Oaxaca. La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la 64 Legislatura de Oaxaca Yarith Tannos Cruz, presentó dos iniciativas con proyecto de decreto durante la sesión celebrada ayer miércoles.

La primera iniciativa versa en facultar al estado para que tenga un control sanitario eficaz de la venta ambulante de comida y el servicio de albercas.

En su exposición de motivos dijo que, “resulta indispensable en nuestro estado, toda vez que, el derecho a la salud es inalienable y aplicable a todas las personas sin importar su condición social, económica, cultural o racial y para que lo podamos ejercer se deben considerar los principios de generalidad, accesibilidad y equidad”.

Por lo anterior, la legisladora del PRI atajó que es necesario que el estado regule y emita controles en cuanto a la higiene, la calidad, la sanidad y la seguridad alimentaria de los productos y la venta de alimentos y bebidas, y más cuando estos se realicen en la vía pública como venta ambulante de comida.

“Hoy en el apartado B del artículo 4to de la Ley Estatal de Salud, establece lo que se considera como regulable para la salubridad local, y de la lectura del mismo se aprecia que no fue considerado en el precepto citado y en los capítulos segundo y onceavo del título Décimo Segundo, que tratan de la Salubridad Local, estos conceptos, ya que solo hacen referencia a mercados y centros de abasto, pero no a la venta de comida ambulante, y de igual manera hace referencia a baños públicos y no a albercas, dejando esto al arbitrio total y sin regulación”, expuso.

Precisó que es necesario que desde el poder legislativo que en la legislación estatal en materia de salud, se incluya la regulación de la venta ambulante de comida, para garantizar la salud de la población. “Toda vez que nuestro derecho es que se nos brinde un sistema de salud digno y completo, y nuestra obligación es propiciar las condiciones para que eso suceda”.

La segunda iniciativa que presentó la diputada Yarith Tannos Cruz, es a favor de los comunicadores, ya que, en el ejercicio de la libertad de expresión, estos son agredidos constantemente.

Por lo anterior propuso que, se debe establecer en el Código Penal para el Estado de Oaxaca, en el capítulo de los delitos contra la libertad de expresión: Que se entiende por actividad periodística; y hacer sancionable de que quien agreda o ataque de manera directa a un periodista con el objeto de realizarle un daño físico ejerciendo su actividad de comunicación o quehacer periodístico, y se le aplique una pena de tres a cinco años de prisión y multa de cien a quinientas unidades de medida de actualización. Así mismo que tenga la obligación el agresor o agresores de reparar el daño causado.

Precisó que, la legislación local en la materia muchas veces queda acotada ante el panorama desalentador para poder acceder al derecho a la justicia, en donde las más de las veces los principales infractores de la ley son servidores públicos, que usan su poder para intimidar y evitar a toda costa que los hechos se lleguen a saber.

Por lo anterior, aseveró que es necesario ampliar más el contexto en materia de los delitos contra la libertad de expresión y sobre las sanciones que contempla el Código Penal para el Estado de Oaxaca.