CDMX.- El Senado mexicano aprobó este jueves en lo general las modificaciones a las leyes secundarias del Poder Judicial, para completar la reforma más ambiciosa en los últimos 25 años en el sector, con lo que buscan principalmente el combate al nepotismo, la corrupción y el acoso y abuso sexuales.

Con 92 votos a favor, 19 en contra y dos abstenciones, se aprobó en lo general y los artículos no reservados de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, parte de las leyes secundarias de la Reforma Judicial.

El dictamen expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial. Además, modifica la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; la Ley Federal de Defensoría Pública; la Ley de Amparo; la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución; y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Ahora, el Senado discute en lo específico los artículos reservados. Esta legislación secundaria deriva de la reforma constitucional que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de marzo de 2021. La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación busca consolidar el entramado normativo para llevar “a buen puerto el proceso de cambio iniciado al interior del Poder Judicial de la Federación”, de acuerdo con el dictamen.

“Con la aprobación del presente dictamen, estaremos contribuyendo a consolidar un Poder Judicial de la Federación mejor capacitado y más profesional, (…) mejor organizado y más funcional, (…) un verdadero tribunal constitucional, mejor concentrado y más fuerte”, señaló la senadora el PRI (Partido Revolucionario Institucional), Claudia Ruiz Massieu.

Al presentar el dictamen, el presidente de la comisión de Justicia, el morenista Julio Menchaca aseveró que estos instrumentos buscan fortalecer la estructura del Poder Judicial, dotándolo de los elementos que le permitan atender el reclamo de justicia de las mexicanas y los mexicanos.

Sin embargo, a pesar del amplio apoyo de Morena, el partido de la mayoría, y de la principal oposición parlamentaria, hubo excepciones. Movimiento Ciudadano se posicionó en contra. “Si hablamos de contrapesos y equilibrio de poderes, esta reforma no abona ni contribuye a fortalecer el Estado democrático mexicano. Al contrario, debilita nuestras instituciones”, sentenció el senador Dante Delgado.

Plantea un esquema sancionatorio del nepotismo. Establece como causa de responsabilidad administrativa expresa para quienes, valiéndose de sus atribuciones directa o indirectamente, designen, nombren o intervengan para que se contrate a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad, afinidad hasta el cuarto grado o vínculo de matrimonio, concubinato o afectivo.

Asimismo, establece sanciones con responsabilidad administrativa a los denominados nombramientos cruzados, estableciéndolos como causal atribuible a las personas que hubieran recibido un nombramiento de base, interino o de confianza, y éstos extiendan nombramientos a los cónyuges, concubinos, convivientes o parejas en relaciones análogas, o a parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de la persona que los nombró.

La propuesta también fija las contralorías para cada uno de los órganos de este Poder, las cuales implementarán los mecanismos de prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción.

Estos fungirán como autoridades sustanciadoras de los procedimientos de responsabilidad administrativas, llevarán el registro y darán seguimiento a la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos del Poder Judicial y de su declaración de intereses.

Asimismo, el dictamen actualiza la responsabilidad administrativa en los casos de acoso sexual en el entorno laboral del Poder Judicial, con lo que se pretende facilitar la sanción de esta conducta. Otro de los aspectos fundamentales de la reforma es la actualización de las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación será el instrumento normativo encargado exclusivamente de regular todas y cada una de las cuestiones inherentes a la carrera judicial en dicho Poder.

Este ordenamiento contiene las bases para la formación y actualización de funcionarias y funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género.

Todas estas modificaciones tienen el objetivo de armonizar la reforma constitucional a las disposiciones ya vigentes, así como las contenidas en las propuestas de expedición de las dos nuevas leyes indicadas con anterioridad, destacaron.