San Raymundo Jalpan, Oaxaca. En sesión ordinaria de este miércoles ante la Diputación Permanente del Congreso Local, la diputada Maritza Escarlet Vásquez Guerra, presentó un exhorto para que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), investigue agresiones cometidas contra elementos de los cuerpos de Seguridad Pública.

El punto de acuerdo pide investigar con prontitud y aplicar sanciones severas a cualquiera que agreda a elementos de Seguridad Pública Estatales y Municipales, que se encuentren ejerciendo funciones en el contexto de la pandemia que se vive en el estado de Oaxaca. Recalcó, que el Estado también tiene la obligación de brindar certeza y garantía de sus Derechos Humanos a los cuerpos policiales.

También, exhortó al titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado para que instruya a las y los Jueces de Ejecución Penal, para que conforme a sus atribuciones, atiendan de manera oportuna la situación legal de los sentenciados que se encuentren en situación de alcanzar algún beneficio preliberacional contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal.

De ser viable ese beneficio, el documento plantea conceder la libertad cuando las personas se encuentren en alguna situación de vulnerabilidad, como es el caso de mujeres embarazadas, adultos mayores, personas que padezcan alguna enfermedad crónica que pongan en riesgo su salud, ante la contingencia epidemiológica del virus SARS-COV-2 (COVID 19)  y de esta forma contribuir a las medidas sanitarias emitidas por el Gobierno Federal y Estatal.

Asimismo, presentó la iniciativa para reformar los artículos 43 fracciones XV y XXIV,  y 68 fracción XIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, para que el municipio de Oaxaca de Juárez tenga la atribución y obligación, de adicionar dentro de sus prioridades en el Plan Municipal de Desarrollo, proyectos de infraestructura de mejoras de los servicios de agua potable y saneamiento en la captación, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable

Esto, con el objetivo de cumplir el derecho humano y Constitucional de brindar acceso de agua potable a la población; así como en acción a los números plasmados en la Agenda 2030, en donde el 22.7% del agua superficial se encuentra contaminado. Además, de que 12 millones de mexicanos carecen de agua potable y 24 millones de alcantarillado.