Costa de Oaxaca. Comuneros y habitantes de Tilzapote, en la Costa de Oaxaca, manifestaron su preocupación porque su asesora y ahora candidata a diputada local por el Distrito 25, Edith Araceli Santibáñez Bohórquez, con mentiras, los sigue manipulando, y les asegura que la solución del caso por la invasión de una propiedad privada, aún está vigente, cuando ya es un caso juzgado por las autoridades federales.

Los comuneros afectados, quienes por obvias razones pidieron el anonimato, afirman que para lograr sus objetivos que ahora comprenden son políticos, la candidata a diputada local está en complicidad con el Secretario de Prensa y vocero de la Sección 22 del SNTE, Wilbert Santiago Valdivieso, con algunos de los presidentes de los Comisariados de Bienes Comunales y el candidato a diputado federal por el PT, Benjamín Robles Montoya.

“Por nuestra cuenta, nos hemos enterado que en todos los resolutivos, las autoridades agrarias federales les han dado la razón a los dueños de la propiedad, y que todos las sentencias han salido a su favor, pero la señora Araceli Santibáñez siempre nos dice que el caso no está solucionado, que aún está vigente. No es un caso concluido.”

“Además, nos dice que los presuntos dueños han presentado documentos falsos, y la verdad, nosotros ya lo dudamos porque no tenemos un documento que nos de certeza jurídica y donde diga que los terrenos legítimamente son nuestros”.

Señalaron que se han dado cuenta que lo intereses de la asesora jurídica son netamente políticos, porque los está utilizando para lograr la diputación en ese distrito con cabecera en Pochutla, sin embargo, aseguran desconocer cuáles son los intereses reales de los demás actores políticos que están involucrados en este conflicto.

“No sabemos que persigue el señor Wilbert Santiago, tampoco el dirigente estatal del Partido del Trabajo, Benjamín Robles Montoya, quien conoce muy bien el caso porque estuvo como representante del Gobierno del Estado cuando era gobernador Gabino Cué, lo que consideramos es que sea económico y de intereses políticos”.

Los comuneros afectados señalan que también los presidentes del Comisariado de Bienes Comunales anterior y el actual, están en complicidad, ya que respaldan las mentiras de la candidata a diputada local, en el sentido de que el asunto está vigente.

“Esto lo decimos porque sabemos que ellos han sido notificados por las autoridades agrarias de que este asunto está totalmente concluido y no nos informan a nosotros que somos los afectados. A nosotros nos dicen que vamos a seguir luchando para lograr la recuperación de nuestras tierras”.

Dijeron saber que por este caso, hay órdenes de desalojo que aún están vigentes, pero desde hace tiempo están detenidas, sin embargo, esa es un arma utilizada por la presunta asesora y candidata a diputada, pues a cada rato les dice que ya van a dar cumplimiento a esa orden, por lo tanto, los obliga a bloquear carreteras para evitar el desalojo.

“Pero nada pasa, nadie llega, entonces caemos en la cuenta que todo eso es mentira, por el momento no hay intensión de cumplir con el desalojo. Ya no queremos que nos siga engañando de esa manera.

“Ahora nos damos cuenta que lo que quería ser es candidata a diputada local. Una vez que logró ese objetivo, ahora nos deja en la indefensión. La semana pasada, con la mentira que iban a realizar una diligencia, nos obligó nuevamente a tomar la carretera, pero nada pasó, nadie llegó, solo nos utilizó. Incluso, en la radio dio a conocer que irían a realizar esa diligencia, pero lo único que quería es que le dieran voz, porque en esa misma entrevista llamó a que votaran por ella”.

Afirmaron que también se han enterado que existen procesos abiertos, ya que el Tribunal Colegiado y de Circuito ordenó a la Fiscalía General de la República iniciar procedimientos penales en contra del anterior Comisariado de Bienes Comunales, en contra de la abogada y ahora candidata a diputada, así como de su socio Wilbert Santiago Valdivieso, entre otros personajes.

En el año de 2019, el Juez de Control Constitucional ordenó se le notificara a las 153 personas que se habían anotado en el padrón del TUA, así como por cuenta separadas a las 153 viviendas, que iban a ser vinculados a proceso penal por no cumplir las sentencias que eran a favor de los propietarios, sin embargo, el presidente municipal no cumplió con la entrega de estas notificaciones, porque lo que les interesaba es continuar con ese conflicto con fines políticos, finalizan.