Los abandonos del poder en México. Consecuencias

  • Jorge E. Franco Jiménez

El conflicto magisterial ha ido sustancialmente evolucionando, de manera tal que, el tema educativo ha expuesto un conjunto de males que agobian al país que exceden ese asunto, absorbiendo toda una problemática social, política, y económica acumulada que se exterioriza  en la irritación e inconformidad propagada como fruto de la insatisfacción popular ante las condiciones en que se desenvuelve el pueblo de México.

Es palpable que los componentes sociales del país muestran una creciente discrepancia que acentúa las diferencias entre los pocos que se benefician de la denominada macroeconomía con los que transitan en la microeconomía y los que están excluidos de ambos sectores. De ahí la diferencia, un gobierno rico y un pueblo que, en su mayoría,  se ubica en la pobreza extrema y en medio una clase media que subsiste en condiciones de deterioro. 

De ahí que los diversos sectores, salvo el privilegiado, sufran los efectos de la separación comunitaria que protesta por causas y motivos diversos; los maestros porque la reforma educativa no busca la calidad de la educación, sino que es laboral; esa inconformidad ha trascendido sumándose las organizaciones simpatizantes, los empresarios, transportistas, servicios públicos y privados, industriales y pueblos afectados por el movimiento inicial, todos unidos por ese sentimiento de ira producto de la permanente alteración de la paz y el orden, desabastecimiento de productos, y la restricción de la libertad de tránsito, la corrupción e impunidad. Todos tenemos algo porqué protestar, es lo único que nos unifica. 

El viernes nos despertamos con la información de lo que ocurre en esta ciudad, derivado del vandalismo desplegado por maestros de la sección XXII, destruyendo propaganda de la Guelaguetza y la agresión a un fotógrafo; sin embargo, con asombro se tasa por el gobierno que todo marcha satisfactoriamente y que la fiesta tradicional se llevará a cabo sin contratiempos, no obstante la calenda tradicional no arribará al zócalo sino a la plaza de la danza y hasta el momento no se ha dado a conocer oficialmente que invitados especiales asistirán, ni si se han previsto la medidas necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes. 

La compleja problemática está presente hoy en forma regionalizada y no como en el 2006 que se circunscribió a la zona conurbada de la ciudad de Oaxaca, aunque la estrategia implementada por los grupos de poder y presión sea la misma, su trascendencia es nacional al perturbar vías  de comunicación relevantes para el tránsito de bienes y personas, de manera tal que los sectores productivos, laborales,  sociedad civil y comunidades de cuatro entidades, Oaxaca, Chiapas, Guerrero  y Michoacán, están expresando públicamente su inquietud y exigencias ante las autoridades e incluso impulsando acciones de defensa civil, como se acaba de dar a conocer.

La desestabilización que se palpa en este periodo de tiempo cercano de elección de gobernadores en entidades relevantes, como el del Estado de México vinculada a la de Presidente de la Republica, son factores que  pueden excitar que se recrudezcan como ingrediente, la protesta y acciones para llegar a una situación de crisis que haga necesario y justifique que los Gobiernos Federal y Estatales de acuerdo a la Normatividad vigente restablezcan la paz y el orden social quebrantado, expectativa que, de acuerdo a la experiencia del 2006, sería de un daño mayor para la vida, integridad y patrimonio de las personas. 

EL entorno de respuestas y medidas tardías para afrontar este permanente mal social, me hace reflexionar y volver la vista al pasado reciente para llamar la atención sobre asuntos en que los gobiernos, incluyendo al del Estado de Oaxaca, no han cumplido con la serie de recomendaciones que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señaló que al no contar  éstas con las herramientas institucionales necesarias para enfrentar legal y profesionalmente situaciones anormales de índole social, incumplen la obligación de velar, tutelar y proteger los derechos fundamentales de los individuos. La evidencia es lo ocurrido en Nochixtlan, cuyo operativo al igual que el del desalojo del zócalo en el 2006, no fue técnicamente implementado. 

Cuando se confrontan las causas motivos y razones que se esgrimieron en el dos mil seis como inductores del movimiento que culminó con el uso de la fuerza pública, se estima  que se están dando las mismas condicionantes para no restituir de inmediato a la sociedad civil en  el goce pleno de sus derechos, siendo el pretexto el diálogo, la prudencia y la necesidad de encausar una solución sin mayor daño. En el 2006 se implementó el diálogo para discutir el pliego petitorio, la respuesta fue siempre la misma, “son insuficientes” las propuestas de la autoridad, con secuelas que hasta la fecha persisten. 

En el presente se toleró en principio el movimiento de protesta formal a partir de mayo de este año, se incrementó bajo el liderazgo de la sección XXII; no hubo diálogo inicial, implementándose las medidas de fuerza que provocaron el trance de Nochixtlan, con el agravante de ocho personas que perdieron la vida, con un elemento común con el 2006, los mismos actores que antes la impulsaron y sostuvieron para llegar al gobierno de Oaxaca en el 2010, ahora sufren la resaca, es decir en el pasado escupieron al cielo y en el 2016 les fue regresado con más desecho, como lo plantea un dicho popular. 

Citaré dos consideraciones conclusivas que formuló en el  2007 la Comisión investigadora de la Suprema Corte, en las que señala que esos movimientos, rebasan el simple ejercicio de una garantía constitucional de manifestación y reunión pública, pues se causan graves afectaciones a la comunidad en lo general y en lo particular que trastocan el orden, la paz social y la seguridad pública (lo estamos viviendo), que las instituciones que tienen la encomienda de bridar seguridad pública, están rebasadas al no prever una normatividad que regule el ejercicio de los derechos a manifestarse y reunirse, ni la creación de una fuerza que, como último recurso, pueda enfrentar las movilizaciones y acciones radicales que pueden llegar a derivar en un mal funcionamiento de los sistemas de seguridad interna de los Estados y de la Federación, en la no detección oportuna de focos importantes de conflicto que pudieren trascender a nivel nacional y afectar la seguridad del Estado Mexicano. 

Esto se dijo en el 2007, con motivo de los sucesos ocurridos en la ciudad de Oaxaca hoy se comprueba la hipótesis planteada desde la investigación respecto de las secuelas que ocasiona,  lo que sigue descuidando el Estado, ante una conflictiva mayor  de protestas y de violaciones de derechos humanos generalizadas. No se aprovechó la experiencia ni el diagnostico. 

Jfranco_jimenez@hotmail.com