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Analiza Congreso reformas constitucionales en materia de salud, gobernabilidad y derecho a la información

María de Jesús Mendoza Sánchez, propuso una reforma al Artículo 41 de la Constitución Política Local.

San Raymundo Jalpan, Oax. La LXIV Legislatura analiza diversas modificaciones a la Constitución Política local, para regular el actuar de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en materia de salubridad, gobernabilidad y el derecho a la información de la ciudadanía.

Ante la Diputación Permanente fue turnada una iniciativa de reforma a los artículos 59 y 79 Constitucional, para que el Congreso local tenga la facultad de designar a los Comisionados Municipales que fungirán hasta el nombramiento de los Concejos Municipales, en los ayuntamientos que sean desaparecidos por causas graves.

El planteamiento impulsado por el diputado, Mauro Cruz Sánchez, remarca que, con la reforma, el Poder Legislativo conservaría la facultad para decretar las providencias y medidas necesarias para atender el orden público y el interés social en los municipios, evitando así la intromisión del Ejecutivo en dicho proceso constitucional y legal.

En tanto, en materia de salud fue propuesta por el legislador, César Enrique Morales Niño, una modificación para que esta representación popular, mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, autorice al Ejecutivo Estatal el establecimiento de acciones que garanticen la salud pública de la población.

Además, se faculta al gobernador del Estado a decretar, durante una emergencia sanitaria, criterios de convivencia y/o distanciamiento social que garanticen la protección de la salud, previa autorización de la Legislatura en turno.

En el rubro de derecho a la información la congresista, María de Jesús Mendoza Sánchez, propuso una reforma al Artículo 41 de la Constitución Política Local, para que el Estado garantice a la población los derechos digitales, así como el acceso de manera libre, universal, asequible, indiscriminada y segura al internet.

De esta manera, el Poder Legislativo propiciaría las condiciones de seguridad adecuadas para el desarrollo de este derecho, en un marco de libertad de expresión, privacidad, intimidad y la protección de los datos personales de la población.

Las tres iniciativas con proyecto de decreto, fueron turnadas para su estudio correspondiente en comisiones y posterior estudio, debate y dictaminación.

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