Oaxaca.- Habitantes del municipio de San Baltazar Chichicapam llegaron de manera agresiva al Congreso de Oaxaca, esto para exigir la entrega de recursos a ellos.

Durante su arribo, los agresivos sujetos provistos de palos, machetes y binzas agredieron a por los menos tres representantes de los medios, quitándoles sus equipos de trabajo.

Se reportan al menos tres lesionados.

Seguiremos informando.

~~La disputa de 10 millones 976 mil 56 pesos en el Municipio de San Baltazar Chichicapam, origina que un grupo de profesores jubilados de la sección 22 de la CNTE y el edil de la zona, interpongan sus intereses antes de la seguridad de la población, y agreda el grupo de los mentores a reporteros gráficos en inmediaciones del Congreso del Estado.

Encabezados por Arturo Rebollar Pérez, los profesores de la CNTE arribaron a San Raymundo Jalpan y de manera agresiva arremetieron en contra de Rolando Jiménez y Alberto Méndez.

Con cuchillos y palos golpearon a los comunicadores quienes daban cobertura a la protesta.

Además advirtieron iniciarán el retiro de concesiones a taxistas que no estén de acuerdo con sus acciones para poder tener el control de los 6millones 278 mil 144 y 4 millones 697 mil 914 pesos correspondientes a los ramos 28 y 33 del ayuntamiento, pues se oponen a la presencia de un administrador.

A través de Rebollar Pérez sostuvieron que de ninguna manera aceptarán la presencia de un administrador, pues exigen la revocación del mandato del edil, Carlos Vásquez Rebollar y el respeto al consejo municipal que se haría cargo de la administración de los recursos públicos, mismo del que forma parte desde el pasado 5 de octubre.

~~PRONUNCIAMIENTO:

No nos dejaremos intimidar por grupos violentos que buscan, a través de la intimidación, agresión y actos delincuenciales, silenciarnos para no evidenciar sus abusos y pretensiones que obedecen a intereses mezquinos y oscuros.

Nuestra labor y responsabilidad es informar, aunque en el intento se afecte a los grupos o personajes que lucran con todo cuanto pueden.

Lo sucedido este lunes 26 de enero en la sede del Poder Legislativo de Oaxaca, es una clara evidencia de que a lo largo y ancho del territorio estatal impera la “Ley de la Selva”, de que la seguridad es vulnerada una y otra vez sin que haya justicia.

La creación de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión ―adscrita a la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que se publicó en el Diario Oficial el pasado 17 de agosto del 2013―, parecen ser letra muerta o elefantes blancos porque han resultado, ineficientes, ineficaces, inservibles, inoperantes e invisibles, a pesar de que el 12 de diciembre del mismo año Joaquín Carrillo Ruiz, procurador de Justicia de Oaxaca, encabezó la "Mesa de Atención Inmediata a Periodistas" como resultado del penoso asesinato del reportero Alberto López Bello, en la que se comprometió junto con la coordinadora de Derechos Humanos, Eréndira Cruz Villegas, y el coordinador de Comunicación Social, Miguel Ángel Muñoz, a instalar dicha mesa "como instancia para la atención de demandas y emisión de respuestas institucionales ante los hechos que lastimen o pongan en riesgo la vida, integridad o dignidad de los comunicadores del estado”.

Sin embargo, es un hecho que fue una tomada de pelo porque los atropellos, humillaciones y atentados en contra de representantes de los diferentes medios informativos en territorio oaxaqueño son una constante, sin que exista aplicación de la Ley.

Pese a lo hueco de los discursos oficiales, la realidad que se vive en la entidad es alarmante, por lo tanto EXIGIMOS:

1.- Castigo inmediato a todos y cada uno de los responsables, materiales e intelectuales de la artera agresión a nuestros colegas.

2.- Activación de los "Mecanismos de Acción Inmediata” contra agresiones a Periodistas en Oaxaca.

3.- Reparación o en su caso reposición del equipo dañado.

4.- Certificación médica bajo la vigilancia de especialistas.

5.- Garantías para ejercer libremente nuestra labor.

6.- Intervención de organismos gubernamentales y no gubernamentales en materia de Derechos Humanos.

La situación que prevalece en la entidad nos obliga a buscar el apoyo de instancias internacionales ante la opacidad y complacencia de las autoridades locales, que además de proteger, financian a diferentes grupos para alcanzar fines diversos.

Es indispensable precisar que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), reconoció que Oaxaca se encuentra el quinto lugar nacional por el número de crímenes de alto impacto.

Grupo Prensa Oaxaca A.C.

"POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN"