El parlamento australiano adoptó una ley histórica que obliga a los gigantes tecnológicos a remunerar a los medios de comunicación por el uso de su contenido.

La ley se aprobó después de que Facebook y Google llegaran a acuerdos para evitar verse sometidos a arbitrajes vinculantes. Despeja el camino para que estos dos mastodontes digitales inviertan decenas de millones de dólares en acuerdos de contenido local.

Esta ley podría servir de modelo para resolver conflictos entre los gigantes tecnológicos y los reguladores globales con el fin de equilibrar las relaciones entre los medios de comunicación tradicionales —en apuros financieros— y los gigantes que dominan internet y captan buena parte de los ingresos publicitarios.

El gobierno declaró que la ley garantizará que las empresas de prensa "reciban una remuneración justa por el contenido que generan, contribuyendo así a mantener el periodismo de interés público en Australia".

Google pagará por las noticias que aparecen en su nueva herramienta Google News Showcase y Facebook remunerará a los proveedores que aparezcan en su producto News, que lanzará en Australia este año.

Esta ley desató un enfrentamiento entre Facebook y el gobierno australiano. Después de haber bloqueado la publicación de enlaces a noticias de medios locales o internacionales en respuesta al proyecto de ley, el propietario de Instagram y WhatsApp acabó dando marcha atrás, con un acuerdo de último minuto con las autoridades.

El grupo de Mark Zuckerberg ha anunciado que invertirá "al menos" 1,000 millones de dólares en contenido de noticias durante los próximos tres años. Esta partida, comunicada el miércoles en un blog de Nick Clegg, jefe de asuntos públicos del gigante de las redes sociales, se suma a los 600 millones de dólares inyectados en los medios de comunicación desde 2018.

Google, por su parte, ya había aceptado pagar "sumas importantes" a cambio del contenido del grupo de prensa de Rupert Murdoch, News Corp., favorable a la nueva ley.

Facebook y Google disponen a partir de ahora de dos meses para alcanzar otros acuerdos de cara a evitar un arbitraje vinculante.