuerdo con el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, elaborado por la Secretaría de Hacienda, al cierre de 2013 la PGR esperaba recibir 2 mil 231 denuncias por delincuencia organizada.

En el documento se precisa que los detenidos fueron acusados de delitos contra la salud; portación, posesión y acopio de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea; homicidio, y privación ilegal de la libertad.

Según el informe, la PGR atendió todas las denuncias por delincuencia organizada recibidas el año pasado e inició las respectivas averiguaciones previas.

Sobre la capacidad de respuesta de los agentes del Ministerio Público federales adscritos a la SEIDO, se informó que se despacharon 2 mil 71 averiguaciones previas, de las 7 mil 346 que se encuentran en trámite, es decir, 28.19 por ciento, cifra inferior a la meta de 30 por ciento.

De estos 2 mil 71 expedientes en materia de delincuencia organizada, el Ministerio Público federal consignó ante el Poder Judicial 782 (37.76 por ciento) para iniciar el proceso penal correspondiente. En estos casos consideró acreditada la existencia del delito y la probable responsabilidad del inculpado.

La PGR reportó a Hacienda que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) trabajó para “integrar expedientes de averiguaciones previas con calidad técnico-jurídica, buscando una disminución en la devolución de expedientes por parte de los jueces federales, destacando la disponibilidad de la sociedad a coadyuvar en la investigación”.

En total, en 2013 se recibieron 98 mil denuncias por delitos federales (sin contar los de delincuencia organizada, electorales y especiales), es decir, 83 por cada 100 mil habitantes, cifra menor a la prevista al inicio del año.

Hay una “disminución en la incidencia delictiva de carácter federal”, señaló la PGR, y destacó la disposición de la ciudadanía para denunciar y proporcionar pruebas suficientes para investigar y abatir la impunidad.

En tanto, la proporción de sentencias condenatorias obtenidas por el Ministerio Público federal respecto a los expedientes consignados ante el Poder Judicial fue de 58 por ciento, pues de 31 mil 748 consignaciones se dictaron 18 mil 494 ejecutorias de sentencia, cifra menor en 6.65 por ciento a la meta programada por la propia PGR.

La procuraduría explicó que esta tendencia se debe a “la dedicación y análisis exhaustivo que realizaron los agentes del Ministerio Público, a fin de poner a disposición de los jueces federales todos los elementos de prueba en cada expediente.

“Esto generó una disminución de los expedientes consignados al Poder Judicial, con lo cual se buscó evitar la devolución de los jueces federales”, añadió.

La PGR sostuvo que llevó a cabo un gran esfuerzo para elevar la calidad jurídica en los expedientes y disminuir así los casos devueltos por jueces federales por una inadecuada integración de las denuncias.

También reportó un “aumento significativo en las solicitudes de apoyo pericial”. En 2013 se esperaba recibir mil 510 solicitudes de fotografías, huellas dactilares y dictámenes criminalísticos; sin embargo, la cifra final fue de 2 mil 504.