Oaxaca. Actualmente el artículo 129 de la Constitución de Oaxaca a la letra sostiene que “en el Estado, la vagancia se considera como un delito; en consecuencia, todos sus habitantes están obligados a trabajar para subvenir a sus propias necesidades y a las de sus familias”, lo cual criminaliza la pobreza, así lo aseveró el diputado Horacio Sosa en tribuna del Congreso del Estado.

Por ello, el representante popular propuso una nueva redacción al artículo 129, el cual señalaría que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverían políticas de creación de empleos para subvenir a sus propias necesidades y a las de sus familias.

El combate a la pobreza es un eje que se debe de impulsar en México, para lo cual es necesario trazar políticas laborales incluyentes, que terminen con la criminalización de la misma, sumando agendas de política social, así lo afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Horacio Sosa. 

El diputado local, dio a conocer que en Oaxaca el 66.4 por ciento de la población vive en situación de pobreza y solo el 8.5 por ciento no tiene alguna carencia social, por lo que consideró necesario proponer una reforma a nuestra Constitución local, la cual debe tener impacto para acortar la brecha de género “porque las políticas laborales y salariales son elementos clave para equilibrar la injusticia histórica en que se encuentran las mujeres” manifestó.

En este tenor, el legislador señaló que se requiere generar oportunidades laborales y educativas para la inclusión en condiciones justas, por lo que es indispensable que las políticas públicas emitidas tengan en cuenta la intersección de condiciones que atraviesan la vida de las mujeres y las personas jóvenes, para posibilitar el ejercicio de sus derechos.

Para la inclusión de mujeres, jóvenes, y personas afromexicanas e indígenas, las políticas en materia de trabajo deberán ser orientadas con perspectiva de género, de condiciones etarias y sin discriminación; bajo esquemas de equidad que permitan, además del acceso al trabajo decente y bien remunerado, una vida saludable en conjunción con la preservación ambiental y cultural.

Con esta propuesta se propone apartar a nuestra Constitución de la carga discriminatoria y de criminalización de la pobreza por condición social, para reconocer el derecho al trabajo digno y socialmente útil, así como establecer como obligación del Estado el promover políticas de creación de empleos.