Las cuestiones que antes se comentaban y poco se difundían, hoy forman parte del conocimiento nacional y extranjero, en lo que se refiere a la corrupción que ha infiltrado a todos los niveles de gobierno en México, en aquellos poderes que en razón de la naturaleza de las funciones que tienen a cargo, han mantenido un alto rango de valores éticos, honestidad, imparcialidad e independencia en su quehacer público, como es el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y miembros del Poder Judicial Federal, encargados de velar por la observancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de lo que es parte relevante la tutela, protección y garantía de los Derechos humanos de los mexicanos en los términos que lo dispone el artículo 1º Constitucional para todas las autoridades; se dio a conocer la semana que termina el posible desempeño indebido de magistrados, jueces y secretarios, a quienes se suspendió en sus responsabilidades, para sujetarlos a la investigación correspondiente.

La nota señala que dos magistrados y un juez de distrito, fueron separados y suspendidos en sus cargos, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin percepciones por estar involucrados en una red de tráfico de influencias para favorecer a una empresario de las casas de apuestas, con el objetivo de "mantener los más altos estándares de rectitud, transparencia, imparcialidad y compromiso social de quienes tienen el mandato constitucional, reitero su compromiso de continuar perfeccionado los mecanismos de vigilancia con los que cuenta para detectar, sancionar y erradicar actos de corrupción en el Poder Judicial de la federación, donde no tienen cabida aquellos cuyo interés no sean el de servir con imparcialidad a la sociedad."

Del texto de las grabaciones publicadas en el Universal, no se advierte, más que cercanía entre dos personajes, uno magistrado, con una de las personas que aseguran es cercana al empresario en cuestión, advierte la nota que revelan que el magistrado " ...gestionó que la gente de Rojas Cardona contactara a otros jueces federales para "atender" sus casos judiciales, y los audios revelan que incluso, sé llego a concretar un pago para un juzgador con el objetivo de incidir en sus resoluciones "; se agrega que "Otra de las líneas de investigación del CJF será solicitar a las autoridades hacendarías toda información relativa sobre las cuentas u bienes de Ochoa Torres y sus familiares, a fin de determinar si su forma de vida corresponde a los ingresos que percibe como servidor público o si existen anomalías". Se le atribuye haberse trasladado a Las Vegas en avioneta privada, con su esposa, y hospedarse en un hotel de alto costo.

Tanto el Magistrado Eduardo Ochoa Torres, como el Juez Javier Lozano, formularon ya una defensa por escrito aduciendo, el primero que no ha resuelto ningún asunto relacionado con los hechos imputados y, el segundo, que aceptó que atendió siete juicios de amparo sobre el tema, que fueron asignados de manera aleatoria; que son diversos y que "en los citados juicios de amparo e incidentes de suspensión, los sentidos de los fallos y resoluciones son diversos y no exclusivamente concesorios" o a favor de casinos.

Los comentaristas de televisión abrieron un espacio de crítica total al sistema político, de procuración y de administración de justicia, para confirmar que el sistema en general, presenta grandes deficiencias, sobre todo por la corrupción, generada por el tráfico de influencias o mediante dadivas económicas, ahora resaltados por este suceso que se da en el entorno de uno de los representantes de los valores supremos, como lo es la justicia, encarnada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, como parte de lo que es el Estado Mexicano, ha venido siendo la depositaria más fidedigna de confianza, como reparadora y garantista de los derechos esenciales de la República y de su pueblo, a pesar de que en su historia ha presentado situaciones semejantes a la actual, de corrupción o de influencias políticas de poder, que han viciado sus actuaciones.

Recordemos que hace algunos años un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue acusado de dar instrucciones a magistrados de un Tribunal Colegiado del Estado de Guerrero, dos de ellos fueron enjuiciados penalmente por haber puesto en libertad a un joven de alta categoría social, no sólo como consecuencia de la instrucción superior, sino incluso mediante algún pago en dólares; hecho que motivó, en ese tiempo, la separación del propio Ministro de su cargo e irse a vivir a los Estados Unidos un tiempo; recientemente un Secretario Judicial, de un Tribunal Federal de la Ciudad de México y el juez federal, fueron separados e investigados, al haberse detectado que el secretario tenía una cuenta bancaria con depósitos relevantes que no correspondían a sus ingresos;  a la fecha sigue en prisión y el Juez suspendido.

Lo trascendente de estos hechos que no son una práctica generalizada, en el Poder Judicial Federal, como última instancia de justicia en México, sí dimensiona el problema de la corrupción, ineficiencia e ineficiente sistema de justicia, pues si esto sucede en el nivel federal, pensemos cómo ópera en las entidades en las que se ha puesto de manifiesto, sin recato, el tráfico de influencias y la dependencia de los tribunales, magistrados, jueces, ministerios públicos y policías, del Gobernador del Estado. Esta situación no ha sido superada en la experiencia cotidiana y se manifiesta en el trato desigual que los servidores públicos encargados de procurar o administrar justicia, dan a diputados o secretarios de estado que al gobernado, este espera audiencia y atención por largas horas, aquellos se les recibe y se envía las actuaciones en que intervienen para que las firmen en su oficina; los funcionarios exigen y se les cumple, el ciudadano pide y espera ser atendido.

Oaxaca no escapa a estos nocivos elementos de influencia que da el poder y que se implementan con la amenaza de cambio de plaza o de ser acusados de responsabilidad, tanto funcionarios judiciales federales, como estatales, elementos que prestan servicios en lo que toca a la procuración de justicia; el tráfico de influencia, se practica en los desayunos con amigos que piden favores y que se otorgan en la medida de lo posible, ningún funcionario judicial federal, por así decirlo, se arriesga a favorecer la resolución de un asunto, si esto no es posible o poco creíble; en algunos casos, se puede aplicar sin responsabilidad evidente, cuando la balanza de la justicia presenta la posibilidad de que una sentencia se emita en un sentido positivo o negativo para el peticionario, lo que desafortunadamente, en nuestro Estado, no ha sido denunciado e investigado.

La Suprema Corte, a través del Consejo de la Judicatura Federal, ahora se encuentra sujeta a escrutinio,  al haber sido separado el secretario de uno de los Consejeros, por el mismo motivo de ejercicio indebido; Consejo que no ha podido suprimir la sugerencia o la indicación hacia los juzgadores, por ser el órgano judicial que dispone los cambios, sanciones e investigaciones de jueces y magistrados, de manera tal, que sigue teniendo el control que antes se diseminaba entre los ministros. Las visitas de revisión a los Tribunales Federales, han perdido su relevancia, para enmendar errores o malas prácticas o criterios deficientes en materia de amparo; persiste, en el Estado, no en todos los magistrados afortunadamente, el sentido del temor a la autoridad estatal, lo que se adminicula con los compromiso con el amigo, así se propala por los beneficiarios de estas gestiones que se jactan de ello. En este aspecto, es difícil comprobar lo que trastorna la administración de justicia, en el sistema de protección constitucional en Oaxaca.

Lo preocupante del tema denunciado, respecto a dos magistrados, un juez y algún secretario federal, es que deriva de la intervención de llamadas telefónicas, que en principio, no es dable que las practique el propio Poder Judicial o su Consejo de la Judicatura, pero sí los servicios de inteligencia del estado que, fuera del aspecto de la justicia, implica a su vez, un elemento disuasivo para el máximo órgano de control constitucional, precisamente en los momentos en están a discusión grandes temas sobre esa materia, relacionadas con las reformas constitucionales y legales que ha propuesto el ejecutivo federal, como pueden ser la de educación, energía, tributaria, penal, electoral y que, con estas denuncias públicas, se busque disminuir los riesgos de una declaratoria en contrario que venga a limitar o suprimir los alcances de esos proyectos reformistas. Lo anterior, porque suceden, cuando recientemente se le otorgó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un reconocimiento internacional, en materia de derechos humanos, lo que amplió el espectro del poder de este ente gubernamental y, su vez, lo comprometió en ese entorno, de manera tal, que se dilató y comprometió notablemente, frente a esa distinción, su carácter autónomo para resolver, alejándose de alguna inclinación política para favorecer al ejecutivo o al poder legislativo federales.

No está en duda que el equilibrio en el control del ejercicio del poder en nuestro país, se amplió en la Constitución con las reforma introducidas y nos situó en el paradigma de los derechos humanos en el nivel internacional, lo cual a su vez, repercute en la relevancia de las facultades otorgadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como un Tribunal Constitucional. Lo distanció, al menos formalmente, de dependencia disimulada de otros poderes; el tiempo y las decisiones que se emitan por ésta, en el ámbito de las reformas constitucionales y legales, no mostrará la realidad del avance democrático del país o el retroceso en este importante rubro de la Justicia Constitucional.

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