Está por concluir el plazo de las precampañas al interior de los partidos políticos para elegir candidato a Gobernador del Estado, surgiendo las imprescindibles impugnaciones, como que se difundió respecto de la Coalición del PRD PAN y PT, al tachar de ilegal dicha figura ante el órgano electoral, misma que se da en paralelo a la contienda interna entre José Antonio Estefan Garfias y Benjamín Robles Montoya por alcanzar la candidatura en la convención, misma que se vislumbra reñida, de acuerdo a algunas publicaciones, que marcan una cierta ventaja en favor del último; entre tanto el Revolucionario se enfila a la definición en favor de Alejandro Murat, pues evidentemente la inscripción de José Bolaños, como contendiente, no tuvo más causa que permitir que se llevara a cabo la precampaña y legitimar su resultado.

En estos procesos se dan situaciones que aun exponen que no ha desaparecido del todo los vicios del pasado, sin tomar en cuenta que las condiciones han cambiado, que la información fluye con rapidez; que el ciudadano ya no se deja engañar con maniobras que solo buscan justificar algo que refleja una simulación, que en poco ayuda a los partidos y candidatos; por el contrario, este tipo de acciones, dañan innecesariamente su imagen y los  ubica en el retroceso democrático.

En ese panorama se han empezado a mostrar las inquietudes para la elección del Presidente Municipal del municipio de Oaxaca de Juárez, que se torna atractiva frente a la de diputados que interesa menos al ciudadano. La relevancia dentro del sistema federal del Municipio, como institución básica de la vida democrática de la población, no ha logrado alcanzar los parámetros que la Constitución impone para que llegue a ser considerado como un nivel de gobierno autónomo, que ejerce atribuciones en lo político, administrativo y de justicia, pues es rehén de los beneficios presupuestales que se dan en consonancia con la voluntad política de los ejecutivos Federal y del Estado, y de los legislaturas que aprueban las leyes de ingresos.

El conjunto de facultades constitucionales que le atribuyen la prestación de servicios, han sido cuestionadas, dado el número de municipios que existen en la República, sobre todo en el asunto de la seguridad pública que, como responsabilidad compartida, con la Federación y Los Estados, ha empezado a ser motivo de restricciones a su ejercicio como consecuencia, de la afectación causada al entorno social, económico y político en diversas entidades, por la penetración que sufrieron los ayuntamientos por parte del crimen organizado, que no solo maneja a las policías municipales, sino que ha impulsado candidaturas de Presidentes Municipales, Diputados e incluso de algún gobernador o encargado del gobierno.

Es proceso de descomposición al interior de la estructura del federalismo, provocó la necesidad de implementar las medidas necesarias, para atacar de raíz el problema desde sus base, las policías municipales, con el objeto de quitar su control a mandos emanados de los ayuntamientos, proponiéndose el mando único, de manera que, se explica, que en lugar de más de dos mil mandos, exista institucionalmente el mando único en cada entidad,  coordinados por el gobierno federal, medida que  no constituye una transformación de fondo que trastoque la autonomía municipal, sino de ajuste a una redistribución de la responsabilidad de la seguridad pública a cargo de la Federación, Estados y Municipios, en sustitución de los convenios de coordinación que han mostrado ineficiencia, ante el avance del crimen organizado que ya se había incrustado de alguna manera en esta estructura pública.

El desarrollo de la institución municipal no ha sido equitativo ni equilibrado en el Estado de Oaxaca, si se toma en cuenta que tiene con más de quinientos, que son el 25 por ciento de la totalidad de los que existen en el país. Es claro que uno de los representativos es el de la  ciudad  Oaxaca de Juárez que, en su experiencia de transición de gobiernos priistas a otra tendencia, solo uno, el primero, marcó ciertos avances en lo administrativo y político; los dos siguientes,  fueron objeto de amplia crítica e insatisfacción ciudadana.

Una iniciativa de fortalecimiento municipal fue la reforma de 1982-1983 del artículo 115 Constitucional, que en la  exposición de motivos estimó: “el municipio libre es una institución que los mexicanos consideran indispensable para su vida política, pero debemos reconocer que no se ha hecho efectiva en su cabal racionalidad…como meta inmediata de la vigorización de nuestro federalismo, la revisión de la estructura diseñada al amparo de la Constitución vigente, a fin de instrumentar un proceso de cambio que haga efectiva en el federalismo la célula municipal, tanto en autonomía económica como política”

De ahí surgieron las adiciones que dotaron al municipio de una amplia cobertura en aspectos relevantes, índole política, como la relacionada con la desaparición de poderes municipales, que se tuteló a través de la garantía de audiencia y se privó de esa  facultad a los gobernadores, aunque en Oaxaca, no ha cumplido el objetivo de garantizar la seguridad jurídica en ese tema; en lo jurídico se amplió la capacidad de legislar en el aspecto reglamentario; se devolvió a los municipios la función principal que es la de gobernar a la comunidad básica del pueblo; se garantizó la libre administración de su hacienda y de estableció que ésta fuera suficiente para atender sus necesidades; se agregaron las cuestiones de desarrollo urbano, licencias, zonificación y se regulo la relación de trabajo con su personal.

Me parece que los ayuntamientos, no han logrado alcanzar los objetivos políticos y administrativos que fija la Constitución a más de treinta años de su implementación, en unos casos, por incapacidad de los presidentes municipales, en otros por restricciones financieras o por indebido manejo de los recursos. Se agrega a estos factores, en lo político, la injerencia de hecho de los ejecutivos estatales en la vida municipal; en lo financiero el control de la distribución de los recursos que se entregan a voluntad del Secretario de Finanzas en turno y que obliga a los ayuntamientos a plantear un sinnúmero de controversias ante la Suprema Corte.

Señalar alguno de los factores negativos que inhiben en el federalismo real, la autonomía económica y política de los municipios, sirve de muestreo para ubicarnos en la elección del próximo Presidente Municipal y de la conformación de los miembros del ayuntamiento que lo acompañen en lo que toca a la tendencia política que obtenga el triunfo,  así como del compromiso que asuman los que la busquen, en la ruta de los partidos políticos o de manera independiente que está atrayendo a un buen número de ciudadanos de los sectores empresarial, político y algunos sin filiación o identificación específica.

Como conclusión los que vivimos en el municipio de Oaxaca de Juárez, debemos reflexionar acerca de lo que queremos que un pretendiente, al meritorio cargo de Presidente Municipal, se comprometa para que el ayuntamiento, como órgano colegiado del Municipio de Oaxaca de Juárez, asuma por tres años la representación política para encargarse de encausar los diversos intereses sociales y la energía ciudadana hacia la promoción del desarrollo con plena vigencia del Estado de Derecho.

Como parte de un programa municipal, este debe contener el compromiso de cumplir el cargo por el plazo constitucional, materializando la protesta de cumplir y hacer cumplir la Constitución; comprometer una iniciativa de un Código que precise los derechos y obligaciones de los habitantes del municipio que incluya, una necesaria unificación de la multiplicidad de reglamentos municipales que solo complican la tramitación administrativa, e incitan a la corrupción, desde luego su plan adicional de obras y servicios

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