Ha transcurrido el primer mes del año que, como primera impresión, muestra que la población oaxaqueña, en su mayoría no advierte que todo lo que difunde como acciones de bienestar, en la propaganda oficial de los tres niveles de gobierno, como secuela de las reformas, planes y programas implementados, se materialicen; por el contrario, impera la desconfianza y la inseguridad respecto del futuro, en cuestiones de justicia, economía, desarrollo y expectativas de una vida digna, persiste en la capital del Estado, la obstrucción acostumbrada al ejercicio pleno de los derechos fundamentales de sus habitantes, bloqueos, plantones, transporte público desordenado, rodeadas por la lucha política que esconden las actividades públicas, para controlar el ámbito municipal y el manejo de los recursos públicos que, de esta manera se desvían de su objetivo público social, que día a día se agrava y se profundiza en un periodo de gobierno en el que se recrudecen las ambiciones grupales y personales, para conservar o ampliar los cotos de poder.

En un desayuno de trabajo acerca temas fiscales que con motivo de la reforma y modificación en la materia fiscal, se resaltaron por los participantes, las inquietudes que existen en que consideran que el Estado Mexicano, ha optado por la captación de recursos, con afectación de lo que constituye, para un gran número, su patrimonio. Se señaló que en el Estado de Oaxaca, se han incrementado excesivamente los costos, respecto de la compraventa de bienes, en que las cuotas de pago de derechos e impuestos se acentúan en tres rubros: el federal, con el ISR e IVA; los estatales y municipales, adicionados con los del catastro, traslación de dominio, registro y cancelación de inscripciones, pago de alfabetización, entre otros más que están asfixiando el patrimonio de las familias e inmovilizando este segmento económico, sin que nadie haga nada.

Existe preocupación por este asunto que impone la reflexión sobre lo que sucede en otras entidades que como muestras de que en un momento dado, pueda brotar un estallido social que ponga en predicamento a la población y a las instituciones que ahonde el rezago en Oaxaca. Tenemos patrones que indican que la autoridad actúa con presteza frente a una exigencia violenta, que le obligue a destinar recursos públicos prioritariamente a determinadas segmentos, como ha sucedido con la CNTE, que se beneficia e induce se restrinjan otros, como sucedió en el Estado de Chiapas y sus municipios autónomos, que se propalan con el esquema de la pobreza de sus comunidades y la reivindicación de los derechos indígenas que incentivo un movimiento armado, cuyas causas ciertas, aún no se conocen, pero que de una u otra manera concluyó en una reforma constitucional y legal en materia de pueblos y comunidades indígenas, así como una derrama de recursos federales de gran calado que, a pesar de ello, no se ha divulgado en que magnitud estimularon la disminución de la pobreza en esa entidad.

Michoacán es una vivencia actual del fenómeno a que me refiero, el de la presión buena o mala, como se le quiera calificar; primero, se inició la guerra contra el crimen organizado por el entonces presidente Felipe Calderón, se recrudeció e hizo crisis en la Presidencia de Enrique Peña, que obligó a su gobierno a incrementar las fuerzas federales, nombrar un comisionado especial para que se hiciera cargo del plan y de las fuerzas de seguridad; continuar esta lucha que muestra avances en el restablecimiento de la paz en la zona; para que esta actividad se intensificara, fue necesario que previamente la población más afectada, buscara integrar fuerzas de defensa que proliferaron en poco tiempo, haciéndose de armas suficientes y poderosas, para expulsar a la delincuencia que los cercaba, privaba de su patrimonio, ponía en riesgo su integridad física que, de facto controlaba y gobernaba a  la población, infiltrando a sus miembros en los ayuntamientos.

El crecimiento de estos liderazgos y su efecto en otras entidades, como el Estado de Guerrero y escaso en Oaxaca, mostraron su eficacia para la recuperación del control de la defensa de las familias, sus bienes y su integridad física, lo que generó un intenso apremio sobre las autoridades locales y federales que, para minimizar su impacto, desplegaron una información mediática destinada a fijar en la opinión pública, que la seguridad solo le correspondía ejercerla al estado; sin embargo, la respuesta en ambos niveles de autoridad, se patentizó en dos sentidos, la regularización de esos cuerpos de defensa, el registro de sus armas que se encuentra en curso y el posibilitar con ello que mediante estos actos se regularizara una actividad ciudadana ejercida de facto que en esa situación, debe ser considerada  como actos de justificados  de extrema necesidad.

Los síntomas de la restauración de la seguridad y paz social, derivados de todas esas fuerzas centrífugas en Michoacán, la criminalidad y las fuerzas de autodefensa de la población, que se tradujeron en actos de violencia, reproducen algunos aspectos y consecuencias de lo ocurrido en Chiapas. Como argumentos para demostrarlo, señalo que los factores que se invocaron como provocadores de esta situación son: la indiferencia oficial, la pobreza de la población a la que se arrebataba su patrimonio, sus medios de subsistencia emanados de sus cultivos, su libertad y seguridad, enfatizando las carencias ordinarias, ahuyentando la inversión y la expulsión de familias enteras, algunos de cuyos miembros, se les había privado de la vida. Estos escenarios resaltaron, como en Chiapas, que Michoacán no contaba con la atención del Gobierno del Estado ni de la federación, lo que tuvo como resultado que el Presidente Peña Nieto, en un reciente acto en ese Estado, anunciara una fuerte inversión que propicie, ese es el objetivo, atacar lo que subyace como fuente de la violencia en que han vivido su población.

De este contexto, podemos desprender algunas conclusiones, como son que en estos dos hechos en Chiapas y Michoacán, en el cauce de los movimientos sociales violentos, como los acontecidos, con distinta justificación, concentran la atención del Gobierno Federal que se ve impelido a actuar, con medidas represivas y de orden económico, para probar, como lo estamos presenciando que busca atacar la raíz de lo que en el fondo origina estos actos de desestabilización social y protestas, la indiferencia oficial, la pobreza y explotación; sin embargo, tiene como secuela que se dejen de atender otras entidades, como Oaxaca y Guerrero, por esta exigencia prioritaria del momento; ojalá que en esta ocasión los más de cuarenta mil millones de pesos, que han destinado a Michoacán, cumplen el objetivo de mejorar las condiciones de su población. Para Oaxaca y los Poderes Legislativo y Ejecutivo locales, es el momento de demostrar que los recursos presupuestados se apliquen, con honestidad y transparencia y no para beneficiarse, bajo diversas formas entre sus componentes, enfrentan la responsabilidad de evitar la radicalización de las protestas de disímiles sectores de una población insatisfecha.  
 
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