Oaxaca. La diputada local del Partido Morena Arcelia López Hernández presentó un punto de acuerdo, para exigir cárcel para ex funcionarios del gobierno de Oaxaca y del gobierno federal, quienes son considerados como responsables de delitos de lesa humanidad.

Al hacer el uso de la voz este miércoles en la Máxima Tribuna de Oaxaca, la legisladora pidió castigo para los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Así también para el exgobernador Ulises Ruiz Ortiz.

También exigió cárcel para los ex mandos de seguridad Genaro García Luna y Manuel Vera Salinas.

Lo anterior, por los agravios cometidos en contra de Arcadio Fabián Hernández, Eleuterio José Jiménez Colmenares, Lorenzo Sampablo Cervantes, Alejandro García Hernández, Emilio Alonso Fabián, Esteban López Zurita, Bradley Ronald Will. Raúl Marcial Pérez, Alberto Jorge López Bernal, así como por su probable responsabilidad en la desaparición forzada de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, en mayo de 2007.

“Quienes sabemos de la represión gubernamental al movimiento social y magisterial de Oaxaca de 2006 y 2007, celebramos el proceso que derivó en las órdenes de aprehensión contra los primeros exfuncionarios incluyendo al exprocurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez, pues marca un parteaguas en el quehacer gubernamental en el abordaje de los crímenes cometidos por el propio Estado en el régimen pasado”, indicó la legisladora de Morena.

Es de precisar que dicho punto de acuerdo fue turnado de obvia y urgente resolución, y fue aprobado por la mayoría de los congresistas presentes.

COMUNICADO

Demanda Congreso de Oaxaca a  FGR, investigar de oficio agravios del 2006

·         Se busca llevar ante la justicia al ex gobernador, Ulises Ruíz
Ortiz, y demás responsables intelectuales y materiales de la represión ilegal.

San Raymundo Jalpan, Oax. 12 de agosto de 2020.  El Congreso local aprobó de urgente y obvia resolución, exhortar al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, a iniciar de oficio las investigaciones relacionadas con violaciones a derechos humanos de personas que participaron durante el movimiento social oaxaqueño durante los años 2006 y 2007.

El llamado de la representación popular, busca llevar a la justicia a los responsables de las ejecuciones extra judiciales, la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias, la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como las violaciones al debido proceso y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado Mexicano.

Al justificar el punto de acuerdo, la legisladora, Arcelia López Hernández,  consideró necesario llevar ante la justicia al ex gobernador, Ulises Ruíz Ortiz (2004-2010), y a los demás responsables intelectuales y materiales de la represión.

La demanda retoma lo evidenciado en el informe: “¡Ya sabemos! No más impunidad en Oaxaca”, emitido por la Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO), el cual, concluye que el Estado violó de manera masiva y sistemática derechos humanos como la presunción de inocencia,  los relacionados con el debido proceso y las garantías judiciales.

De acuerdo con el documento, existen elementos para señalar como responsables al entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz, al ex procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez y también al ex secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segestre Ríos.

De igual forma, se señalan al ex director de la Policía Ministerial Estatal Daniel Camarena Flores, al Coordinador de Seguridad, Vialidad y Tránsito municipal, Aristeo López Martínez, como los responsables de una serie de agravios, los cuales incluyen la tentativa de homicidio calificado, abuso de autoridad, trato cruel, inhumano y degradante.

Esta demanda surge tras el cumplimento de ordenes de aprehensión, liberadas el jueves 6 de agosto, del ex procurador de justicia de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, el ex director de la Policía Judicial, Daniel Camarena Flores, así como de dos comandantes y cuatro elementos en activo de la Agencia Estatal de Investigaciones,  por su probable participación en la desaparición forzada, en mayo de 2017, de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Para las y los congresistas, la aprehensión de los ocho servidores públicos marca un parteaguas en el sistema de justicia mexicano, en el contexto para castigar los crímenes cometidos por el propio Estado.