El “pueblo sabio” fue traicionado

  • Beatriz Pagés

Cuando el Congreso de Baja California votó por  alargar el mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla, en ese momento la entidad se convirtió en incubadora para hacer madurar la dictadura.

Cuando los diputados locales decidieron pasar por encima del mandato popular para que Bonilla se quedara en el cargo cinco años, en lugar de los dos por los que fue votado, contribuyeron a desmantelar los cimientos de la democracia y el orden constitucional.

Gracias a negociaciones y oscuros procedimientos, Baja California quedó convertida en laboratorio para poner a prueba un experimento político que tiene como propósito saber que tan difícil o qué tan fácil sería la reelección del presidente de la república, López Obrador, a través de la prolongación de mandato.

Es tan grave lo que sucedió ahí, que Cuauhtémoc Cárdenas, siempre prudente y silencioso con la 4T, salió para calificar el hecho como una traición a la República;  para exigir que los diputados infractores renuncien y sean sancionados y que Jaime Bonilla se comprometa públicamente a gobernar únicamente los dos años por los que fue electo.

Es tan oprobiosa la reforma electoral impuesta, que Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados e integrante de Morena, exigió la desaparición de poderes en el estado para tratar de salvar a su partido, pero sobre todo al régimen de uno de los peores excesos que ha cometido hasta hoy en contra de la democracia.

Ambos, Cuauhtémoc y Porfirio, dos políticos de izquierda, considerados líderes de la democracia moderna, se convirtieron de pronto en contrapeso de los excesos de poder que viene cometiendo el Presidente a través de sus colaboradores y hombres más cercanos.

Un gobernador, Jaime Bonilla, cercano a AMLO, se prestó para demostrarle a su amigo, que sí es posible la reelección presidencial.

Pese que el “pueblo” ha sido sacralizado en ese sexenio; con todo y que es la referencia favorita del presidente para decir que él es un demócrata que solo está para servir y obedecer al pueblo, el Congreso bajacaliforniano aprobó una iniciativa donde dos poderes, el Ejecutivo local con la anuencia del Federal, traicionan el derecho ciudadano a decidir.

Hay suficientes motivos jurídicos y políticos para que el Senado declare en Baja California la desaparición de poderes. Evitar que prospere cualquier intento de eternizarse en el cargo, de atrincherarse en el poder o de escriturar la silla presidencial a una personas, debería ser razón suficiente.