CDMX.- La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, explicó por qué votó, en 2007, a favor de exonerar al ex gobernador de Puebla, Mario Marín, por el ataque a la periodista Lydia Cacho, cuando era ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); además señaló que el Estado mexicano, incluso, ya le ofreció disculpas públicas a la periodista.

“A ver, a Lydia Cacho ya incluso se le ofreció una disculpa pública en la Secretaría de Gobernación, yo en ese caso voté porque si había tenido obviamente violaciones ella en lo personal, incluso hablé de tortura psicológica en su traslado; el grado de, digamos el estándar de gravedad, que en ese momento establecía la Constitución, y digo que en ese momento establecía la Constitución porque hoy en día ya no tiene la atribución de investigar graves violaciones a los Derechos Humanos , como tu sabes fue modificada; y en ese sentido el parámetro de gravedad lo estableció un precedente bien importante, y fue del vado de Aguas Blancas, la matanza de los campesinos del vado de Aguas Blancas, ese fue el parámetro de gravedad.

Obviamente fueron violaciones a sus derechos, si, yo lo dije categóricamente en las sesiones del pleno, incluso hablé de tortura psicológica a su persona, pero pues el caso tuvo éxito en la instancia de la Comisión Internacional de Derechos Humanos y obviamente cumplimos con la recomendación de la comisión y se le brindó una disculpa pública a Lydia Cacho”, indicó la secretaria de Gobernación.

Mario Marín Torres, ex gobernador priista de Puebla (2005-2011), fue detenido la tarde de este miércoles por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) en el destino turístico del Puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero; por el caso de la periodista Lydia Cacho.

En 2005, Lydia Cacho expuso en su libro Los demonios del Edén que tanto Marín Torres como su ex subsecretario de Seguridad Pública del mismo estado, Adolfo Karam, y el empresario textilero Kamel Nacif, eran los responsables de mantener una red de pornografía y prostitución infantil con niños y niñas de entre cuatro y 14 años de edad.

Meses después de su publicación, Cacho fue detenida. Los delitos por los cuales se le acusó fueron de “difamación y calumnias”. La llevaron desde Puebla a Quintana Roo vía terrestre.

Posteriormente, la periodista contó que en el trayecto fue torturada psicológicamente por los oficiales, quienes amenazaron con abusar sexualmente de ella. También señaló que cuando llegaron a Puebla, el trámite de su propuesta fue lento y tortuoso.

Incluso, declaró haber sido encerrada en un “calabozo inmundo” y le tomaron fotos desnuda al lado de un cuarto lleno de policías judiciales con una mampara transparente de por medio. El 17 de diciembre de ese año la periodista salió libre, luego de pagar una fianza de 70,000 pesos en efectivo.

En febrero de 2006 se hicieron públicas una serie de grabaciones telefónicas entre Kamel Nacif y Mario Marín, las cuales comprobaron la confabulación entre ambos para la detención de Lydia.

En noviembre de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó, en una votación dividida, que no hubo violaciones graves contra Cacho.

Las consultas al pleno giraron en torno a sobre si la grabación en la que se escucha a Kamel Nacif y al gobernador de Puebla constituían una prueba; si las comisiones pueden o no pedir intervenciones telefónicas; si el informe solicitado a compañías telefónicas es una prueba válida o no, y si la comisión realizó la investigación exhaustivamente con todo lo que tuvo a su alcance.

El dictamen final confirmó que la grabación únicamente es una hipótesis para comprobar; el registro de llamadas es una prueba documental relacionada con las demás y que la investigación fue definitivamente agotada.

En consecuencia, avanzaron a las tres preguntas principales del caso: ¿quedó probada la existencia de violación grave de garantías individuales, en términos del artículo 97 constitucional?

Y para aquellos que se pronuncien de manera afirmativa: ¿hubo concierto de autoridades para realizar esas violaciones?; y ¿se puede determinar qué autoridades resultan involucradas en la realización de esas violaciones?

En respuesta a la primera la votación se dividió con seis votos en contra y cuatro votos a favor.

Olga Sánchez Cordero, por su parte, consideró que “sí hubo violación a los derechos fundamentales de la periodista, pero no en los términos del artículo 97 constitucional”.

La periodista mantuvo su lucha en los tribunales durante 12 años, hasta que, en julio de 2018, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió por primera vez en la historia una resolución en contra del Estado mexicano, en contraposición a lo que antes había determinado la SCJN.

En abril de 2019, el Primer Tribunal Unitario de Cancún giró cuatro órdenes de aprehensión contra Marín, Nacif, Karam Beltrán y Juan Sánchez Moreno, exdirector de Mandamientos Judiciales del estado, por los actos de tortura cometidos contra la defensora de derechos humanos.

Un mes después, Marín Torres contaba con una ficha roja de Interpol, por lo que era buscado por la justicia en más de 190 países.

El 10 de enero de 2019 la periodista mexicana recibió una disculpa por parte del gobierno de México, 13 años después de que fue detenida arbitrariamente por revelar una red de explotación sexual infantil en el libro “Los demonios del edén”.

“Le ofrezco una disculpa pública por violación a sus derechos humanos en el marco del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión”, dijo en un evento en Ciudad de México el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (interior), Alejandro Encinas.

El acto fue encabezado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien de manera contundente señaló que “nunca más, en Gobernación, la censura tendrá cabida”.