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La reciente reforma constitucional en Oaxaca en materia de transparencia genera incertidumbre jurídica y fragilidad institucional

La aprobación de esta reforma constitucional, sin proceso de parlamento abierto y fast track, abre la puerta a la captura política del IAIP.

Oaxaca. Ciudad de México. El pasado miércoles 14 de abril, el Congreso del Estado de Oaxaca aprobó con 28 votos una reforma a su artículo 114 constitucional en materia de transparencia, por medio de la cual se cambia la nomenclatura del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP) a Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del estado de Oaxaca; aumenta el número de integrantes de su Consejo General de 3 a 5 personas comisionadas; y mandata un nuevo marco legal en un plazo de 60 días.

 

Esta reforma constitucional crea un precedente preocupante y genera incertidumbre en términos de los procesos de designación y la continuidad institucional de un organismo autónomo garante de derechos humanos, al abrir la puerta a una potencial captura política del IAIP, pues cualquier medida que busque minar su autonomía o establecer mecanismos de control político impacta seriamente en el ejercicio de los derechos de las personas. Los esfuerzos legislativos deben apuntar a fortalecer instituciones independientes y autónomas en lugar de a su debilitamiento.

 

La designación de las personas que asumen altas responsabilidades públicas, como lo son las de transparencia, es un mecanismo relevante para garantizar la autonomía de estas instituciones. Por eso, los procesos de designación deben cumplir con altos estándares de transparencia, participación y rendición de cuentas que garanticen la idoneidad de los perfiles designados, al privilegiar la trayectoria, los conocimientos, la autonomía, la imparcialidad y la independencia de los perfiles. De esta manera, las designaciones se convierten en un medio fundamental para que las decisiones de quienes quedan al frente de las instituciones públicas sean a partir de la capacidad y el mérito de las trayectorias y no de cuotas partidistas o la cercanía política.

 

Desde hace años, las organizaciones hemos trabajado para impulsar cambios normativos y prácticas que frenan la repartición de cuotas y la captura política de las instituciones. Por ello, insistimos en la importancia de contar con una Ley General de Designaciones Públicas que asegure nuevas reglas y procedimientos para estos procesos y, a la par, nos dote de perfiles idóneos. Estamos convencidas que una vía para el fortalecimiento de las instituciones y un mejor desempeño de las mismas es a partir de buenas designaciones.

 

Con este marco, pedimos a las y los diputados del Congreso de Oaxaca a respetar los plazos de las personas comisionadas ya en turno y garanticen procesos de designación imparciales, transparentes y participativos para los/as nuevos/as comisionados/as. Así como a construir esta nueva ley en el marco de los más altos estándares de parlamento abierto y recupere los avances normativos que se han construido en materia de transparencia y designaciones públicas.

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