Oaxaca. Tras condenar enérgicamente el homicidio del líder del Frente Popular Revolucionario (FPR) Tomás Martínez Pinacho, ocurrido la tarde del lunes 24 de agosto, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) dictó medidas cautelares a los miembros de la dirigencia de dicha organización, así como a familiares de las víctimas.

Lo anterior, al considerar que los integrantes de la agrupación social podrían encontrarse en riesgo ante el ataque armado en el que perdió la vida uno de sus integrantes y otro más quedó gravemente herido, hechos que se enmarcan en las movilizaciones realizadas por dicha agrupación social.

Por tanto, la DDHPO solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) la adopción de una medida cautelar o precautoria que permita brindar seguridad a familiares de las víctimas y a dirigentes de la agrupación, así como el ejercicio de su derecho de manifestación y libertad de expresión. 

El organismo autónomo pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado informe respecto al número de carpeta iniciada por el fallecimiento del señor Tomás Martínez Pinacho, y las lesiones causadas al ciudadano Reginaldo García, así como las diligencias practicadas en estos hechos.

En términos del artículo 137 del Código Nacional de Procedimiento Penales, la Defensoría de los Derechos Humanos requirió a la Fiscalía la adopción de medidas de protección idóneas tendientes a garantizar la integridad de las víctimas del delito, de sus familiares, así como de los integrantes de la Organización Frente Popular Revolucionario (FPR).

Así también, la DDHPO pidió a los Servicios de Salud de Oaxaca brindar la atención médica especializada que requiera el ciudadano Reginaldo García, con el objeto de garantizar su derecho a la salud.

El órgano autónomo reiteró que la libre manifestación de las ideas es un derecho constitucional que debe ser respetado y garantizado por el Estado, debido a que esto es parte fundamental de la democracia.

Finalmente, la Defensoría sostuvo que se mantendrá vigilante del desarrollo de las investigaciones que lleven a garantizar el acceso a la justicia para la víctima de homicidio y de la persona que resultó herida en el ataque, así como para sus familias y los miembros del FPR.