Oaxaca. Para la Defensoría de los Derechos Humanos de Pueblo de Oaxaca (DDHPO), la salud es un derecho humano básico y ante ello, las vacunas, medicamentos y tecnologías sanitarias son elementos esenciales para hacer efectiva esta garantía, por lo que pidió a las autoridades del Estado Mexicano, generar mecanismos oportunos y suficientes para garantizar la vacunación contra Covid-19 en la entidad.

El órgano defensor afirmó que todas las personas tenemos derecho a ser protegidas frente a la Covid-19, sin embargo, reconoció que los suministros iniciales son limitados y se debe dar prioridad a quienes corren mayor riesgo, como es el personal sanitario, las personas adultas mayores y las personas con comorbilidades.

La DDHPO sostuvo que todo plan de inmunización debe llevarse a cabo de una manera que sea compatible con la protección de los derechos humanos, por ello hizo un llamado a tomar en consideración factores estructurales que sitúan a ciertos sectores sociales y comunidades en contextos de vulnerabilidad, pues además de ahondar las desigualdades ya existentes, la pandemia ha causado un impacto desproporcionado en personas que históricamente han estado marginadas y discriminadas.

Y advirtió que Oaxaca y otras entidades del sur- sureste, donde se concentra un alto porcentaje de población indígena, requieren una logística de vacunación que contemple la dispersión de la población y la ausencia de insumos (como refrigeradores), así como falta de infraestructura médica.

Señaló también, que el proceso de vacunación hasta el momento es centralizado, y si bien existen condiciones que provocan este hecho, como infraestructura adecuada para el tratamiento, conservación y disposición de las vacunas (hospitales, refrigeración, aeropuertos) es también necesario que se establezcan mecanismos para garantizar la vacunación al interior del país y en estados con bajos índices de desarrollo humano

Para la DDHPO es un deber de las autoridades mexicanas exigir que los connacionales que se encuentren fuera de México, sobre todo en Estados Unidos, puedan acceder a las vacunas, pues su derecho a la inmunización no depende de su estatus migratorio.

De igual forma, el organismo autónomo resaltó la especial atención al consentimiento informado de las personas respecto de la aplicación de la vacuna, pero también hacerlas sensibles de que la vacunación se traduce en un deber moral de prevenir y de cuidar al otro.

Ya que la prevención de enfermedades mediante estrategias de vacunación es una responsabilidad individual, comunitaria y gubernamental, pues de toda la sociedad en su conjunto depende su éxito o fracaso.

Sin embargo, resaltó, es obligación de los gobiernos comunicar con claridad los beneficios de la inmunización, combatir la desinformación y ser transparentes respecto a todas las etapas del plan de vacunación, lo que implica explicar y divulgar los beneficios científicos de las vacunas de una manera que sea comprensible para todas las personas, mediante información veraz, accesible y culturalmente adecuada.

Lo anterior, apuntó, representa un componente esencial del derecho a la salud, y es primordial para garantizar la máxima aceptación de las vacunas, ya que las personas sólo pueden tomar decisiones informadas en relación con su salud, cuando se le has ofrecido información cierta y oportuna.

De igual forma, para la  DDHPO es importante que las autoridades de los tres niveles de gobierno ayuden a sensibilizar a las personas para que sigan las recomendaciones que las autoridades sanitarias han hecho para la contención de la pandemia durante este periodo, pues la propia Organización Mundial de la Salud ha señalado que dada la alta transmisibilidad del SARS CoV-2, será necesario inmunizar entre el 60 y 70% de la población para que se empiece a controlar al microorganismo y cortar la transmisión, lo  cual va a tomar meses, tiempo en el cual, las medidas más eficaces para controlar el virus seguirán siendo las impulsadas desde el inicio de la misma.

La Defensoría destacó que desde el 28 de marzo (fecha en la que el gobierno federal decretó medidas de confinamiento) y hasta finales de diciembre, ha abierto 242 expedientes relacionados con la pandemia.

Del total de expedientes, 26 fueron quejas interpuestas por trabajadores sanitarios y en las cuales, los señalamientos más reiterados fueron la falta de insumos y material en las unidades médicas para realizar su trabajo, actos de discriminación y retención en comunidades.

La DDHPO reiteró que la pandemia de Covid-19 ha puesto en evidencia las profundas desigualdades sociales en nuestro país, y con ello, las debilidades estructurales de los sistemas de salud en nuestros territorios, sobre todo para disponer de recursos médicos, humanos y técnicos, para cubrir aumentos en la demanda, pero también la crisis de salud pública ahora vivida es una oportunidad para repensar las bases para su desarrollo, y con ello hacer plenamente vigente el derecho humano a la salud de todas las personas.

El organismo autónomo afirmó que se mantendrá vigilante de que el Estado cumpla con el deber de hacer accesible el derecho humano a la salud mediante una distribución equitativa y oportuna de las vacunas y con ello, dejar atrás paulatinamente la pandemia.