Si bien la revolución mexicana logro que el ejido sirviera como base de la repartición de los grandes latifundios de las tierras, en su mayoría usurpadas a los antiguos poseedores, los indígenas campesinos, dándole sentido a la frase “la tierra es de quien la trabaja”. El desarrollo natural de la economía capitalista hizo que las pequeñas parcelas que les fueron entregadas a los campesinos se hicieran ineficientes, y aunque el desarrollo tecnológico en todos los sentidos favoreció a las extensiones grandes, el riego, el mejoramiento genético de las plantas cultivables, la maquinaria, el control de plagas, la fertilización mecánica, las cosechas, incluso la comercialización de las productos, esto no ayudó por igual a las tierras, por lo que poco a poco muchos campesinos pequeños, propietarios o ejidatarios no tuvieron otra opción que abandonar sus tierras o venderlas, pero la legislación antigua impedía la venta se sus tierras.  

             Desde el año de 1992, el entonces presidente Salinas de Gortari pretendió dar una salida pragmática a este problema de la tenencia de la tierra, reformando la ley agraria en el sentido de darle al ejidatario o comunero la propiedad de sus parcelas, para que este, si quisiera las vendiese a cualquiera que las pretendiera, sin embargo este proceso se reglamentó poniendo candados, como que fuese aprobado por las tres cuartas del número de ejidatarios y que hubiese estado en la asamblea un fedatario público, para darle legalidad a los acuerdos, sólo así  se podía lograr el llamado dominio pleno que no es otra cosa que darle en propiedad total sus parcelas. Estos  candados le han dado a muchos núcleos ejidales, el carácter de dificultad o a veces de imposibilidad de llevarlos a cabo, pues en varios núcleos ejidales sobre todo los muy numerosos ya hace mucho tiempo que los miembros del ejido no se reúnen, pues el ejido, dejo de tener desde la reforma a la ley agraria interés económico como núcleo, para dársela al ejidatario como individuo, en otros muchos ejidatarios ya no viven y otros han emigrado a otros lugares y han dejado sus tierras abandonadas, rentadas o prestadas, de tal forma que reunir esa cantidad de personas con sus derechos vigentes es prácticamente imposible, en el estado municipios enteros como Huamantla, Tlaxco, Calpulalpan, Ixtenco, están atrapados en el problema de que los ejidatarios abarcan extensiones importantes cercanas a la cabecera, por lo que se han realizado ventas de los ejidatarios de acuerdo a la ley en forma ilegal.

          Esta situación arriba descrita, ha convertido esta ilegalidad, en algunos casos debido a las circunstancias, en una fuente de corrupción de las autoridades ejidales, de los funcionarios, de las instituciones agrarias, de los fedatarios públicos, de los abogados ambiciosos y voraces, y también de los propios ejidatarios, pues al realizar ventas ilegales de acuerdo a la ley se tienen que restituir la posesión al ejidatario, y como esto ya no es posible tienen que “arreglar” el asunto dando dinero ya sea a las autoridades ejidales y las autoridades de las instituciones agrarias, esta realidad ha despertado la ambición sobre todo en algunas autoridades ejidales, y buscan afanosamente las formas de cómo obtener dinero fácilmente demandado estas ventas de alguna forma ilegales, que por necesidad del ejidatario vendió sin cuidar las formas o aunque a las cuide, la ley tiene varias opciones para disque proteger al ejido, de lo que ya es una existencia artificial.

         Hay muchos ejemplos que han sucedido en los Ejidos de Calpulalpan y de Tlaxco pero uno de ellos peculiar de esto, es el ejido de Huamantla, que se ve claramente que desde hace unos años algunos abogados  ambiciosos y corruptos aconsejan a las autoridades ejidales, para que demanden las acciones disque fraudulentas que los mismos ejidatarios crearon con dolo o por ignorancia, o por necesidad, repercutiendo todo esto en gente que compro tierras ejidales observando las formas ilegales y que hoy se ven envueltos en demandas jurídicas, así les paso a un grupo de personas organizadas por una cooperativa de vivienda, quienes compraron legalmente un terreno ejidal con dominio pleno a un ejidatario con sus derechos vigentes aclarando, que el a acuerdo del dominio pleno estaba aceptado por la autoridad agraria  e inscrito por el Registro Agrario Nacional, pues resulta que la forma en que se había hecho la aceptación por la asamblea según descubrieron después de varios años y cuando ya se había vendido la parcela que había sido fraudulenta de acuerdo a la Ley agraria, pero sobre todo cuando en el terreno de referencia ya se habían construida viviendas de los que habían comprado su lote que en su mayoría son gente humilde y sencilla que no tienen recursos para la compra de uno en mejores condiciones, y que además la compra al ejidatario no fue de alguna persona con el afán de  obtener recursos, no fue una trato colectivo como lo pueden decir los compradores, simplemente conocieron el costo y lo prorratearon y así juntaron el precio del terreno que por cierto fue barato, pues bien el tribunal agrario les dio la razón a las autoridades ejidales y determino arrancar los postes de la energía eléctrica, a la colonia formada, pero como se dieron cuenta que era un absurdo pues arrancando los postes no se lograba ningún beneficio para nadie y si un perjuicio para las familias asentadas, acordaron archivarlo, pero los abogados venales de las autoridades ejidales, los azuzaron y convencieron para ampararse contra esa resolución y el tribunal respectivo les concedió el amparo, muy seguramente para pretender cobrar dinero a los vecinos por parte de los ejidatarios y los abogados, pero resulta que los vecinos no tienen recursos así es muy seguro que se destruya una obra que costo dinero, y para nada pues los vecinos no tienen a donde ir y se quedaran en ese lugar, pero este ejemplo es una muestra del grado de corrupción que al amparo de la ley se comete en nuestro país.