Oaxaca.- Por enésima ocasión funcionarios de alto nivel de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) fueron evidenciados de permitir delitos como despojo, robo de vehículos y abuso de autoridad, así lo denunció el investigador de la facultad de derecho de la UABJO, Ernesto Serna García.

De acuerdo con la denuncia, que obra en la averiguación previa 428(SC) 2011, en ese año fue despojado de un terreno ubicado en Atzompa, que adquirió a Genaro Humberto Ruiz Ortiz, por elementos de la Policía Ministerial enviados por dicha persona que se desempeña como copropietario de la Panificadora La Luna.

La acción que obra en autos contó con la complicidad del entonces Agente de Ministerio Público Eric Aguilar González, del ex Director de Averiguaciones Previas Juan Pérez Sánchez, por Omisión así como del ex sub procurador de la zona norte Víctor Alonso Altamirano quien actualmente se encuentra en la Mixteca con dicho puesto.

Al respecto el investigador inició una serie de acciones legales con una queja por la violación de Derechos Humanos expediente 463/2011, logrando en diciembre 2013 que dicha institución dictara la correspondiente recomendación.

El Maestro en derecho también explicó que acudió a los tribunales tanto del fuero común, como penales ante la omisión del Juez Tercero de lo Penal a realizar la correspondiente notificación y consignación de la averiguación previa en los siguientes 90 días de presentada como marca la Ley orgánica de la propia Procuraduría.

Porque tuvo que acudir después de 2 años 10 meses al Juzgado Segundo de Distrito quien mandató al propio juez a que consigne la averiguación previa en un tiempo no mayor de 10 días naturales. Otra irregularidad es que en 2011 fue detenido Genaro Humberto Ruiz Ortiz pero solo por el delito de fraude; sin embargo, el secretario judicial Juan Carlos Vera Soto lo liberó horas después.

Finalmente exigió al propio gobernador del estado se aplique el estado de derecho, se castigue como marca la ley a los funcionarios por los delitos previstos a pesar que ya no estén en funciones, al inculpado sea consignado y que le sea devuelto su terreno.