En mi artículo de la semana pasada referí la paliza que policías de Baja California propinaron a un grupo de antorchistas de la ciudad de Mexicali, capital del estado, el día 24 de julio de los corrientes, por haberse acercado en masa al edificio donde despacha José Rafael Díaz Ochoa, presidente municipal de la capital bajacaliforniana, con propósito de hacerle saber directamente la total falta de soluciones a algunas de las necesidades básicas que le fueron planteadas, a él y a su ayuntamiento, con toda oportunidad. El día escogido por los antorchistas para su movilización fue el mismo que el propio presidente municipal ha publicitado como de “audiencia pública”, encabezada personalmente por él, para escuchar y conocer de viva voz los problemas, carencias, quejas y demandas de sus gobernados, darles respuesta inmediata si ello es posible, o canalizarlos a las áreas de gobierno correspondientes para su debida atención. Pero, como dije la semana pasada, los antorchistas hallaron algo muy distinto de lo que buscaban: en vez de atención y soluciones, una paliza policiaca, obviamente ordenada por la misma persona a quien acudían en demanda de comprensión y justicia. El saldo: varios lesionados (sin excluir ancianos, mujeres y niños), muchas madres con sus pequeños hijos víctimas de una crisis nerviosa, y cinco dirigentes detenidos, entre ellos, Dióscoro Gómez Vázquez y el profesor Alfonso de Jesús Villagrán, ambos miembros del Comité Estatal. Los cargos: ultrajes a la autoridad (?) lesiones y lesiones agravadas (??).

Repito que los detenidos fueron golpeados, torturados psicológicamente y amenazados de varios modos y finalmente, gracias a la oportuna y eficaz defensa de su abogado y a la fraterna solidaridad de sus compañeros, fueron puestos en libertad condicional, es decir, sujetos a proceso que deberán seguir fuera de la cárcel. Así estaban las cosas cuando, el día 4 de agosto y sin motivo aparente, aparecieron en la prensa local declaraciones del subprocurador de justicia para la zona de Mexicali, Fernando Ramírez Amador, en las cuales reiteró los cargos en contra de los antorchistas ya excarcelados en tono afirmativo, acusatorio y no presuntivo, como debería ser; “informó” que los “antorchistas” se hallaban libres pero “vinculados a proceso por tres meses” y que, mientras tanto, “se tomó la medida cautelar” de citarlos a firmar semanariamente en el área donde se halla radicado su expediente. Se le olvidó decir al señor subprocurador que también se “tomó la medida cautelar” de prohibirles terminantemente acercarse al palacio municipal por todo el tiempo que dure el proceso, so pena de volver a ser encarcelados automáticamente, quizá porque está consciente de que esto es una arbitrariedad pura y simple, un brutal abuso de poder que no se sustenta en mandamiento legal alguno y que es, por tanto, un delito cometido por la autoridad.

Sobre la base de todo esto, concluí que el momento, el tono y la gratuidad aparente de las declaraciones del subprocurador Fernando Ramírez Amador, no podían leerse sino como una amenaza, como una reiteración de la decisión del gobierno de Baja California de continuar persiguiendo y encarcelando, con o sin la ley en la mano, a todo aquel que persistiera en su actitud de protesta y denuncia en defensa de los más desamparados. Y, desgraciadamente, no tuve que esperar mucho para ver confirmado mi pronóstico: el viernes 8 de agosto, ahora en la ciudad de Tijuana, fueron “asegurados” tres antorchistas, entre ellos el mismo profesor Alfonso de Jesús Villagrán, recién excarcelado por los hechos del 24 de julio, que se hallaban realizando una colecta pública para financiar su lucha, tal como lo ha hecho el antorchismo de todo el país desde hace 40 años. Por ahorrar espacio, copio textualmente la información aparecida en el diario “El Mexicano”: “Detienen a tres por corrupción de menores. La policía municipal detuvo a tres personas por el presunto delito de corrupción de menores; utilizaban a cinco niños para pedir dinero en las calles de la ciudad. Los detenidos son: Juan Carlos Balderas Colunga de 43 años de edad, Guillermo Crisanto Escamilla de 23 años y Alfonso de Jesús Villagrán Contreras de 29 años; quienes fueron asegurados en las inmediaciones de la Glorieta Cuauhtémoc en la Zona Río”. La nota agrega algo más que no es relevante para mi propósito.

No hay duda de que la policía sabía perfectamente a quienes detenía, conocía la verdadera naturaleza de su actividad y sabía también que los menores “corrompidos” no estaban “colectando” ni se hallaban allí violentados por nadie, sino, como hijos de antorchistas que, por amistad y con pleno consentimiento de sus padres, quisieron acompañar a los maestros en su colecta. Se trató, pues, de una nueva y clara maniobra represiva e intimidatoria (tal como yo me temía y como lo anunció el subprocurador Ramírez Amador en su lenguaje sibilino) orquestada desde las más altas esferas del gobierno bajacaliforniano. Los detenidos fueron “asegurados” el viernes 8 y liberados, sin cargo alguno, dos días después, el domingo 10 de los corrientes. Esto podría llevar a pensar que se trató de un auténtico error, que se reparó tan pronto como se puso en evidencia, y que, por lo tanto, aquí no hay nada que denunciar ni de qué quejarse. Pero no es así. Repito que no se trató de una equivocación sino de un deliberado acto represivo e intimidatorio contra los antorchistas, ahora en Tijuana, lo que prueba que, detrás de todo, se halla el gobierno estatal y no el municipal de Mexicali. La relativamente rápida liberación de los detenidos no se explica por el espíritu de justicia sino como una necesidad impuesta por la torpeza de la acusación, pues la “corrupción de menores” resultó absurda e insostenible ante las tajantes declaraciones de los menores y sus padres. Fue un “calcetinazo”, como dicen en el futbol, que había que desvanecer rápidamente para no exponer a los “jefes” al ridículo y a la censura pública.

Pero los antorchistas no nos engañamos. Sabemos que la represión y la persecución del gobierno panista de Baja California van a seguir, y quizá más encarnizadas que hasta hoy, porque su objetivo sigue en pie: negar las demandas de la gente humilde, sean las que sean, desanimarla así de su militancia antorchista y, persistiendo en ese camino, liquidar este movimiento social, borrarlo de la escena política del estado, y del país si se presenta la ocasión. El propósito de lo que escribo no es utópico; no es convencer a los cazadores de antorchistas para que se conviertan de lobos en corderos; lo que pretendo es hacer saber a la gente humilde, dondequiera que se encuentre, que si busca un cambio en quienes la gobiernan, tiene que organizarse y luchar fuertemente para conseguirlo, tiene que constituirse en una fuerza poderosa que obligue a dicho cambio y que la ponga en condiciones de perpetuarlo y aprovecharlo en beneficio de todos; que, como fue dicho ya hace tiempo, la liberación del pueblo tiene que ser obra del pueblo mismo y que, por eso, su tarea se resume en una frase breve y fácil de poner en práctica: ¡Organízate y lucha! ¡Organízate y defiéndete! ¡Nadie lo hará por ti! Los padres del liberalismo mundial lo dijeron hace casi 300 años: un Estado inequitativo que no resuelve las necesidades de las mayorías, las induce fatalmente a pensar que tal estado no sirve y que hay que modificarlo seriamente para ponerlo a su servicio. Es decir, convierte a las masas reformistas en masas revolucionarias. Si a pesar de eso, los políticos de todo pelaje siguen creyendo que atender a los hambrientos es, cuando más, un deber filantrópico pero no una necesidad vital para ellos, la radicalización de la masa será el resultado fatal de su equivocación. Y sólo cabe desear que, llegado ese caso,  reconozcan su culpa y no la echen sobre espaldas ajenas.