San Raymundo Jalpan, Oax.- El Congreso Local exhortó a los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como a los organismos autónomos, a extinguir todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica para reintegrar esos recursos a la Tesorería estatal y destinarlos a atender las necesidades de salud, sociales y económicas derivadas de la pandemia por la COVID-19.

El punto de acuerdo sostiene que la discrecionalidad y opacidad con que son operados los fideicomisos, pueden desvirtuar su uso para el beneficio público, y orientarse a actos ilícitos y de corrupción.

Por lo anterior, se solicitó al titular del Ejecutivo estatal, emitir a la brevedad un decreto que instruya a las dependencias estatales a dar por terminados todos los fideicomisos sin mandatos o análogos de carácter estatal, en los que funjan como unidades responsables o mandantes.

La propuesta aprobada este miércoles en sesión ordinaria, resalta la preocupación legislativa respecto a la falta de datos exactos sobre el número de fideicomisos públicos administrados por instancias oficiales.

También, existe una carencia de información en cuanto a si existe una estructura orgánica y controles propios de vigilancia para asegurar su transparencia y rendición de cuentas sobre sus operaciones.

Es así que la representación popular coincidió que existe preocupación de que los rezagos históricos de Oaxaca, acumulen un mayor número de efectos por la pandemia, en perjuicio de la economía y la salud física y mental de la población. Esta previsión, debe obligar a los órganos del Poder Público de Oaxaca, a implementar acciones para enfrentar tales efectos negativos

En este marco, el Poder Legislativo subrayó que existe el mandato popular, para vigilar que los recursos económicos de que disponga el Gobierno estatal y los municipios, así como sus respectivas Administraciones Públicas Paraestatales, se administren con austeridad, planeación, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

También, demandaron al Poder Ejecutivo, al Judicial y organismos autónomos, tiene como objetivo proporcionar transparencia en el manejo del erario estatal y los recursos recuperados puedan ser reprogramados y destinados al gasto social, a favor de las mayorías con especial atención en los grupos vulnerables.