Oaxaca, Oax. En el ámbito de la impartición de justicia en personas indígenas debe imperar el principio constitucional de que toda autoridad debe “promover, respetar, proteger y garantizar” los derechos humanos de toda la sociedad, subrayó el magistrado Rubén Paulo Ruiz Pérez, Comisionado Visitador Judicial “A” de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal.

De igual forma, sostuvo, para la toma de una “decisión equilibrada” es necesario tomar en consideración los Sistemas Normativos Internos de las comunidades o pueblos indígenas, y auxiliarse de peritajes antropológicos, dictámenes, e investigaciones documentadas por parte de instituciones u organizaciones civiles de reconocido prestigio como el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) o Cepiadet.

Porque, enfatizó, al impartir justicia no deben afectarse derechos conexos como el derecho a la alimentación, la salud, la educación, entre otros, como por ejemplo, cuando un procesado tiene hijos menores de edad, o cuando una persona indígena al cumplir con una “conducta esperada” de su comunidad, pareciera incurrir en algún delito, como podría ser la portación de un arma para uso en la protección de la seguridad comunitaria.

Así lo expreso el impartidor de justicia durante la conferencia “Las personas, pueblos y comunidades indígenas frente al sistema de justicia estatal”, organizada por el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C. (Cepiadet) en coordinación con el Poder Judicial del Estado de Oaxaca, este viernes 26 de junio.

“La noción de derechos humanos adquiere una dimensión diferente y debe ser el paraguas que nos protege a todos y que nos obliga a quienes ejercemos una función jurisdiccional a ser tuteladores de los mismos”, recalcó el magistrado originario de Huajuapan de León, quien sentó precedente en el estado al declinar competencia a una comunidad indígena para ejercer juicio en contra de uno de sus integrantes acusado de un delito de orden federal. 

Los derechos humanos y los sistemas normativos internos son los “dos grandes rubros que corresponden a la intervención que se debe de tener en el trámite y la toma de decisión en los asuntos donde se involucran temas de derecho indígena, en equilibrio con el derecho estatal esto con la finalidad de dar una solución equitativa”, puntualizó.

Asimismo, el magistrado Rubén Paulo Ruiz Pérez hizo notar que para lograr la armonización de un sistema de justicia estatal con el de las comunidades indígenas debe haber un presupuesto para realizar peritajes antropológicos o investigaciones documentadas, sin embargo, se evidencia una “injusticia” cuando en estados como Oaxaca, con una densidad de población indígena importante, los recursos públicos se concentran en las zonas urbanas.

La conferencia del magistrado Rubén Paulo Ruiz Pérez se realizó en el marco del proyecto Derechos Humanos de las Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas, mediante el cual se realizaron seminarios con operadores del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, tocando temas como: Discriminación, racismo y sistema de justicia; Acceso a la justicia de las mujeres indígenas a la jurisdicción estatal; Sistema de justicia indígena y epistemologías, para cerrar con el tema  de Las personas, pueblos y comunidades indígenas frente al sistema de justicia estatal.

El proyecto tiene como objetivo contribuir al diseño e implementación de un sistema de justicia que garantice los derechos humanos de la población indígena, desde un enfoque pluralista del derecho y las perspectivas intercultural y de género.

Conferencia completa en: https://www.facebook.com/Cepiadetpag/videos/2778661942363677/